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Archive for the ‘04. Versus el neoliberalismo’ Category

Predemocráticos

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Por  Guillermo Wierzba *
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El Gobierno tiene entre sus temas principales a resolver: 1) el sostenimiento del nivel de reservas, en el marco de la restricción externa devenida del típico funcionamiento de economías con insuficiente integración industrial luego de períodos de intenso crecimiento, pero también causada por una significativa fuga de capitales, rasgo específico de la época de financiarización de la economía mundial, 2) garantizar la liquidación de las divisas provenientes de la producción y exportación por parte de un sector que, mientras acumula beneficios y rentas extraordinarias, especula con la retención de granos para provocar devaluaciones cambiarias en su beneficio que perjudicarían a las mayorías populares, 3) encarar el dominio de un proceso inflacionario que ejercicios empíricos y caracterizaciones de la economía heterodoxa adjudican acertadamente a las subas en el tipo de cambio y a la puja distributiva que se despliega en un escenario con un marcada concentración oligopólica de la oferta en sectores clave de la economía.

En la actitud por abordar estas cuestiones se han establecido medidas de administración y control en el mercado de cambios y ahora el Congreso aprobó un marco regulatorio con la creación de un fuero judicial para los consumidores, un observatorio de precios y una reforma de la Ley de Abastecimiento, que tiene como eje evitar el abuso de posición dominante de empresas que cuentan con altas tasas de ganancia, y determina la posibilidad de intervención pública para fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad, explicitando como causales de corrección –y eventualmente sanción– la elevación de precios sin correlación con aumentos de costos; acopios de materias primas o productos, restricción de ventas o de la prestación de servicios que impacten sobre los precios o la atención del consumo. Es creciente también la opinión de necesarias reformas estructurales en el comercio exterior que garanticen una mayor y decisiva participación estatal en él para superar el efecto adverso que las lógicas privadas concentradas imponen a la disposición de divisas.

El camino elegido por las autoridades democráticas tiene una raíz conceptual clara: 1) la sostenibilidad de la solvencia macroeconómica y financiera que garantice la continuidad del proyecto político en curso, 2) la defensa de la capacidad de consumo popular en cantidad y calidad, y 3) la atribución del poder democrático de regular, intervenir y determinar parámetros y objetivos para la estructura de la distribución del ingreso y la riqueza.

El empresariado concentrado viene asumiendo posiciones que cuestionan la decidida participación estatal en la economía y, ahora, se ha “acuartelado” para resistir la Ley de Abastecimiento y ha amenazado con apelar a la Justicia para pedir se expida por la inconstitucionalidad de este nuevo marco normativo. Los argumentos que utilizan pertenecen a un liberalismo predemocrático. La AEA, la institución que representa a su elite, sostiene que “este proyecto constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas y es claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad”. Esta afirmación no se sostiene, ya que el nuevo marco legal no propicia la confiscación de empresas. La pretensión de justificar la afirmación aparece luego en la misma declaración emitida por la entidad el 29 de agosto, cuando dice del proyecto que “el mismo atribuye al Poder Ejecutivo el derecho de intervenir desmesurada y discrecionalmente en la actividad y las decisiones de las empresas establecidas en el territorio nacional, lo cual implica un drástico cambio en el régimen económico de la Argentina consagrado en nuestra Constitución Nacional”.

En la lectura sesgada, recortada, arbitraria y equivocada de la Constitución, AEA interpreta que el derecho de propiedad es ilimitado tanto en su detentación como en su disposición y que tiene preeminencia sobre otros derechos consagrados taxativamente, como los derechos sociales y la fuente soberana del poder que resulta del voto popular. La reforma de 1994 otorgó rango constitucional a los pactos de derechos humanos firmados por el país en el ámbito mundial y continental; ambos sistemas sostienen la interdependencia y la no preeminencia de unos derechos sobre otros. No resulta más sagrado el derecho de propiedad (llamado “a la propiedad” por la Declaración Universal de los Derechos Humanos para subrayar no sólo la protección sino el acceso a la misma) que el del acceso a los bienes fundamentales. Tampoco ese derecho puede ser esgrimido para obstaculizar que los gobernantes elegidos por el voto popular entiendan e instrumenten políticas extramercantiles para organizar cuestiones de la economía. Justamente es la democracia donde el pueblo puede reunirse, opinar, manifestarse, debatir, organizarse en sindicatos, en instituciones sociales, donde va avanzando un clima y una creciente y sana politización que luego irrumpe en la soberanía popular (los derechos políticos) y que termina ungiendo gobiernos que procuran transformaciones sociales. Estas requieren de la democratización de la economía. Así su manejo y ordenamiento, el desarrollo de planes y el establecimiento de los dispositivos jurídicos adecuados corresponden a la voluntad popular. La garantía de los derechos esenciales y la administración de las tensiones entre unos y otros deben atender a valores permanentes que son la libertad y la dignidad humana. Los objetivos de autogobierno y justicia distributiva no pueden ser subordinados a la libertad empresaria de fijar los márgenes de ganancia que se le plazca, ni tampoco resulta razonable que el derecho a la no interferencia en la esfera privada impida la facultad de observación del poder democrático sobre el funcionamiento de grandes empresas que emplean numerosos trabajadores y suministran bienes y servicios que constituyen los insumos básicos para la vida cotidiana de la ciudadanía.

Finalmente, AEA explicita su adhesión al paradigma liberal: “La experiencia histórica internacional ha demostrado que la prosperidad económica y la eliminación de la pobreza se han alcanzado en aquellos países donde el Estado no interviene discrecionalmente en el ámbito propio de las empresas privadas”. Este paleoliberalismo sacralizador del mercado no difiere del discurso neoliberal que inaugurara Martínez de Hoz, ministro de la dictadura y presidente del Consejo Empresario Argentino, antecesor de dicha asociación. No extraña el continuismo de la escritura de la cúpula empresaria. Norberto Bobbio argumentó en El futuro de la democracia que “en contraste con lo que se dice habitualmente, la antítesis del Estado liberal no es el Estado absoluto, si por Estado absoluto se entiende el Estado en que el poder del soberano no es controlado por asambleas representativas; el poder absoluto es un poder que fluye de arriba hacia abajo. La antítesis del poder absoluto es el Estado democrático, o más bien el Estado representativo que, mediante la progresiva ampliación de los derechos políticos hasta el sufragio universal, se transforma paulatinamente en Estado democrático. El Estado benefactor está estrechamente vinculado con el desarrollo de la democracia”. Es por su ortodoxia liberal que, en nombre de lo que asume como escala de valores, la elite empresaria puede leer las políticas públicas actuales como avasallamiento de derechos mientras había reivindicado el programa de la dictadura terrorista proclamando que venía a restaurar “derechos perdidos”, mientras que en los noventa daba la bienvenida a la desarticulación del sistema previsional y otras reformas de igual clase.

