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Archive for the ‘07. Género’ Category

“Esta es una herramienta

de transformación superior”

“Voy a trabajar para empoderar

a la ciudadanía, difundiendo

y promoviendo la ley”, dice la funcionaria.

La periodista dejó “en pausa” su carrera para ejercer el cargo surgido en la Comisión Bicameral del Congreso. Y se propone “trabajar para que no haya discriminación ni violencia mediática contra las mujeres, y se respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

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Por Emanuel Respighi

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Es la defensora de los 40 millones de habitantes que tiene el país. Aunque parezca exagerado, y suene a un slogan más propio de una superheroína que de una funcionaria, Cynthia Ottaviano es la encargada de defender los derechos de todos los televidentes y oyentes de radio. Una tarea para nada sencilla, teniendo en cuenta que es quien debe velar porque los canales de TV y las emisoras de radio no vulneren los derechos esenciales de los receptores de sus mensajes. Algo que, desde una aproximación meramente perceptiva, parecería estar pisoteado casi minuto a minuto en los medios audiovisuales. Todavía acomodándose en el rol al frente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ottaviano delinea aquí sus objetivos primordiales en el organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Periodista por vocación y profesión, Ottaviano fue hasta hace menos de dos meses jefa del equipo de investigaciones del diario Tiempo argentino. Con conocimientos en el área audiovisual (realizó varios trabajos documentales), la mujer que no titubeó nunca en expresar su apoyo al gobierno nacional decidió poner en suspenso su carrera periodística para pasar a poner en gestión estatal sus inquietudes y conocimientos. “Creo que vivimos un momento fundacional en la Argentina, que implica la profundización de la democracia, camino a 30 años de su recuperación”, reflexiona la primera persona en estar al mando del nuevo organismo. “Somos muchos y muchas los que trabajamos por la ampliación de derechos, y cuando el viento de la Historia pasa, no podés decir que no. Hay una frase de Malraux que dice algo así como que el hombre no se conoce a sí mismo en sus pensamientos, sino cuando es llamado a la acción. Así que cuando me dijeron “¿Viste todo lo que decís? Bueno, ahora vení y hacelo”, acepté el de- safío.

–La Defensoría del Público es una figura que no existía y que inaugura la nueva LSCA. ¿Cuáles van a ser los ejes de su gestión?

–Voy a trabajar para empoderar a la ciudadanía, difundiendo y promoviendo la ley porque nadie puede reclamar por un derecho que no conoce. Vamos a hacer una tarea pedagógica muy fuerte entre trabajadoras y trabajadores de la comunicación, porque entre todos estamos construyendo un nuevo mapa comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos. Y esto es nuevo porque hasta hace no mucho la mayoría de los medios de comunicación fueron el aparato de propaganda de una dictadura genocida, concebidos bajo la doctrina de la seguridad nacional; más tarde bajo el designio de las corporaciones, porque hasta hace tres años esa misma ley de la dictadura con la firma del genocida Videla había sido emparchada con la firma de los presidentes, no hay duda, pero también de las corporaciones. Llegó el momento en que es el Estado el que salvaguarda el derecho a la información y dicta, en ese sentido, leyes antimonopólicas, como la LSCA. Voy a crear una biblioteca para centralizar la información y la producción sobre comunicación audiovisual en la Argentina, porque hay mucho conocimiento en pocas manos. Será de mucha accesibilidad como la Defensoría y vamos a trabajar muy fuerte para defender los derechos del público, en pleno cumplimiento de la ley.

–¿Cómo evalúa a la TV y las radios actuales? ¿Cuáles son los principales problemas que, según su criterio, signan a la comunicación audiovisual?

–Aún prevalecen criterios del paradigma neoliberal, en el que donde hay un chico se ve un negocio, donde hay una mujer se ve un objeto de dominación y donde hay una persona sólo se piensa en una parte de un punto de rating. Ahora comprendemos que todos somos sujetos de derecho y tenemos que ser respetados como personas, tenemos que tener igualdad de acceso a los medios y a las nuevas tecnologías. La ley nos convoca a trabajar para que no haya discriminación en la radio y la televisión, para que no haya violencia mediática contra las mujeres y para que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si hay discriminación, violencia mediática y no se respeta a los chicos, entonces es claro todo el trabajo que tenemos por delante.

–Históricamente, el mapa mediático argentino mostró a privados fuertes y a un Estado débil o complaciente. La LSCA cambió esa tendencia, convirtiendo al Estado en un actor regulador y promotor. ¿Cómo cree que van a recibir los actores comerciales este cargo nuevo, que tiene la potestad de canalizar y representar reclamos cuando se ven vulnerados los derechos del público? ¿Ya tuvo reuniones con privados?

–La primera reunión que tuve fue con la Coalición por una Comunicación Democrática, con quienes planteamos una agenda común de trabajo; luego con la Cositmecos, la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social; con las chicas de la Red PAR, que trabajan por una comunicación no sexista; con el defensor del Pueblo de la Nación; con el interventor del Inadi, Pedro Mouratian, y con los representantes de diferentes sectores que trabajan muy fuerte para que la comunicación en la Argentina sea más inclusiva; tengo varias reuniones pendientes y una de ellas será con el sector privado. La construcción de esta Defensoría será una construcción colectiva, como lo fue la LSCA. Hasta ahora todos han tenido una excelente predisposición y hemos dialogado incluso sobre sus expectativas, porque muchos de ellos trabajaron para que esta Defensoría exista. No tengo dudas de que trabajaremos en conjunto.

–Usted fue propuesta por la Comisión Bicameral del Congreso, a través de representantes del Frente para la Victoria. ¿Medirá con la misma vara las faltas de los medios estatales como las de los privados?

–Voy a ser imparcial, defendiendo siempre al público y a la ley. Pienso en la defensa del derecho a la comunicación de los 40 millones de argentinos, un derecho inalienable y que su cumplimiento no puede estar en manos de un grupo económico. No creo que nadie me pague el sueldo para que defienda a un privado ni a un medio estatal: mi tarea es la de defender al público, no al medio, ni a sus directivos ni propietarios.

–Algunos criticaron su postulación al cargo porque ha hecho público su apoyo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a la LSCA. ¿Qué opina al respecto?