Aprobada la Ley de Abastecimiento, si el Poder Judicial fuese interpelado por el requerimiento empresario a definirse sobre la constitucionalidad de la ley, deberá enfrentar una decisión crucial acerca de su lectura respecto del carácter de las reglas del juego de la sociedad en que vivimos: su disyuntiva será abogar por un régimen democrático en el que las definiciones respecto de una adecuada distribución del ingreso, la propiedad y el poder de decisión recaen en la ciudadanía o por otro predemocrático y paleoliberal que reconoce a un no delimitado derecho de propiedad un carácter liminar y preeminente sobre la voluntad popular.

* Economista, director del Cefid-Ar.

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Economía política

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Por Aldo Ferrer *

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El 5 de agosto de 2014, en ocasión de la recepción de la distinción que me confirió la Legislatura porteña, como Personalidad Destacada de la Ciencia, presenté algunas ideas que resumo en las líneas siguientes.

La economía es la rama de las ciencias sociales que se ocupa de la producción, el comercio y el dinero y de las políticas que determinan la distribución, del ingreso y la riqueza, entre países y sectores sociales. Por eso, los economistas clásicos la definían como “economía política”. En efecto, la política es un componente esencial de la disciplina.

La economía es un campo privilegiado del conflicto de ideas, intereses y valores en juego, dentro de cada país y en el orden mundial. El conflicto se expresa en el análisis de todos los problemas económicos y en las políticas aplicadas para enfrentarlos. Las ideas dominantes conforman teorías, paradigmas, que fundamentan las políticas que determinan la distribución del ingreso y la riqueza, en definitiva, del poder.

En la actualidad existen dos corrientes dominantes en la ciencia económica. Por una parte, el neoliberalismo, según el cual todas las cuestiones fundamentales de la producción, el comercio y el dinero tienen lugar en el orden global, en un mundo sin Estados ni fronteras, librado al libre juego de las fuerzas del mercado. El sustento de esta visión radica en los intereses corporativos transnacionales y, fundamentalmente, en la financiarización, es decir, la hegemonía del mundo del dinero sobre la economía real, en el capitalismo contemporáneo. Por otra parte, la visión histórico política que vincula las fuerzas del mercado con las políticas públicas y, por lo tanto, admite la posibilidad de constituir, en un sendero histórico, economías nacionales autodeterminadas dentro del orden global.

En la Argentina están presentes estas dos corrientes de la economía que, se expresan, en visiones contrapuestas del lugar que el país ocupa en el orden mundial. Para el neoliberalismo, la economía argentina es inevitablemente un segmento, un apéndice, del mercado mundial, organizada y conducida por los actores dominantes de la esfera transnacional. Desde esta perspectiva, la política económica óptima consiste en transmitir señales amistosas a los mercados para atraer capitales y ubicarnos en el lugar marginal que nos corresponde, dentro de la división internacional del trabajo. Por el contrario, para la visión histórico política, la economía argentina es un sistema vinculado con el mundo a partir de un proyecto nacional, autodeterminado por una política económica generadora de ventajas competitivas dinámicas, fundadas en la ciencia, la tecnología y la industrialización. Sobre estas bases, es posible construir una posición simétrica, no periférica, respecto de la división internacional del trabajo y los centros de poder dominantes en el orden mundial.

A partir de estas visiones, surgen respuestas opuestas a todos los problemas de la economía argentina. Entre ellos la relación Estado/mercado, fuentes del financiamiento, asignación de los recursos, distribución del ingreso y, recientemente, los buitres.

Para la visión neoliberal el Estado no debe intervenir para regular las fuerzas del mercado. El financiamiento descansa esencialmente en el crédito externo y la inversión extranjera. La asignación de los recursos refleja las ventajas comparativas estáticas basadas en los recursos naturales y los bajos salarios. La distribución del ingreso refleja la oferta y demanda de trabajo.

Para la visión histórico política el Estado debe orientar los recursos para conformar una estructura productiva avanzada y compleja, generadora de ventajas competitivas dinámicas basadas en la ciencia y el tecnología. El financiamiento descansa esencialmente en el ahorro interno y el protagonismo de las empresas nacionales, con el aporte complementario, no sustitutivo, del crédito externo y la inversión extranjera. La distribución del ingreso se funda en la expansión del empleo a niveles crecientes de productividad y las políticas de educación, salud, hábitat e inclusión social.

Respecto de los buitres, la oposición entre los dos enfoques es emblemática. El neoliberal propone aceptar el fallo del juez Griesa para evitar el derrumbe de la economía argentina y generar un flujo de dólares e inversiones que resolverían los problemas del país. Es decir, pronósticos basados en la expresión de deseos e inverificables en la realidad. El histórico político propone que los principales problemas son la inflación, la fuga de capitales, la recesión, la transformación productiva, la fortaleza fiscal, todos planteados de frontera para adentro. Afirma, asimismo, que la posición negociadora argentina se funda en la solvencia del Estado y del sistema financiero. Sobre estas bases, es conveniente buscar un acuerdo, compatible con el interés del país, aceptando la posibilidad de la prolongación del conflicto, que no provocaría ningún descalabro en el país. En resumen, los buitres son un problema marginal de la situación actual de la economía argentina. Por otra parte, la demanda de los buitres ha merecido la crítica generalizada en los foros internacionales.

Como lo revelan la crisis mundial y nuestro descalabro del 2001, el enfoque neoliberal ha fracasado. Sin embargo, continúa ejerciendo influencia en las antiguas economías industriales del Atlántico Norte y en grupos importantes de la opinión pública de nuestro país. Las próximas elecciones presidenciales son un espacio privilegiado para debatir estos problemas y el rumbo futuro de la economía argentina.

Se trata de encontrar el buen camino en democracia, dentro de la economía de mercado y de un orden mundial cargado de amenazas y oportunidades. Cuanto más fuerte sea la cohesión social, la impronta nacional de los liderazgos, la solidez de la democracia y el vigor del pensamiento crítico, es decir, la densidad nacional, mejores serán nuestras respuestas y el futuro del país.

* Profesor Emérito. Universidad de Buenos Aires.

Página 12, 06.08.14

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Vaca Muerta

y lo que representa para el futuro argentino

Entrevista de Tiempo Argentino al politólogo Marcelo Gullo. Su último libro circula como un dogma en la región y aborda el interés estratégico del yacimiento. “Argentina está ante condiciones únicas para lograr la industrialización. Tenemos 25 años para lograr la insubordinación fundante”, asegura.

Por Martín Piqué

Los libros del politólogo Marcelo Gullo (nacido en Rosario, especializado en Relaciones Internacionales) están circulando como un secreto a voces entre diplomáticos y legisladores de toda Sudamérica. Su aporte conceptual más comentado, que sintetiza con precisión la historia de los procesos de desarrollo e industrialización alrededor del mundo, es la teoría de la “insubordinación fundante”. Dice Gullo –lo dirá en esta entrevista con Tiempo Argentino– que todas las naciones que llegaron a convertirse en países industriales lo hicieron desobedeciendo conscientemente el consenso ideológico que reinaba en cada época. Sobre todo incumpliendo con los mandatos del liberalismo económico. Y, al mismo tiempo, asignando un “adecuado impulso estatal” a las políticas que se rebelan a lo que parece impuesto por la división internacional del trabajo. Un destino de simples productores de materia prima.

 

“Todo proceso emancipatorio exitoso sólo puede ser resultado de una insubordinación ideológica contra el orden ideológico que en su momento estableció Gran Bretaña. Si un país logra sacarse de encima la subordinación cultural e ideológica, y además les da a esas decisiones un impulso estatal, realiza lo que yo llamo la insubordinación fundante. El ejemplo de este proceso lo encarnan los miembros del club de países ricos del mundo, como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur. Lo que sucede es que cada vez que un nuevo socio entra al club, cada uno en un momento histórico, y se desarrolla y adquiere poder, imita lo que antes Inglaterra: predicar todo lo contrario de lo que hizo para llegar a ese grado de desarrollo”, plantea Gullo desde una mesa del tradicional Bar de los Angelitos.

Gullo, que no tiene ningún parentesco con la familia del legislador porteño, sólo un origen común en el sur de Italia, ostenta un currículum académico envidiable. Doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador, con una maestría en Relaciones Internacionales en el Institut de Hautes Études Internationales de la Universidad de Ginebra, se graduó en Estudios Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid. Las dos figuras más importantes para su carrera académica, de quienes se considera discípulo, son el sociólogo brasileño Helio Jaguaribe (Premio Konex Mercosur por su aporte a las humanidades) y el fallecido filósofo, teólogo e historiador uruguayo Alberto Methol Ferré. “El intelectual preferido del Papa”, comenta el propio Gullo al mencionar a sus dos maestros.

 

La Argentina está por primera vez en condiciones de realizar su insubordinación fundante.
Un proceso que no era posible de ser completado en el bienio 2000/2001.

 

Con varios libros publicados en la Argentina y en Italia, Francia y Brasil, Gullo ejerce la docencia en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) mientras asesora a miembros de la Cámara de Diputados. Su teoría sobre “La insubordinación fundante” también inspiró a la Cancillería venezolana para desarrollar una doctrina oficial que rige, por orden de Hugo Chávez, como guía de la política exterior bolivariana. En esta entrevista con Tiempo, el politólogo advierte sobre la “ventana de oportunidad” que tiene la Argentina en un período acotado a los próximos 25 a 30 años. Para Gullo, el país está ante el desafío de aprovechar una circunstancia histórica mundial inédita que le permitiría completar su industrialización. “Por primera vez, y esto para los argentinos es una situación única, que no se dio nunca, la potencia hegemónica es una (por Estados Unidos), el comprador principal es otro (China) y el dueño de la infraestructura es otro (los capitales de la Unión Europea). Esto no se había dado nunca en la historia argentina. Esto posibilita un margen de maniobra que nosotros nunca hemos tenido”, explica.

–¿Qué relación le encuentra usted a su teoría de la insubordinación fundante con lo que está viviendo hoy la Argentina?

–Que la Argentina está por primera vez en condiciones de realizar su insubordinación fundante. Un proceso que no era posible de ser completado en el bienio 2000/2001, porque en ese momento la Argentina era como una persona a la que le pasó un camión por encima. Ahora, como ya estamos recuperados, como terminamos el proceso de recuperación –que nos llevó muchísimo tiempo–, estamos en condiciones de correr la maratón. Y, así, estamos en condiciones de concretar nuestra insubordinación fundante. Pero, esta vez, la característica de nuestra insubordinación fundante debe ser distinta de las de 1835, con Rosas, o de la de 1943, con Perón. Esta vez ese proceso debería realizarse en conjunto, con la América del Sur, que debería realizar su insubordinación fundante en bloque. Por otro lado, esta vez nuestro impulso estatal debe ser absolutamente selectivo y muy preciso, fortaleciendo las áreas que querramos desarrollar o industrializar.

–¿Y cómo ve a la dirigencia política ante la posibilidad de aprovechar esa ventana de oportunidad que ofrece el escenario internacional? Los candidatos que se asoman para competir en 2015 parecen expresar cierto giro conservador.

–Yo veo a toda la dirigencia política argentina muy metida hacia adentro. Muy tomada por el análisis táctico, coyuntural, sin poder realizar un análisis estratégico. Nos falta una gran reflexión estratégica. A la dirigencia la veo ensimismada en los problemas coyunturales, que son graves, claro, porque desde el punto de vista táctico no hay un gran margen de maniobra.

–¿Cómo se puede superar lo táctico para poder pensar lo estratégico?

–Sabiendo que lo estratégico te da una ventaja gigantesca. Y, por otro lado, ¿cuál es la gran desventaja táctica? Si nosotros llegáramos a caer en una situación de no pago, hemos perdido una ventaja que teníamos en el año 2000: el autoabastecimiento de petróleo. Que nos permitía soñar con la industrialización, porque podíamos seguir exportando y no necesitábamos importar petróleo. Ahora nuestro talón de Aquiles es un talón energético. Pero si consiguiésemos tener petróleo, inmediatamente, por las condiciones que tiene Argentina, más los nuevos yacimientos, en dos o tres años estaríamos de nuevo en autoabastecimiento.

–La presidenta advirtió sobre los reales intereses de los fondos buitre. Dijo que sobrevuelan también sobre los recursos naturales, aludiendo a Vaca Muerta.

–Exacto. Lo dijo muy bien el Pepe Mujica. Los fondos buitre son estafadores profesionales. Ellos presionan, no para que les paguemos los 1500 millones de dólares. Eso no les interesa. Lo que ellos quieren es justamente Vaca Muerta. Quieren, de una u otra forma, quedarse con ese yacimiento. Pero Vaca Muerta es lo único con lo que la Argentina no puede negociar. Podemos negociar pagarles más. Pero nunca podemos negociar Vaca Muerta porque es nuestro pasaporte al futuro. Porque con ese yacimiento no sólo tenemos abastecimiento energético sino que tenemos la posibilidad de exportación de energía, para lograr obtención de divisas, y con esas divisas financiar el gran proyecto industrializador-tecnológico. Con Vaca Muerta tenemos el capital suficiente para realizar la insubordinación fundante. Y si me preguntan por Chevron, yo digo que con las compañías multinacionales se puede negociar, dado que partimos de una posición de debilidad, pero el Estado se queda con el 51 por ciento. Eso es importante.