–Esos fueron los argumentos del Grupo Clarín SA para impugnarme. La única impugnación que tuve fue de ese grupo y se sostenía precisamente en mis opiniones, mis artículos periodísticos y en que publiqué una investigación sobre Papel Prensa y que los denuncié ante la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, por persecución sindical. Se me impugnó por pensar como pienso, cuando en la Argentina no hay delito de opinión. Se le hizo mucho daño al pueblo cuando se perseguía a las personas por cómo pensaban. Es cierto que, poco después de que fueran los únicos que me impugnaran –recibí 800 adhesiones de universidades, organismos de derechos humanos, trabajadores de diferentes redacciones, personalidades de la cultura y demás–, ese mismo grupo económico pidió que metieran presos a un grupo de periodistas y funcionarios justamente por sus opiniones. Jamás oculté lo que pienso, ni pienso en ocultarlo. Defiendo la trascendencia de que la sociedad sepa qué piensan los funcionarios, los periodistas y no le escondan o disfracen sus verdaderos intereses. Pero eso de ninguna manera será un obstáculo para que ejerza la defensa del público de la radio y la TV con la imparcialidad que requiere.

–¿Cree que le será complejo diferenciar su posición política con el rol institucional que cumple desde hace un mes?

–Tengo clarísimo que tengo que defender al público. Durante muchos años tuve mi columna de Defensa de los Consumidores y los Usuarios en Radio Nacional para cooperar en la defensa del avance permanente de las corporaciones sobre los derechos de las personas. La diferencia es que ahora no defiendo a consumidores ni usuarios, sino a sujetos de derecho, y que no lo haré como periodista, sino como funcionaria pública, con un grado de responsabilidad mucho mayor, pero también con una herramienta de transformación superior.

–Uno de los grandes problemas que hasta ahora tuvo el medio es que las sanciones o multas por infracciones eran muy difíciles de aplicar. Incluso, en la mayor parte de los casos, el Estado terminaba conmutando esas sanciones por segundos de publicidad (algo que la nueva ley prohíbe taxativamente), en una suerte de “moratoria”. ¿Ahora están dadas las condiciones para que el peso de la ley caiga sobre los infractores y corrija los “desvíos”?

–No creo que las sanciones por sí mismas o en sí mismas sean el camino de transformación que necesitamos para que los medios de comunicación argentinos sean plurales, diversos, inclusivos, plenamente democráticos. Creo que el mejor camino es la tarea colectiva, la pedagogía, la reflexión, la apertura al debate… El verdadero cambio lo haremos colectivamente, pero aplicando, está claro, la ley con toda su fortaleza. Que no quepa la menor duda de que voy a actuar con toda la fuerza que la ley manda.

–Dentro de cuatro años, ¿con qué objetivos logrados se daría por satisfecha respecto de su rol al frente de la Defensoría?

–Con que la gran mayoría del pueblo sepa que cuenta con la Defensoría, que ese es su espacio de defensa de sus intereses y derechos, con que las niñas, niños y adolescentes participen activamente también, con que los trabajadores y trabajadoras de la comunicación la consideren como una herramienta para mejorar su tarea, con la incorporación del debate y la reflexión permanente a la vida cotidiana de la sociedad de la comunicación y con el cumplimiento de la LSCA por parte de todos los licenciatarios, autoridades y profesionales. Sueño con una Argentina con una comunicación plural y diversa que refleje la infinita riqueza cultural de nuestro pueblo. Mi deseo es que, en cuatro años, te vuelva a encontrar y te pueda decir que pude hacer mi aporte, por más pequeño que haya sido, para que nuestros medios de comunicación sean todo lo democráticos que necesitamos.

Fuente: Página 12, 30.12.12

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FISCAL MARCELO COLOMBO,

DE LA UFASE,

ANTE LA ABSOLUCION DE LOS ACUSADOS POR MARITA VERON

“Se dio nula relevancia probatoria

a testimonios de otras víctimas”

Para Colombo, el fallo del tribunal tucumano podría encuadrarse como “denegación de justicia”, lo que pondría al Estado “a las puertas de una responsabilidad internacional” si el caso se mantiene con ese resultado.

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 Por Mariana Carbajal

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Está conmovido por el veredicto del tribunal tucumano que absolvió a los 13 imputados por la desaparición y promoción de la prostitución de Marita Verón. El fiscal Marcelo Colombo es, probablemente, quien más conoce sobre el delito de trata en el país. Desde hace varios años conduce la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), de la Procuración General de la Nación. Desde ese lugar, realiza el seguimiento de todos los juicios que se llevan adelante en el país, y brinda asistencia y acompañamiento a los fiscales que investigan a las mafias prostibularias. En una extensa entrevista con Página/12, desgranó ese mundo sórdido, donde las mujeres son convertidas en esclavas sexuales, reveló los prejuicios que persisten entre jueces para escuchar a las víctimas y que terminan protegiendo a los proxenetas, lamentó las complicidades político-judicial-policiales que los amparan, precisó la cantidad de condenas y procesamientos por trata que ya hay en la Argentina y advirtió que “la denegación de justicia” en el caso de la joven tucumana “coloca al Estado Argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado”.

La mayoría de las mujeres explotadas sexualmente “fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad”, señaló Colombo en diálogo con este diario. El estereotipo más frecuente entre los jueces es que las sobrevivientes de trata “mienten”, apuntó. Para dar una idea del dinero que mueven las redes prostibularias, el fiscal dio un ejemplo concreto: “Un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos”. A su entender, en los casos de trata “sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además de un imperativo constitucional”.

–¿Cuál es su opinión del fallo que absolvió a los 13 imputados por la desaparición y la promoción de la prostitución de Marita Verón?

–El caso es en sí mismo una muestra de cómo el Estado –en este caso a través de las agencias policiales y judiciales provinciales que intervinieron– frustró el derecho a acceso a la Justicia de Susana Trimarco y su familia para averiguar lo que le pasó a su hija y sancionar a los responsables de su secuestro. Recordemos que es un caso iniciado seis años antes de la sanción de la Ley de Trata que impuso la federalización del delito y el establecimiento de dispositivos de investigación del delito y asistencia a sus víctimas.