–La Argentina está, según la mirada neoliberal, impulsando artificialmente dos áreas de la economía: el complejo automotriz, que tiene un alto componente de autopartes importadas, y el polo electrónico de Tierra del Fuego. Esas áreas de la economía han recibido muchas críticas, sobre todo por el gran consumo de divisas que demandan en un momento de restricción externa. Y se les critica la falta de competitividad internacional…

–Todos los procesos de industrialización profunda que se dieron en el mundo, y de construcción de tecnología, comienzan haciendo productos que no son de alta calidad. Uno está aprendiendo ese proceso. Lleva un tiempo de aprendizaje lograr la misma eficiencia y eficacia que el otro tiene en la producción. Pero no hay que asustarse que un producto no tenga la misma calidad que otro ya fabricado en Estados Unidos o en Corea del Sur. O en Suiza o en Austria. Cuando los japoneses comenzaron su intento de industria automotriz, Toyota se fundió cuatro veces. Las cuatro veces, el Estado la rescató de la quiebra. Ellos comenzaron su proceso de industrialización en el sector automotriz en 1930. Recién en 1960 lograron hacer un auto  que era competitivo en el mercado mundial. Todo proceso industrializador tiene un período en el que sus productos están en búsqueda de la calidad pero no alcanzan la calidad internacional, están en búsqueda de un precio internacional pero no lo alcanzan, y detrás de ese proceso, apoyando, está lo que yo denomino el impulso estatal.

–El miércoles se anunció la creación de un banco de desarrollo del bloque BRICS. Sin embargo, el tantas veces mencionado Banco del Sur –el banco de Unasur– por ahora no se concreta.

– Que las condiciones estén dadas para hacerlo no quiere decir que la clase política esté dispuesta a hacerlo. Las condiciones internacionales están dadas. Nosotros, en la Argentina, por primera vez tenemos un margen de maniobra que no hemos tenido nunca. Desde el punto de vista estratégico tenemos un gran margen de maniobra, si bien desde el punto de vista táctico –la coyuntura– no es tan así. En la coyuntura no tenemos mucho margen de maniobra, pero desde el punto de vista estratégico sí. A lo largo de nuestra historia, la potencia hegemónica era la misma que el comprador principal de nuestros productos. Y también era el dueño de la infraestructura. Cuando eso pasa, tu margen de maniobra es casi igual a cero. Eso lo sufrió Perón, que intentó una insubordinación fundante pero sufrió un boicot gigantesco, que fue el que finalmente lo tumba. Porque a Perón no lo tumba el golpe del ’55, lo tumba el boicot anglo-norteamericano de la incovertibilidad de la libra y el impedimiento de que los países utilizaran los dólares del Plan Marshall para comprar productos en la Argentina. Cuando los ingleses decretan la inconvertibilidad de la libra, el primer ministro británico dice: “Con esta medida hemos herido de muerte el ambicioso proyecto industrializador de Perón.” Hoy, a diferencia de los años ’50 del siglo pasado, la potencia hegemónica sigue siendo Estados Unidos, que lo va seguir siendo por un largo período; el comprador principal es China, o el Asia si usted quiere, para lo cual agrego a la India; y los dueños de la infraestructura son casi todos capitales europeos. Esto posibilita un margen de maniobra que nosotros nunca hemos tenido. Ahora, ese margen de maniobra inevitablemente se va a cerrar. Y eso es lo que nos da hoy, estratégicamente, una ventana de oportunidad no mayor de entre 25 y 30 años. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque al final China va a ser co-hegemónico con Estados Unidos. No va a desplazar a Estados Unidos. Porque los chinos no van ni al galope ni al trote, los chinos van al paso con el caballo. Nunca se apresuran. Eso sí, cuando China sea  co-hegemónico con Estados Unidos, y le recuerdo que China es hoy el principal tenedor de dólares del mundo, lo que va a hacer China –ya lo está empezando– es comprar la infraestructura de todos los países que le venden cosas. Los chinos van a comprar todo lo que puedan de infraestructura, a cualquier precio, porque el precio no les importa: quieren cambiar un papelito verde (el dólar) que cada año se devalúa más por activos físicos. Y cuando sean co-hegemónicos, cuando sean los dueños de la infraestructura, y sean también el comprador principal, y a su vez intenten comprar también parte de la deuda, nuestro margen de maniobra va a hacer igual a cero. Por todo eso, la ventana de oportunidad para realizar nuestra insubordinación fundante –llegar a ser un país industrial– son los próximos 25 o 30 años. O lo hacemos ahora, en este tiempo estratégico, o tendremos que esperar 100 años.

La iniciativa contra la especulación

Entre sus actividades académicas, docentes y de asesor en temas internacionales, Marcelo Gullo sumó un compromiso activo en la denuncia contra la acción de los fondos especulativos en el mundo. El politólogo rosarino es uno de los impulsores de la Iniciativa Mundial contra la Especulación Financiera Global, una campaña de concientización que se propone difundir la amenaza que pesa sobre la Argentina tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dejar en pie el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa. Para Gullo, que conversó sobre este tema con un grupo de legisladores nacionales del FPV, el litigio con los buitres es un caso testigo del “vacío legal” que existe en el Derecho Internacional.

“Estamos ante un fenómeno creciente, que surge de un sistema financiero informal que se dedica a la estafa en todo el mundo. A nivel global hay un enorme vacío en la legislación, lo que permite que un grupo de personas sin escrúpulos pretenda vivir del sufrimiento de los pueblos. Esto nos obliga a pensar qué hacer, y lo que hay que hacer es promover una gran concertación en todo el mundo para sancionar un nuevo marco legal. Recordemos que todo nuevo  marco legal, en la historia de la humanidad, siempre comenzó con la denuncia de algo. Así sucedió con la esclavitud. Y eso es lo que queremos hacer ahora”, explica Gullo.

Fuente: Tiempo Argentino, 20.07.14

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La posición de EE.UU.

Por Alfredo Zaiat

El caso de los fondos buitre contra Argentina expone las limitaciones de los gobiernos centrales para regular las finanzas globales, con Estados Unidos como protagonista principal. Cuando estalló la crisis internacional en 2008 se realizó la primera cumbre de presidentes del G-20, con las potencias desesperadas por el riesgo de una debacle global. El diagnóstico en ése y el siguiente encuentro fue que existía un problema sistémico y la manera de solucionarlo era a través de la creación de mecanismos de coordinación y de regulación para frenar el descontrol de los mercados financieros globales. Así quedó expresado en los respectivos documentos finales, críticos de la forma en que estaba funcionando el sistema mencionando especialmente el accionar de las calificadoras de riesgo. En la última cumbre presidencial se incluyó también una observación al despliegue de las guaridas (paraísos) fiscales. Hubo una promesa de impulsar reformas en los mercados financieros. Poco y nada se avanzó en ese sentido. Pese a la estruendosa crisis internacional que transita su séptimo año, precipitada por la existencia de un mercado globalizado y desregulado, cualquier intento de cambio para mejorar y aumentar la supervisión del sistema fue neutralizado. Estados Unidos ha estado acompañando la retórica reformista aunque moderando el contenido y a la vez frenando los intentos de una mayor regulación. El mismo recorrido se detecta frente al accionar de los fondos buitre, cuestionado por organismos políticos y financieros internacionales e incluso por gobiernos de países centrales. Estados Unidos reitera en ese tema su comportamiento ambiguo en el G-20, que en los hechos termina avalando el vuelo de los buitres.

En la administración Obama existen diferencias en la lectura sobre los buitres entre funcionarios del Departamento del Tesoro y del Estado. La pelea entre demócratas y republicanos en el Congreso suma ingredientes a la tensión que provoca ese tipo de fondos. Pero en la práctica, ya sea por limitaciones políticas, acorralado por la derecha republicana, o ideológicas, por el endiosamiento de las reglas de funcionamiento del mercado financiero, el gobierno de Estados Unidos no se animó a ejercer una posición firme frente a fondos de inversión especializados en litigar por deudas soberanas colapsadas.

En el documento final de los jóvenes del G-20, reunidos en la última cumbre presidencial realizada en San Petersburgo, Rusia, en septiembre del año pasado, se instaba a sus líderes políticos a incluir el tema de los fondos buitre. Propusieron condenarlos por ser un potencial peligro para futuras reestructuraciones de deudas. Estados Unidos vetó esa parte de la declaración.

En el Fondo Monetario Internacional existe mucha preocupación por el riesgo sistémico del fallo a favor de los buitres, inquietud expresada en declaraciones de su titular, Christine Lagarde, como también en documentos técnicos del organismo. El interés manifestado por el Fondo no es por simpatía hacia la Argentina, sino por las consecuencias negativas que prevé para futuras reestructuraciones de deuda. En ese organismo multilateral Estados Unidos ejerce un poder categórico en materia política. Pese a las prevenciones de sus autoridades y economistas, el gobierno de Obama le indicó al FMI que no se presente como amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para respaldar la posición argentina.

Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, escribió en Página/12, el martes pasado, que “al contrario de Francia, Brasil, México y el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, el gobierno estadounidense no presentó un escrito en calidad de amicus curiae ante la Corte Suprema, a pesar de haberlo hecho en el caso de apelación. Y aquí está el gran misterio, tampoco lo hizo el FMI, incluso cuando en ocasiones anteriores había expresado públicamente su preocupación por el impacto de esa decisión”. Estados Unidos bloqueó la posición del Fondo contra los buitres.

La convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a una reunión urgente de consulta de cancilleres, que se desarrolló anteayer, fue aprobada por aclamación, para evitar la votación que hubiera tenido la abstención de Estados Unidos. La delegada de la administración Obama en la OEA, Margarita Riva-Geoghegan, señaló que el caso tramitado en tribunales de su país “es independiente del gobierno de Estados Unidos”, y que el encuentro de cancilleres no debería evaluarse como un acto de “interferencia” sobre decisiones del Poder Judicial de su país. La declaración final tuvo también la abstención de Estados Unidos.

Santiago O’Donnell, autor de dos libros sobre los Wikileaks de la Embajada de Estados Unidos en el país y jefe de la sección Internacionales de este diario, facilitó al autor de esta columna los cables correspondientes al debate abierto entre los miembros del Club de París, en el cual queda expuesta en ese ámbito la posición de Estados Unidos sobre los fondos buitre. O’Donnell explica que, según cables diplomáticos originados por la embajada estadounidense en París publicados por Wikileaks, entre el 2006 y principios del 2010 los representantes de distintos países presentaron diferentes propuestas e iniciativas para regular o limitar la capacidad de los fondos buitre. Pero en todos los casos las iniciativas quedaron truncas o a mitad de camino, ya que los representantes, al evaluar los costos y beneficios, una y otra vez concluyeron con respecto a este tema que lo que más convenía era no hacer nada. El representante de Estados Unidos en el Club de París afirmó en más de una ocasión que lo mejor era mantener el statu quo.

En esos cables diplomáticos, a los fondos buitre se los denomina “acreedores litigiosos”. Como antecedente para entender el bloqueo estadounidense al FMI para ser amicus curiae, el delegado de Estados Unidos en el Club de París afirmó que de poco o nada serviría que los países integrantes de ese grupo de acreedores soberanos se presentaran en la Corte Suprema de su país con ese tipo de escritos a favor de países deudores querellados por los fondos buitre.

Hubo discusiones internas en el Club de París sobre qué decir ante el accionar de los buitres, pero no por el sobrevuelo sobre Argentina, sino sobre los ataques a los denominados países pobres muy endeudados (africanos) seleccionados para una reducción de deuda con esa entidad. Se menciona el caso del fondo buitre Donegal, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, propiedad del financista estadounidense Michael Sheehan, contra la República de Zambia, uno de los países más pobres del mundo. Ese fondo había comprado una deuda por 3,2 millones de dólares y reclamó 55 millones en tribunales británicos. Finalmente, en 2007, cobró 15,7 millones, casi 500 por ciento de ganancia, luego de que el juez inglés Andrew Smith ordenara congelar los activos de Zambia en el Reino Unido. Frente a este caso, casi todos los países del Club de París propusieron advertir sobre la “amenaza” buitre, pero Estados Unidos se opuso y el comunicado final fue bien lavado al hablar de “acreedores que no están dispuestos a reestructurar sus acreencias”.

Gran Bretaña planteó en ese ámbito, en 2009, que en su gobierno había comenzado un debate interno sobre un proyecto de ley en contra de fondos buitre. Francia se mostró interesado en la propuesta y consultó a Estados Unidos para definir una acción legal coordinada. El representante estadounidense contestó que avanzar en ese sentido traería problemas legales y políticos significativos, cerrando la discusión.

Los cables de Wikileaks del debate en el Club de París sobre los buitres reflejan que en esos países desarrollados predomina la idea de que el accionar de esos fondos es un tema complejo, que tienen herramientas limitadas para controlarlos y que, en última instancia, litigar y vender deuda en mercados de deuda forma parte del funcionamiento del sistema financiero internacional. Esto se traduce en manifestaciones de preocupación y en pronunciamientos sobre eventuales riesgos sistémicos, pero en los hechos no se hace nada para frenar a los buitres.