–El caso llegó a instancias de un juicio oral luego de diez años de batallas judiciales…

–Sí, y lo primero que hay que destacar es que si hasta ahí llegó fue por la fuerza, valentía y capacidad de Susana Trimarco, y de los abogados que la acompañaron en esa tarea. Recordemos, además, que para ello tuvo que investigar el caso por su cuenta, enfrentando y denunciando a buena parte de las agencias policiales y judiciales que, con pistas falsas o trampas lego-procesales, le opusieron un sinfín de obstáculos. Si el caso llegó a esas instancias de debate, en suma, fue gracias a ella. En lo que hace al fallo, si bien no se conoce la totalidad de sus fundamentos, las líneas argumentales adelantadas en el momento de la lectura del veredicto y que el tribunal habría tenido en cuenta para pronunciarse, sumado al frustrante resultado final alcanzado, nos muestran la nula relevancia probatoria que les dio a los testimonios de las otras víctimas que pasaron por los prostíbulos que administraban las personas imputadas. Esas chicas, además de afirmar haber visto a Marita, relataron sus propios infiernos y padecimientos, mostrando el rostro inhumano del sistema prostibulario: abuso, violaciones, rotación de mujeres como objetos entre prostíbulos. Un sistema que aún hoy sigue naturalizado y visto en clave inocente y edulcorada. Desde la PGN hemos sacado un comunicado, junto a la responsable del Programa de Políticas Género creado por la procuradora Alejandra Gils Carbó, en donde enfatizamos que los valientes testimonios de las mujeres prostituidas habían sido ignorados, malinterpretados o subestimados. O quizá todo a la vez. La denegación de justicia que implicó este caso, en primera medida por la gran cantidad de errores e ilicitudes sucedidas durante la instrucción, y que Trimarco detalló con el rigor de un actuario en el juicio, y en segundo término por la sesgada interpretación que luego se hace en el juicio de la prueba testimonial de las mujeres, coloca al Estado argentino a las puertas una responsabilidad internacional, si el caso se mantiene con este resultado.

–De su experiencia en otros juicios de trata, ¿observa que a los jueces les cuesta creerles a mujeres que han sido obligadas a prostituirse?

–La causa recurrente de ello es el preconcepto sexista y clasista que, en general, portan los operadores del sistema judicial. Eso conduce a que no se conciba un testimonio de esas características como un testimonio especialísimo, y que como tal precisa de recaudos también especiales para su producción e interpretación. Son personas que soportaron prácticas abusivas extremas muy lejanas a las historias vitales de quienes integran la rama judicial. El prejuicio sobre la mujer prostituida se empieza así a construir sobre la base de una nula empatía con su situación, o una improbable capacidad del juez de colocarse en el lugar de esa víctima demasiada lejana y ajena a él.

–¿Qué consecuencias tiene esa situación?

–Se traduce en el modo desaprensivo y descuidado en que se las escucha. Sin el recaudo de retirar del recinto del debate a los imputados que la sometieron, ni de limitar las preguntas de la defensa a las cuestiones que hacen estrictamente a los hechos y no a sus vidas, que sea sólo el juez el que dirige las preguntas previo análisis sobre su admisibilidad, que sea acompañada en la testimonial con un apoyo psicológico profesional, entre otras importantes cuestiones prácticas. La segunda consecuencia del prejuicio del operador se nota en la interpretación de ese testimonio.

–¿Cómo se lo escucha?

–Se lo examina como un testimonio más, sin conciencia ni registro de la problemática psicológica que enfrentan esas mujeres cada vez que intentan el recuerdo de situaciones traumáticas. Todo lo cual lleva a muchos jueces a exigir de sus relatos un grado de precisión, detalle y cronología incompatibles con aquella traumática situación vivencial. Se acuerdan lo que pueden, pero no por eso mienten. Y esto se conecta con la responsabilidad internacional que tiene el Estado para abordar adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres, exigiendo que esa violencia no quede impune, que se respalde a las víctimas y se reivindique el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –integrado por expertos internacionales que juzgan los avances y retrocesos en la implementación por parte de los países de la Convención Cedaw– así lo ha señalado en reiteradas oportunidades, explicando que la aplicación de estereotipos en el juzgamiento de hechos que involucran a la mujer como víctimas afecta el derecho a un juicio imparcial y justo.

–¿Qué obstáculos hay dentro del ámbito de la Justicia para perseguir este delito?

–En los actuales casos de trata no se podría hablar de una demora como la que se observó en el caso de Marita Verón porque la ley es de hace sólo cuatro años. Los casos de trata que más complicaciones tienen para avanzar son aquellos en los que se encuentran complicidades políticas y en las fuerzas de seguridad para amparar el delito.

–¿Qué ha sucedido en esos casos?

–Los casos de complicidad policial y política en los que mejor se ha avanzado fueron investigados, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por la Justicia de instrucción. En ellos se imputó complicidad a funcionarios que protegían el funcionamiento de prostíbulos. Hay un caso con procesamiento confirmado de la plana mayor de una comisaría que marcha hacia el juicio oral, una investigación en la que colabora la Ufase junto al fiscal Fernando Fiszer, y recientemente se dictó una condena por delitos cometidos en la comisaría con jurisdicción en Saavedra fruto de una investigación realizada por el fiscal José Campagnoli, en donde la protección a prostíbulos aparecía como uno de los rubros ilegales encubiertos.

–¿Y en el fuero federal?

–En el fuero federal existe otra investigación en la que participamos junto al fiscal Federico Delgado en la que se ha logrado imputar encubrimiento y participación de funcionarios públicos en la protección de un prostíbulo, que se encuentra demorada por una discusión de competencia en la Cámara Federal.

–¿Se ha llevado a juicio a algún personaje poderoso?

–Si bien la regla general de las condenas no refleja sanciones a grandes bandas, como señalé, el costado de la connivencia político-judicial-policial es el más difícil de los casos. Algunas últimas condenas muestran que algunos personajes condenados son poderosos o peligrosos. Un último antecedente judicial de Paraná mostró cómo uno de los después condenados llamaba por teléfono a los jueces del tribunal oral que tenía que resolver su situación para amenazarlos. Por vía indirecta esa amenaza también la sufrió nuestro fiscal federal de juicio, Candiotti. De todos modos, ése es un aspecto a mejorar, llevar a juicio a los tratantes y a los funcionarios públicos cómplices.

–¿Cómo caracterizaría a las redes de trata en el país? Son grandes o pequeñas? ¿Cuánto dinero se estima que mueven?