Weisbrot señala que la posición de Estados Unidos, en especial la que definió la abstención del FMI como amicus curiae, “puede ser la razón por la cual la Corte Suprema no haya invitado al procurador general de Estados Unidos a que presentara un escrito y finalmente haya decidido no escuchar el caso”. Si es así, la administración Obama, al igual que tribunales estadounidenses, es responsable de las consecuencias de un fallo que concentra el rechazo de países y organismos internacionales.

Esta posición de Estados Unidos permite realizar una mejor lectura de la presentación argentina desplegada el jueves último en la OEA reclamando que “la comunidad internacional actúe” ante el fallo de Griesa a favor de los buitres.

Fuente: Página 12, 05.07.14

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BASTA BUITRES

 

Obligados… a una nueva Vuelta de Obligado

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Por Roberto Páez González *

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En el caso argentino, los “fondos buitre” no eran acreedores de Argentina, sino que compraron títulos que quedaron fuera de la restructuración, esperaron –yendo a juicio- la recuperación de Argentina, con la meta de alcanzar ganancias extraordinarias con el fallo.

No nos cabe duda: además de los intereses inmediatos de los círculos llamados “fondos buitres” existe una voluntad política de domesticar gobiernos para someterlos a una lógica extrema de financiarización e imponer relaciones de vasallazgo a las democracias existentes.

No podemos menos que comprobar con diversos antecedentes que esta lógica se asienta,  al menos en parte, en la connivencia de tribunales como los estadunidenses o en la de organismos de arbitraje de instituciones multilaterales, como el CIADI, etc. que favorecen a empresas en sus litigios con Estados, como ha venido ocurriendo cada vez más a menudo en las últimas décadas.

En el caso argentino, se registra una herencia-rémora del neoliberalismo de la dictadura militar y de los años noventa, constituida en amenaza para la política de desendeudamiento encarada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero ante la crisis de deudas soberanas, también se trata de disuadir a otros países de emplear métodos similares; los capitales especulativos procuran dar la pauta de cómo les iría a España, Grecia, Portugal u otros si lo intentasen.

Reacción de la Presidenta y del Ministerio de economía

CFK vs buitres

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó inmediatamente por cadena nacional y explicó con mucha claridad cómo esos títulos fueron comprados a precio basura, por unos 48 millones de dólares y cómo la sentencia del juez Griesa les otorga una rentabilidad superior al 1600% que obligaría al Estado argentino a pagar alrededor de 1500 millones de dólares ahora mismo, poniendo a Argentina en el dilema de no poder pagar este fin de mes al 92% de bonistas que aceptaron la reestructuración de deuda (unos 900 millones de dólares de títulos Discount).

También el ministro Kicillof explicó que el veredicto de Griesa “nos empuja al default” porque además de ese monto, Argentina se vería obligada a pagar a otros tenedores de deuda unos 15.000 millones de dólares, suma superior la mitad de las reservas del Banco Central.

Kicillof dijo: “es por eso que estamos iniciando los pasos para hacer un canje de deuda para pagar en Argentina, bajo legislación argentina”, algo que ya había planteado en agosto de 2013 Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York  avaló la decisión de primera instancia tomada por Griesa.

Por medio de un comunicado de prensa, de ayer, 18 de junio de 2014, el Ministerio de Economía lamentó que “la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos” dejara “sin efecto la suspensión (“stay”) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el Juez Griesa”.

Después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el término de 48 horas, esta decisión de la Cámara de Apelaciones cierra el camino a eventuales negociaciones y le impide a Argentina “efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a U$D 15 mil millones).

En efecto, también señala el comunicado que “el levantamiento del “stay” por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez Griesa.

El comunicado concluye afirmando que “Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país”.

Hoy. El jefe de Gabinete

Jorge Capitanich puso en tela de juicio que el sistema judicial argentino haya guardado silencio hasta el momento acerca de la exigencia de los fondos buitre que no solo afecta a la reestructuración de la deuda externa, sino también “al desenvolvimiento autónomo del país”. Además, realzó el contraste con el Congreso, donde “con la participación de sus diferentes bloques y aún con diferencias, marcó un sendero de apoyo a la estrategia de negociación argentina, porque esta es una política de Estado”.

Desde luego, la jurisdicción legal de Nueva York en los contratos de deuda, está en la picota. Capitanich respondió que: “Los condicionamientos preexistentes obligaron a reestructurar la deuda en las mejores condiciones posibles”. También se refirió a que, en Estados Unidos, “Argentina ha afrontado 900 causas en todo este tiempo y hemos tenido un asesoramiento jurídico eficaz para evitar la acción decidida de los fondos buitre”.

Trasfondo

Aunque el entramado financiero internacional es muy complejo, parece haber un sector interesado en producir cortocircuitos, sin temor a las consecuencias. Signos, entre otros, podrían ser la brutalidad de dejar a Lehman Brothers caer en quiebra, las recordadas dificultades de Obama para dotarse de un presupuesto, la tozudez extraordinaria en mantener una política neoliberal a ultranza en Europa en torno a las metas de consolidación fiscal, y esta decisión que suma el fallo del juez Griesa, el rechazo de considerar la apelación argentina por parte de La Corte Suprema de Estados Unidos y el levantamiento de la cautelar 48 horas después.

No cabe estimar que se trata solo de los “fondos buitre”, sino que se puede ver en estos hechos el connubio del sector más agresivo de la financierización con los políticos neoconservadores y los neoconservadores enquistados en el sistema judicial norteamericano.

No pueden desconocer que la decisión multiplica el daño porque simultáneamente nuestro país registra las dificultades propias de la restricción externa. Al contrario, la oportunidad forma parte del asedio que se nos intensifica.

Los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París, la atenuación del conflicto con el FMI se enmarcan en una globalidad que reconoce la necesidad de nuevas regulaciones, estímulos al crecimiento y al empleo para salir de la crisis.

En lo que nos concierne, estamos obligados a una nueva Vuelta de Obligado.

 

* 19.06.14

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CFK vs buitres

Es un fallo contra el país y los bonistas”

La Corte de Estados Unidos rechazó la demanda argentina y devuelve la causa de los buitres al tribunal de Griesa. La Presidenta, por cadena nacional, respondió que el país mantendrá el compromiso del canje, pero no será “cómplice de un modelo especulativo”.

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Por Raúl Dellatorre

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“Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones: no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente.” La frase, en lenguaje directo, en tono firme y sereno, la lanzó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje por cadena nacional que dio anoche. “Dirigido a los millones de argentinos que estarán escuchando, pero también al 92 por ciento de nuestros acreedores que adhirieron al canje”, expresó. El mensaje fue la respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando la apelación argentina contra la decisión del juez de Nueva York, que reconoce el derecho de los fondos buitre de reclamar el pago en efectivo del total del valor nominal de los bonos que compraron después del default. La Presidenta anunció que ya instruyó que se instrumente el pago, en este mes, de los próximos vencimientos de deuda por bonos del canje, correspondientes al Discount y el Par, por un total de 930 millones de dólares. Estos pagos podrían hacerse por una plaza distinta a Nueva York, si existiera riesgo de embargo por parte del juez Thomas Griesa.