–En lo que hace a la trata con fin de explotación sexual, el negocio del dinero se produce en el prostíbulo. La ganancia grande la obtiene el explotador de la red prostibularia. Le doy algunos ejemplos: un prostíbulo de nivel medio del barrio porteño de Flores en cinco años produjo una ganancia neta de 10 millones de pesos. Eso lo acreditamos, estudio pericial mediante, en el expediente judicial. Las etapas previas a la explotación, la captación y el transporte no resultan para nada costosas en términos de inversión y de mercado ilegal, y por eso no son redituables para esos intermediarios. El precio de una persona captada es muy bajo en comparación con lo que obtiene el explotador con su explotación. Los tratantes se valen básicamente de la situación de vulnerabilidad de la víctima, que no es otra cosa que la falta de opciones de vida dignas y pobreza. También del engaño, engaño que tiene más posibilidades de éxito cuanto menos educación y acceso a derechos tenga la mujer.

–Se avanzó significativamente en estos últimos años para combatir el delito de trata: mayor visibilización del delito, una ley, dispositivos de asistencia a víctimas, divisiones de fuerzas de seguridad especializadas, cursos de capacitación a funcionarios de la Justicia, normas locales que prohíben los prostíbulos. Sin embargo, las mafias siguen operando. ¿Qué medidas se deben implementar o profundizar para que la persecución del delito sea más eficiente?

–Nuestro rol es ver el medio vaso vacío. La cantidad de procesamientos y condenas dictados en la Argentina está entre los más altos de la región. Pero eso hay que mejorarlo, llevando a juicio casos más importantes, con imputados más poderosos y logrando el decomiso del dinero obtenido por la explotación de las personas. También debe trabajarse más y mejor por fuera del caso penal, para que las víctimas tengan la posibilidad de tener asesoramiento legal gratuito también para demandar civilmente a los tratantes. El escenario judicial de un reclamo civil tiene menos dificultades que uno penal, es más sencillo obtener un reconocimiento del daño patrimonial efectuado. Las organizaciones de la sociedad civil deben tener un espacio más definido para ser escuchadas, actuar y colaborar en esta materia. El proyecto de reforma a la ley –que será debatido la semana próxima a partir del llamado a sesiones extraordinarias por parte de la Presidenta– les otorga un espacio dentro de un Consejo Federal. De cualquier modo, los funcionarios tenemos que trabajar día a día en contribuir a un diálogo fluido con ellas, que representan a la sociedad no política organizada. En fin, hay mucho por hacer.

–¿Qué medidas considera más urgentes?

–Desde el punto de vista de las investigaciones, lo más urgente es cambiar el Código Procesal Penal de la Nación por un modelo acusatorio que nos otorgue a los fiscales la obligación y la facultad para investigar todos los casos de trata de personas. Hoy la investigación está en manos de un juez de instrucción federal. En los casos de trata sería importante evaluar la posibilidad de implementar un juicio por jurados, que representa un espacio de poder de decisión directo para el pueblo y además un imperativo constitucional. También establecer un sistema o dispositivo más ágil y eficaz para encontrar personas desaparecidas.

–¿Sirven las leyes que prohíben los prostíbulos? Mujeres que se definen como trabajadoras sexuales las rechazan, dicen que las empujan a la calle, donde son más vulnerables a las coimas de policías y quedan más expuestas a situaciones de violencia.

–La discusión acerca de lo que representa un prostíbulo para la ley, la trata de personas y la explotación sexual de mujeres se dio en la Argentina ya en el año 1937. Se dijo por intermedio de una norma, apoyada en estudios empíricos de la Liga de las Naciones, que los prostíbulos eran terreno fértil para la esclavización de la mujer. Eso se replica en nuestros días, exactamente del mismo modo. Los prostíbulos están llenos de mujeres pobres. Es decir, el móvil es la necesidad frente a la situación desigual y no la libre elección. Respondiendo su pregunta, las reglas no escritas del prostíbulo son de por sí las más violentas. Imposibilidad de rechazar un denominado cliente por la razón que fuera, dominio de la sexualidad por la exclusividad de tener que hacer pases para el bolsillo de otro, amenazas, golpes y malos tratos del proxeneta pero también de los que clientes, “sanciones económicas por no cumplir horarios, desorden, y faltas nunca bien descriptas y siempre aplicadas”, manejo del dinero por parte de quien la explota. Hay muchos estudios realizados que muestran los daños, todavía invisibilizados de la práctica prostibularia. El consejo para la alternativa de las prostitutas en Portland, Oregon, estableció en un informe realizado a 179 mujeres que dejaron la prostitución prostibularia en la década del 90 que el 78 por ciento había sido víctima de violación, el 48 por ciento violada por sus proxenetas en un promedio de 16 veces al año.

–Si tuviera a clientes de prostíbulos delante… ¿qué les diría?

–Que son funcionales a la trata de personas, que la abrumadora mayoría de las mujeres en situación prostibularia son vulnerables, pobres, no tuvieron la posibilidad de estudiar y tener un plan de vida al igual que ellos, que están ahí por necesidad y no por placer, que la mayoría de ellas fueron introducidas a la prostitución entre los 13 y 17 años de edad, que el dinero que ellos pagan va a los bolsillos de los explotadores y los cómplices públicos. No hay nada naïf y divertido en eso.

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Unas putas y nada más

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 Por Mariana Carbajal

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Cinco jóvenes mujeres, sobrevivientes de redes de trata declararon, en el juicio que culminó el martes con una vergonzosa sentencia absolutoria, que vieron a Marita Verón en distintos burdeles de La Rioja, donde ellas mismas estuvieron cautivas y sufrieron todo tipo de vejámenes. Lloraba en todo momento, con las pupilas dilatadas. No tenía equipaje. Les comentó que tenía una hija de tres años llamada Micaela, que ella tenía el nombre artístico de Lorena. Una de las víctimas rescatadas la vio con peluca de cabellos rojos y con lentes de contacto. Contaron que cuando los proxenetas se enteraban –por filtraciones policiales– de que podía haber un allanamiento, a Marita la sacaban del burdel y la llevaban para otro lado.

Por el veredicto que dictó la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán, las palabras de esas cinco víctimas de mafias prostibularias no fueron tenidas en cuenta. No valieron como prueba. El tribunal no les creyó.

El martes próximo se conocerán los fundamentos del fallo. Se podrá entender un poco más sobre el resultado de un juicio oral y público que demandó diez meses y convocó a más de un centenar de testigos, pero cuya investigación judicial llevó una década. ¿Cómo ponderaron los jueces la prueba testimonial? Esa es la gran pregunta. En el juzgamiento de delitos complejos –como la trata–, y como ocurre en la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, los estándares probatorios se flexibilizan cuando no hay otro tipo de prueba y se ponderan el contexto en el que sucedieron los hechos, los indicios. Tal vez no existían pruebas suficientes para determinar cómo fue secuestrada Marita, por las deficiencias en la instrucción del caso. Pero Marita fue vista –según declararon varias víctimas de trata– en distintos prostíbulos riojanos, regenteados por Irma “Mamá Lili” Medina y sus hijos, José “Chenga” Gómez y Gonzalo “Chenguita” Gómez, tres de los trece imputados absueltos. Y antes, semanas después de su desaparición, en mayo de 2002, en la casa de Daniela Milhein, acusada de dedicarse a reclutar chicas para ser explotadas en los prostíbulos.

Los proxenetas que esclavizan a muchachas para explotarlas sexualmente convierten a las mujeres en mercancías, las cosifican: son objetos que pueden comprarse y venderse. Las despersonalizan a fuerza de violaciones, dosis de droga y otros malos tratos y torturas, para “ablandarlas” y que sean dóciles ante los clientes-prostituyentes. Ser escuchadas por un tribunal es el primer paso para empezar a recuperar su condición de sujetos, de ciudadanas con derechos. Es el primer paso para poder sanar tantas heridas. El hecho de que sus palabras no sean creídas las revictimiza. Y tiene un efecto disciplinador hacia otras sobrevivientes que pueden aportar datos valiosos para perseguir el delito de la trata. A partir de este fallo, preferirán el silencio: para qué exponerse a que los proxenetas se venguen con sus hijos, como siempre las amenazan, pensarán muchas.

Ayer uno de los abogados de la Fundación María de los Angeles que representaron a Susana Trimarco en el juicio, Carlos Garmendia, recibió múltiples mensajes de apoyo en su celular, como todas aquellas personas vinculadas con el caso. Pero el que más conmovió a Garmendia fue enviado por una joven rescatada de un prostíbulo en Catamarca, que no conoció a Marita, nunca la vio, ni declaró en el juicio: “Doctor, después de lo que hizo la Justicia ayer, me doy cuenta de que es una mierda, que para ellos somos unas putas y nada más. Fuerza doctor y hoy todos somos Marita”, le escribió la chica. Unas putas y nada más. ¿Quién le cree a una puta? Ese parece ser el nudo del veredicto.

Por último: se observa en la sociedad una generalizada indignación ante la sentencia que dejó en libertad a todos los imputados. Valdría la pena recordar que si hay trata de mujeres es porque hay muchos varones de esta misma sociedad que pagan por esos cuerpos esclavizados y otros varones –funcionarios públicos, de fuerzas de seguridad, del poder político y de la corporación judicial– que amparan esas mafias.

Hoy somos todas Marita.

Fuente: Página 12, 13.12.12

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Un debate en el Congreso

EL DERECHO DE LA MUJER A DECIDIR

Argumentos para despenalizar

Especialistas en los temas de mujer y derechos humanos debatieron en el marco del Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe, que se conmemora hoy. Hablaron Víctor Abramovich y Nelly Minyersky, entre otros.

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Por Mariana Carbajal

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Dos reconocidos juristas reclamaron ayer que se abriera el debate en el Congreso por el aborto y se avanzara con la despenalización de esa práctica. Así se pronunciaron los abogados Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), y Nelly Minyersky, directora de la Maestría Interdisciplinaria de Problemáticas Infanto-Juveniles de la Facultad de Derecho de la UBA. Ambos enfatizaron que la Corte Suprema, en su fallo sobre aborto no punible del 13 de marzo, fue más allá de los casos contemplados en el Código Penal y dio argumentos jurídicos de derecho constitucional e internacional para legalizar la interrupción voluntaria de embarazo. Abramovich y Minyersky participaron de una mesa redonda organizada en la Biblioteca del Congreso, en el marco de las acciones por el Día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América latina y el Caribe, que se conmemora hoy.

La actividad fue organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y diputados y diputadas firmantes del proyecto de ley Interrupción Legal del Embarazo (IVE), que se encuentra silenciado en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja. Entre el público, estuvieron varias de las diputadas que impulsan la iniciativa, entre ellas, Juliana Di Tullio, vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria, y Adela Segarra, de esa bancada; María Luisa Storani, del radicalismo; Victoria Donda, del FAP; Virginia Linares, del GEN. Hoy, entre las 16 y las 20, organizaciones que forman parte de la campaña se concentrarán con sus pañuelos verdes frente al Congreso para reclamar también el tratamiento del proyecto.

Ayer, Amnistía Internacional también se pronunció con una exhortación para que el país despenalice el aborto. “Argentina aún adeuda una discusión profunda y seria respecto de la despenalización del aborto. Un fallo reciente de la Corte Suprema sobre aborto no punible significó un paso adelante sumamente relevante, pero aún no es suficiente”, señaló AI, en un comunicado de prensa (ver aparte).

La charla en la Biblioteca del Congreso fue convocada bajo el título: “Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Implicancias jurídicas y de salud. Relación con el nuevo Código Civil”. Además de Abramovich y Minyersky, formó parte del panel el cirujano Germán Cardoso, fundador del Movimiento de Médicos Argentinos por el Derecho a Decidir.