La Corte Suprema de Estados Unidos informó ayer, a media mañana, en Washington, su rechazó a la petición argentina para que tome en sus manos, en apelación, la causa en la que el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, dispuso la obligación de pagarle a NML Capital Ltd y otros fondos de inversión (Aurelius y Blue Angel, entre ellos) una suma de 1300 millones de dólares al contado, como reconocimiento al valor consolidado del precio nominal de los títulos en tenencia de aquéllos, más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos, diciembre de 2001. Griesa había pedido el embargo de cualquier pago que Argentina pudiera intentar hacer, en la plaza de Nueva York, a favor de los demás acreedores de bonos en default, pero que hubieran aceptado el canje por nuevos títulos en 2005, decisión que quedó “en suspenso” por las apelaciones. Ahora, tras el fallo de la Corte rechazando la solicitud argentina, la causa y su ejecución volverían a manos de Griesa.

“Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global”, definió CFK al iniciar su exposición, de 28 minutos. Recordó el apoyo a la posición argentina expresada por Francia, México, Brasil y parlamentarios británicos, que entendieron que se trataba de una causa de carácter global. Sin embargo, más adelante en su discurso aseguró que el fallo en contra de Argentina no la sorprendió. “No es un problema económico, ni siquiera financiero o jurídico” lo que se está definiendo, explicó. El fallo “es la convalidación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación mundial en base a la especulación, a los negocios con títulos y derivados, para poner de rodillas a los países y a su población: basta que haya gobiernos dispuestos a ceder a las presiones de este poder financiero” para que éste imponga las condiciones en su provecho. Este camino, advirtió, “va a tener consecuencias graves, tragedias inimaginables”.

Por qué buitres

La presidenta argentina recordó que tanto en el país como en muchos otros, inclusive Estados Unidos, existen leyes de quiebra o bancarrrota que facultan a una empresa, en cese de pagos o default, a reestructurar su deuda con el acuerdo de los titulares del 66 por ciento de las acreencias. “Para las deudas soberanas de los países no existe algo así”, recordó, lo cual es aprovechado por algunos fondos especulativos para obtener amplios beneficios comprando “deuda defolteada, de un país que ya dejó de pagar, a precio de bonos basura, porque tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ese país se recupere” y exigirle, en un tribunal, una suma varias veces superior a la invertida en su compra. En el caso del fondo buitre NML Capital Ltd, que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, recordó que compró los bonos argentinos después del default de 2001, pagando 48,7 millones de dólares por ellos, y ahora la Justicia neoyorquina le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por los mismos. “Una ganancia de 1600 por ciento en dólares en pocos años; yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, subrayó.

La Presidenta dimensionó las consecuencias financieras que tendría el cumplimiento efectivo de la pretensión de los fondos buitre recordando que, a valores de hoy, el pago que el juez de Nueva York le ordena a Argentina hacer a favor de NML Capital y demás fondos buitre que intervinieron en el litigio, asciende a unos 1500 millones de dólares. Pero esos fondos, explicó, representan la décima parte del total de bonos que no entraron al canje. Si ese poco más del 7 por ciento de la deuda no canjeada se presentara en los tribunales reclamando igual derecho que el obtenido por estos fondos buitre, Argentina enfrentaría una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares: “Eso es más de la mitad de las reservas internacionales; es absurdo e imposible pretender que un país destine a un solo pago de deuda más de la mitad de sus reservas”, señaló CFK, indicando de inmediato que, “además, si el 92 por ciento que entró en el canje encuentra otro juez que considere, por una cuestión de equidad e igualdad, que es exigible por esos bonistas el pago al contado del valor total de los bonos al momento del default o de su emisión, entonces tendríamos que tanto el acuerdo de canje, como el país, caerían como un castillo de naipes”.

Los orígenes

La Presidenta dedicó un párrafo central de su exposición a historiar el origen y acumulación de la deuda externa, sobre todo su evolución desde el golpe cívico-militar de 1976. “A partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina”, que quedó expuesto en términos de pobreza y de miseria, desocupación y marginalidad, destrucción del aparato productivo y desintegración nacional. “Creció en dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los ’80 primero y después, en los ’90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible.”

Cristina Fernández se refirió de inmediato, en modo irónico, a “dos formidables operaciones, que algunos definen como el mayor fraude financiero de la historia: el Blindaje y el Megacanje”, las dos renegociaciones de deuda ejecutadas bajo el gobierno de Fernando de la Rúa (años 2000 y 2001). El primero, recordó, “fue una suerte de pasamanos entre el Fondo Monetario y algunos acreedores, por el cual el primero le prestaba al país supuestamente 40 mil millones de dólares de los que no ingresaba nada”. En cuanto al Megacanje, Cristina Fernández refrescó que fue “una idea propuesta por David Mulford, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos”, que había sido convocado por el entonces (año 2001) ministro de Economía Domingo Cavallo. Consistió en el canje de 46 bonos entonces vigentes por otros 5 de nueva emisión, ampliando los beneficios en tasas pero extendiendo los plazos de pago, que abarcaba a una gruesa porción del stock de deuda de aquel momento. Por esta operación, recordó ayer la Presidenta, el país pagó 150 millones de dólares en comisiones, de los cuales se beneficiaron siete bancos y el propio Mulford (cobró unos 20 millones, precisó ayer la jefa de Estado). Algunos de esos bancos eran, a la vez, titular de AFJP que poseían títulos de la deuda anterior y los canjearon por los nuevos. “Los bancos cobraron comisión por colocar deuda que ellos mismos ya tenían en sus propias AFJP”, señaló la Presidenta en su repaso.

“Esta operación le provocó al país un perjuicio de 55 mil millones de dólares; pero esta causa prescribió en la Justicia. ¿Qué significa esto? Que por inactividad de los jueces, de algunos fiscales y camaristas, fueron venciendo los plazos y la causa se cayó. Así logró Mulford su sobreseimiento. Es la forma en que actúan algunos jueces, que contrasta con la celeridad con que intervienen cuando las acciones son contra el Estado”, expresó.

Pocos meses después del Megacanje, en diciembre de 2001, sin posibilidad de cumplimiento, en un país que se achicaba al ritmo de las políticas de ajuste, “se disparó el default de deuda soberana más grande de la historia”, apuntó la Presidenta, “con una deuda que llegaba al 160 por ciento del PBI, una desocupación del 25 por ciento y una pobreza del 50 por ciento”. Fue a partir del 25 de mayo de 2003, al asumir Néstor Kirchner la presidencia, recordó, que se inicia el proceso de renegociación que culmina en el primer canje, y luego continuó la actual mandataria con el segundo canje (2010), los arreglos en el Ciadi y el más reciente acuerdo con el Club de París.