Abramovich, quien fue relator especial sobre derechos de las mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y director ejecutivo del CELS, fue el primer expositor. El del aborto, dijo, “es un debate que trasciende los partidos políticos, que tiene que ver con los derechos humanos, la salud y la justicia social, y la igualdad”. El jurista, especialista en derechos humanos, apuntó que en la sentencia sobre aborto no punible, la Corte debilitó los argumentos jurídicos de los grupos antiderechos, que defienden la criminalización del aborto, como el derecho a la vida, “en general” contenido en el artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “No establece un derecho absoluto de la vida. No implica un mandato de penalización del aborto”, aclaró. Además, explicó, el máximo tribunal “avanza y dice que ciertos supuestos de criminalización del aborto afectan derechos consagrados en tratados internacionales, en especial el derecho a la igualdad, la autonomía y la protección de las mujeres víctimas de violencia. Y remarcó que “para avanzar en el debate constitucional en la Argentina es interesante ver cómo la Corte Suprema analiza las consecuencias sociales de determinadas regulaciones jurídicas, en condiciones de igualdad de género y de igualdad social. El dato social nos está demostrando que la penalización del aborto no sólo es inefectiva en términos de prohibición, sino que tiene consecuencias perjudiciales, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad materna, la situación de violencia institucional por el sometimiento a las burocracias médicas para acceder a abortos, incluso en los supuestos que la ley establece, más las condiciones derivadas de la clandestinidad del aborto fruto de la prohibición. Estamos en un momento de avances en términos de derechos civiles y sociales y es el momento de generar la discusión sobre la despenalización del aborto en Argentina”, afirmó.

Minyersky consideró que “el derecho es un instrumento que usan todos los sectores misóginos para estratificar y someter a las mujeres a una posición de inferioridad; parece que fuera el último bastión que hay que recuperar frente a un crecimiento en la igualdad de derechos”. La abogada opinó que el aborto “es un problema bioético que debería estar resuelto a favor de la mujer” y destacó que “tenemos un marco legal que nos habilita” a despenalizar y legalizar la práctica.

Cardoso, fundador del Movimiento Argentino de Médicos Argentinos por el Derecho a Decidir, describió la realidad de las mujeres que enfrentan un embarazo no deseado y que se ven forzadas a interrumpirlo en la clandestinidad. “Las que más sobrellevan la injusticia social y el maltrato son las de los sectores vulnerables.” “El aborto –agregó– es una realidad cotidiana e inevitable, ya que ningún método anticonceptivo es completamente infalible.” Y consideró que el debate en torno del tema “se aleja de la realidad de las mujeres. Se invocan criterios morales y jurídicos mientras la vida de las mujeres pasa a segundo plano”. “Hay que despenalizar el aborto porque las cifras son alarmantes”, siguió. Y recordó algunos datos estadísticos. “En la Argentina hay más de 500.000 abortos clandestinos al año. El 37 por ciento de los embarazos termina en aborto. Estos abortos son la principal causa de mortalidad materna”, enumeró. “El aborto clandestino muestra la inequidad en salud según los estratos sociales, es por eso que debe considerarse la despenalización. Los embarazos no deseados y las muertes por aborto clandestino son una deuda social del Estado con los sectores menos favorecidos de esta sociedad, una deuda que el Estado debe saldar cuanto antes.” Cardoso indicó que, cuando se despenaliza, disminuye la tasa de aborto. En Latinoamérica –precisó–, donde el aborto está penalizado, se realizan 39 abortos cada mil mujeres; en países donde está despenalizado, en cambio, diez cada mil.

Fuente: Página 12, 28.09.12

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 El protocolo porteño sobre abortos no punibles

desacata el fallo de la Corte Suprema

Para Macri, decreto mata sentencia

Tal como reveló ayer Página/12, el decreto que firmó el ministro de Salud introduce condiciones no previstas por el tribunal máximo. Diputados de la oposición advirtieron que la reglamentación dificulta a las mujeres el acceso al aborto no punible.

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Por Mariana Carbajal

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El gobierno porteño publicó ayer en el Boletín Oficial la reglamentación de la atención de los abortos no punibles, que fijó a través de una resolución del ministro de Salud, Jorge Lemus, tal como adelantó Página/12. Se trata de un protocolo muy restrictivo, que desacata abiertamente el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo, donde el máximo tribunal exhortó a las autoridades de cada jurisdicción a eliminar los requisitos ilegales que históricamente se les exigieron a las mujeres en distintos puntos del país, a fin de garantizar el acceso a los abortos permitidos por el Código Penal. La regulación recibió fuertes críticas de legisladores de la oposición al macrismo.

La norma porteña regula los abortos no punibles contemplados en el artículo 86 del Código Penal. Pero se aleja de los lineamientos que marcó la Corte. Aunque respeta que no se pida más una autorización judicial para realizar la intervención, establece otras cláusulas o condiciones que no están previstas en el Código Penal: uno de los problemas más graves de la flamante regulación es que, para los casos de violación, impone un límite arbitrario de doce semanas de embarazo para llevar adelante la intervención. “Hay jovencitas, más cuando tienen algún problema mental, que detectan el embarazo en estado más avanzado y no en las primeras semanas de gestación”, advirtió la diputada del Frente Progresista y Popular María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña. Esta imposición significa un grave riesgo y no tiene fundamentos clínicos. El segundo semestre es el de mayor peligro de morir por un aborto clandestino. La Organización Mundial de la Salud fija un límite para el aborto en 22 semanas. En Inglaterra, Bélgica y Holanda está permitido hasta las 23 semanas.

La resolución, que lleva el Nº1252, establece además que cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, el médico interviniente podrá consultar a un comité interdisciplinario “para la evaluación y contención de los casos que se presenten” y el director del hospital tendrá la potestad de “confirmar el diagnóstico y la procedencia de la interrupción”. Sobre este punto, la Corte fue muy clara: dijo que el pedido del aborto se debe realizar frente al médico interviniente y no deben opinar comités interdisciplinarios ni de otro tipo. Una vez que está dado el consentimiento informado por parte de la mujer, el protocolo establece que la práctica se debe realizar en un plazo no mayor a cinco días hábiles.

Otro de los aspectos más criticados es que permite que los médicos se declaren objetores de conciencia frente a cada caso –y no cuando entra en vigencia la norma o al ingresar al sistema de salud público, como marcó el máximo tribunal en su sentencia– y que esa decisión sea confidencial, lo que podría favorecer que una mujer tenga que ir de un médico a otro, en un largo derrotero, hasta encontrar uno que acceda a llevar adelante el aborto, sin saber con anticipación cuál es la posición del profesional.

“Esta resolución atenta contra el derecho de las mujeres y adolescentes a interrumpir su embarazo cuando corre riesgo su vida o en casos de violación, porque vulnera el texto del Código Penal y los criterios que estableció la Corte Suprema en su fallo histórico imponiendo requisitos y condiciones adicionales y dilatorias, como por ejemplo el límite de gestación de 12 semanas para realizar la interrupción del embarazo”, señaló la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Alegre, integrante de la Comisión de Salud de la Legislatura. “El PRO dice cumplir con el fallo de la Corte sobre el aborto, pero es una mentira más. La norma pone obstáculos, escollos y frenos, cuando según la Corte debería funcionar como un procedimiento para eliminar barreras de acceso al derecho al aborto, para que pueda practicarse de manera rápida, accesible y segura”, agregó Alegre.

La legisladora por Buenos Aires para Todos Laura García Tuñón consideró que el protocolo “confirma la estrategia del macrismo de obstaculizar el derecho al aborto no punible, ya que presenta una serie de requisitos y trabas burocráticas que no tienen otro fin que dificultar la realización del aborto”. Entre los puntos cuestionables, García Tuñón expresó su preocupación sobre “la situación para las menores, ya que se va a requerir la autorización de su representante legal, desconociendo los leyes específicas de protección integral de los derechos de la niñez, y no teniendo en cuenta que en la gran mayoría de los casos los violadores se encuentran en el propio seno familiar”. La Guía Técnica de Atención de los Abortos No Punibles elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación permite a partir de los 14 años que las adolescentes puedan dar su consentimiento informado. Esa guía fue adoptada como protocolo por Santa Fe, Santa Cruz y Chaco.

Naddeo consideró que la firma de la resolución “es una maniobra del Ejecutivo, cuando vio que el despacho de la oposición logró unificar distintas posturas”. El martes de la semana pasada, los legisladores de la oposición firmaron un dictamen de minoría para regular los abortos no punibles por ley. El texto fue el resultado del consenso entre el FV, Nuevo Encuentro, UCR, Coalición Cívica, Buenos Aires para Todos y FPP, entre otros bloques. En cambio, el macrismo firmó un despacho de mayoría que lo único que propone es que el tema vuelva a discutirse en comisión, con clara intención de cajonear el tratamiento del tema –ante la falta de acuerdo al interior del bloque–, una estrategia que mantiene desde hace más de cuatro años para frenar la sanción de una ley.

Sin embargo, dos días después, el ministro Lemus firmó sorpresivamente la resolución que ayer se publicó en el Boletín Oficial. De todas formas, mañana está previsto en el temario de la Comisión de Mujer que se empiece a discutir en ese ámbito los dos dictámenes.

Las mujeres que pidan un aborto por violación podrán presentar una declaración jurada, o la denuncia penal si la hicieron, en sintonía con los criterios que fijó la Corte. Pero serán sometidas a un proceso que parece estar preparado para disuadirlas de llevar adelante la interrupción: el servicio social del hospital les debe informar sobre las ayudas públicas a embarazadas y sus hijos y sobre la posibilidad de dar en adopción a la criatura. Además, se le dará intervención al Area de Atención a las Víctimas de Delitos Sexual, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno macrista, un organismo que actualmente es conocido por sus posturas conservadores y que podría terminar presionando a la mujer para que desista del aborto, como ha ocurrido en otras provincias ante casos similares.

Un aspecto que respeta el fallo de la Corte de la regulación es que establece que toda mujer que solicite la práctica de aborto no punible, cualquiera sea el supuesto, “podrá acceder a asistencia legal, psicológica y social necesaria” en los hospitales. “Esta asistencia –dice la resolución– se ofrecerá desde el inicio de la solicitud y durante todo el proceso de atención con relación a la práctica.”

Para Jorge Bergoglio, es “lamentable”

El cardenal Jorge Bergoglio calificó como “lamentable” la decisión del gobierno de Mauricio Macri de reglamentar el protocolo que habilita los abortos no punibles en la Ciudad. En un comunicado, el arzobispo advirtió que percibe “una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer”. “El aborto nunca es una solución”, aseveró, citando un documento de la Conferencia Episcopal Argentina. “Al hablar de una madre embarazada hablamos de dos vidas, ambas deben ser preservadas y respetadas, pues la vida es de un valor absoluto”, agregó, nuevamente haciendo referencia al mismo texto episcopal. La reglamentación instrumentada por el gobierno porteño “amplía la despenalización del aborto cediendo a la presión del fallo de la Corte Suprema de la Nación”.

El máximo tribunal, evaluó Bergoglio, “excedió sus competencias exhortando a aprobar protocolos, afectando de esta manera la división de poderes y vulnerando el federalismo”, algo que podría tener consecuencias “jurídicas, culturales y éticas”, todas ellas derivadas de la implementación efectiva del protocolo hospitalario. “Las leyes configuran la cultura de los pueblos y una legislación que no protege la vida, favorece una ‘cultura de la muerte’”, insistió, citando la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II.

Por todas esas consideraciones, Bergoglio exhortó a las autoridades políticas y legislativas a que “en un clima de máximo respeto” se adopten “medidas positivas de promoción y protección de la madre y su niño en todos los casos, a favor siempre del derecho a la vida humana”. Se debe “escuchar, acompañar y comprender desde nuestro lugar a fin de salvar las dos vidas”.

Fuente: Página 12, 11.09.12

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Perspectivas jurídicas abiertas

por el fallo condenatorio contra un hombre

que quiso matar a su exmujer

La sentencia que le puso nombre al femicidio

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Javier Weber fue condenado a 21 años de prisión por balear a Corina Fernández, en un juicio cuyos fundamentos se conocen ahora: el tribunal usó la figura de “tentativa de femicidio” y argumentó por qué deben ser considerados como tales esos crímenes en la Argentina.

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Por Mariana Carbajal

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Por intentar matar a su ex pareja, un hombre fue condenado a 21 años de prisión, en el primer fallo que nombra ese delito como “tentativa de femicidio”. El episodio ocurrió el 2 de agosto de 2010, a las 8 de la mañana, cuando Javier Weber, de 53 años, disfrazado con peluca, impermeable, gorro y bastón, para simular ser una persona mayor, fue hasta la puerta de la escuela Manuela Pedraza, del barrio porteño de Palermo, donde su ex esposa iba a dejar a las dos hijas de ambos. “Te dije que te iba a matar, hija de puta”, le dijo, le apoyó un revólver en el pecho y le disparó. Corina Fernández se salvó de milagro: dos balas impactaron en el tórax y un tercer proyectil, en el abdomen, pero sobrevivió. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Criminal N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires hace unos días y ahora se conocen sus fundamentos, 170 páginas donde se detallan las distintas caras que adquiría la violencia machista –psicológica y física– que el agresor perpetró contra su pareja durante los años que vivieron juntos y luego, cuando ella tomó la decisión de separarse. Todavía Corina tiene dos balas en el cuerpo.