“Nuestra voluntad de pago está más que demostrada. Un gobierno está obligado a tener, además, voluntad de negociación, pero también a saber distinguir una negociación de una extorsión. Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestros compromisos con los bonistas del canje. Antes de fin de mes tenemos vencimientos por unos 900 millones de dólares (749 millones del Discount más 183 millones del bono Par, este último con plazo hasta septiembre) y ya di instrucciones para que se instrumente su cancelación. La vocación de Argentina es pagar sus deudas. Vamos a cumplir con nuestros acreedores, pero no vamos a aceptar extorsiones”, dijo al cerrar su mensaje, cerca de las 22, algo más de 11 horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema en Washington que sorprendió a los mercados.

Fuente: Página 12, 17.06.14

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Esta vez la cigüeña trae un acuerdo desde París

El convenio se suscribió luego de una jornada agotadora en la que el ministro de Economía convino con el Club de París un esquema de pagos a cinco años para salir del default. El primer pago debe ser completado antes de un año por 1150 millones de dólares.

Argentina y el Club de París alcanzaron esta madrugada un acuerdo para regularizar la deuda en default arrastrada con esos países. Luego de una prolongada reunión en la capital de Francia que se extendió durante más de diecisiete horas, los miembros del foro de acreedores y el equipo económico se pusieron de acuerdo en el mecanismo de pago. A través de un comunicado oficial, el Club de París informó que el monto consolidado del pasivo asciende a 9700 millones de dólares que serán cancelados “a través de una estructura flexible”. Como anticipó Página/12, la deuda se cancelará a lo largo de los próximos cinco años y contempla un desembolso inicial en efectivo por 1150 millones de dólares: un pago inicial en concepto de capital de 650 millones de dólares se realizará en julio de 2014 y los restantes 500 millones de dólares se entregarán en mayo de 2015. Como solicitó Argentina, el FMI no participará de la operatoria. El acuerdo estableció un pago mínimo que deberá afrontar Argentina por año y fijó un criterio de pagos adicionales en caso de incremento de las inversiones provenientes de los países miembros del Club. Si durante el plazo de cinco años, las inversiones adicionales fueran insuficientes para cubrir la deuda total, el país puede posponer los vencimientos hasta dos años.

“Con el acuerdo alcanzado Argentina cierra un capítulo más de la triste historia del sobreendeudamiento que condujo al default. El esquema de pagos acordado reduce sensiblemente el costo financiero de esta deuda impaga, que actualmente acumula intereses y punitorios a una tasa promedio cercana al 7 por ciento. El acuerdo asumido garantiza la sustentabilidad de los pagos de los compromisos financieros como un todo, es compatible con el perfil de vencimientos que tiene el país en el futuro y no implica condicionalidad alguna para llevar adelante sus políticas económicas.El acuerdo constituye un paso importante para promover la inversión en Argentina”, afirmó el ministro Kicillof a través de un comunicado.

La conducción del foro estuvo a cargo del director general del Tesoro francés, Ramón Fernández, pero también participaron del convite representantes de todos los acreedores, ya que las soluciones deben alcanzarse por consenso. El Club de París está compuesto por 19 países, pero los pasivos impagos de la Argentina corresponden a 15 miembros más Israel, que es miembro adherente del grupo. Alemania y Japón concentran el 60 por ciento de la deuda total. Sigue Holanda, Italia y Estados Unidos, con acreencias que no superan el 8 por ciento del total cada uno. El resto son pasivos más pequeños.

Pasar a un cuarto intermedio y retomar las conversaciones sin alcanzar el principio de acuerdo habría frustrado los avances logrados en la jornada. Por eso, los funcionarios argentinos buscaron sostener abierto el diálogo hasta lograr el consenso de todos los miembros. Desde el equipo económico consideran que el acuerdo propuesto por Argentina es favorable, ya que promueve inversiones productivas en el país a cambio de la cancelación del pasivo en cuotas. Dependiendo del mecanismo de pago que se establezca, por ejemplo si contempla la entrega de bonos, el Gobierno deberá enviar al Congreso un proyecto de ley que permita instrumentar la operación.

Concretar la salida del default con el grupo de acreedores soberanos forma parte del proceso de regularización de pasivos encarado por Argentina después de la crisis de 2002. No es el primer intento. A lo largo de los últimos años se registraron diferentes tentativas que fueron abortadas: en septiembre de 2008, CFK anunció que se cancelaría en un pago con reservas del Banco Central por 6706 millones de dólares. A los pocos días del anuncio cayó el banco Lehman Brothers y se desató una grave crisis internacional. Frente al estallido, primó la precaución y se dejó el pago en suspenso. Los intentos de 2010 y 2011 tampoco prosperaron.

Cerrar un acuerdo relajaría las condiciones para acceder al crédito externo. El equipo económico considera que los requerimientos de divisas están cubiertos este año. Por eso, advierte que el objetivo no es allanar el camino para una inminente emisión de deuda externa en el mercado internacional. No obstante, en el corto plazo destrabaría restricciones financieras para los flujos de Inversión Extranjera Directa.

Los funcionarios arribaron el martes por la noche a París y todavía no tienen fecha de regreso. Como sucedió en la visita previa de febrero, Kicillof y el secretario de Finanzas, Pablo López, contaron con la asistencia del embajador ante la Unión Europea, Hernán Lorenzino, y el coordinador de la Unidad de Reestructuración de Deuda, Adrián Cosentino. “Vamos a ser implacables en que el acuerdo sea sustentable y no condicione el crecimiento económico con inclusión”, enfatizó Kicillof en febrero, cuando regresó de su primer viaje a Francia. Una parte del moderno edificio del Ministerio de Economía francés se introduce sobre el Sena y las instalaciones cuentan con un embarcadero que permiten a los funcionarios galos trasladarse en lancha hacia otras dependencias gubernamentales, aunque el equipo económico se trasladó por las calles de París.

Alrededor de la mitad de los compromisos impagos son previos a 1983, fundamentalmente tomados durante la última dictadura militar. El 9 por ciento de la deuda corresponde al gobierno de Raúl Alfonsín, mientras que el 42 por ciento restante se asumió durante los mandatos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Sin contar el principio de acuerdo alcanzado ayer, Argentina ya realizó siete renegociaciones. La primera fue en 1956, durante el gobierno de facto de Aramburu, y marcó el nacimiento del Club de París. El resto de los acuerdos se alcanzaron en 1965 (Illia), 1985 y 1987 (Alfonsín) y las restantes en 1989, 1991 y 1992 (Menem). La larga historia con el Club escribirá hoy un nuevo capítulo.

Fuente: Página 12, 29.05.14

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