“No cabe duda de que la muerte de una mujer a consecuencia de la violencia de género constituye una categoría sociológica claramente distinguible y que ha adquirido especificidad normativa a partir de la Convención de Belem do Pará. No hay razón, en consecuencia, para no darle nombre y, en tal sentido, cabe señalar que la conducta de Javier Claudio Weber constituye un intento de femicidio, entendiendo por tal la muerte de una mujer –o de una persona con identidad femenina– ejecutada por un varón en razón del género”, dice el voto de dos de los magistrados del TOC N 9.

Las humillaciones incluyeron situaciones como el hecho de obligarla a dormir en el piso o en la habitación de servicio. El hombre vivía amenazándola de muerte. Corina dijo que lo llegó a denunciar 80 veces, pero las respuestas de la Justicia fueron ineficientes para protegerla. Desde la primera denuncia, se dictó inmediatamente la prohibición de acercamiento a su esposa, pero el hombre la violó sistemáticamente. Y continuó amenazándola de muerte. Incluso llegó a juicio por esas conductas: Weber fue sometido a juicio por desobediencia –no cumplía con la restricción de acercarse– y amenazas reiteradas, y condenado por la Justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, a un año y medio de prisión en suspenso. Fue dejado libre y a los quince días la baleó. Un caso paradigmático que revela la trama siniestra de la violencia de género y las fallas del Estado para amparar a las víctimas que anuncian desesperadamente que su vida corre riesgo.

“Tuvieron más de un aviso de parte mía de que este señor iba a cumplir lo que amenazaba”, se quejó Corina ante el tribunal. La alta pena impuesta da un mensaje claro: la violencia de género no es admisible. En diálogo con este diario, uno de los integrantes del TOC N° 9, el juez Fernando Ramírez, explicó los alcances del fallo.

El fallo fue firmado el 8 de agosto por los jueces Luis García –en calidad de presidente del TOC N° 9–, Ana Dieta de Herrero y Ramírez, pero los fundamentos se difundieron hace pocos días. “El femicidio es, en sí mismo, la expresión extrema de la violencia de género por cuanto implica la negación de la vida misma”, dijeron los magistrados. Y aclararon que la conducta del condenado “es de aquellas que constituyen el objeto de la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, conocida como Belem do Pará. Los jueces añadieron que el accionar de Weber “estaba dirigido a provocar la muerte de Corina Fernández en razón de su condición de mujer y fue llevada a cabo por quien había compartido con ella una vida en común en el marco de una unidad familiar”. Después de recibir los disparos, Corina fue trasladada a un hospital, donde los médicos pudieron salvarle la vida tras una intervención quirúrgica y un tratamiento de cuidados intensivos. Corina y Weber se conocieron hace 15 años, mientras veraneaban en Punta del Este. El se presentaba como comerciante; ella era diseñadora gráfica. Tuvieron dos hijas, que hoy tienen de 12 y 11 años.

Sin excusas

Weber, de 53 años, fue condenado por los delitos de “tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego” y “por tenencia ilegal de arma de fuego”. Además, la Justicia le sumó un año y medio por “amenazas” consecutivas. “La tentativa de muerte de una mujer por parte de un varón por razón de género tiene nombre, es tentativa de femicidio y así hay que denominarla”, explicó en diálogo con Página/12 el juez Ramírez, aunque esa figura no existe en el Código Penal. Ramírez y Dieta de Herrero coinciden en su voto con esta mirada. Es la única diferencia con el juez García. La condena se aplicó por unanimidad.

Otro punto importante de la sentencia es que hace una clara clasificación del hecho como “violencia de género”. El tercer aspecto que merece destacarse es que los tres miembros del tribunal descartan la posibilidad de que se contemple como atenuante la “emoción violenta” –como pedía la defensa– y se aplicó en la condena del femicida de Wanda Taddei, el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, que así recibió 18 años de cárcel en lugar de prisión perpetua por el homicidio agravado por el vínculo de su esposa. “Nuestro ordenamiento jurídico y constitucional no permite excusas frente a la violencia de género en ningún caso. Si se entiende conceptualmente que la violencia está sostenida en una situación de dominación y desigualdad, de ninguna manera se puede justificar una conducta que la mantenga”, señaló Ramírez. Es decir, para el tribunal, en ningún caso de femicidio se puede aplicar atenuantes. Este punto es clave porque los prejuicios machistas de muchos magistrados operan dispensando a hombres que mataron a su esposa o ex pareja, entendiendo que actuaron bajo emoción violenta –por ejemplo, si se enteraron que su pareja le era infiel, como si fuera un motivo que justificara un asesinato de una mujer– o encuentran circunstancias extraordinarias de atenuación para reducirles la pena.

Eso hizo hace algunos años un juez en Santiago del Estero al condenar a un hombre que asesinó a su esposa: el magistrado le redujo la pena porque ella hacía tres meses que no le planchaba camisas ni le hacía la comida, según recordó la filósofa y ex legisladora porteña Diana Maffía, durante su ponencia en el XIX Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) que tuvo lugar entre el miércoles y el viernes último justamente en Santiago del Estero. “Los celos, la infidelidad o el abandono no pueden ser condiciones de excusabilidad frente a un femicidio”, opinó Maffía.

Los jueces del TOC N° 9 sostuvieron que el intento de femicidio ejecutado por Weber contra su ex pareja “se manifiesta además como el final de un proceso de violencia que se ha prolongado en el tiempo, adquiriendo múltiples expresiones, humillaciones, amenazas, golpes, extorsiones, malos tratos e insultos, que se han multiplicado a lo largo de los años, provocando múltiples intervenciones institucionales”. Sin embargo, ni ello ni la condena a un año y medio de prisión por amenazas que había recibido Weber antes del ataque, “resultaron suficientes para detenerlo” y, si bien significaron “una ocasión de reflexionar acerca de sus conductas … lejos de modificarlas las intensificó, manteniéndose firme en su voluntad de dominio”, subraya la sentencia. Weber “despreció las normas y mandatos de la autoridad que, a su criterio, invadían su reino privado y desobedeció sistemáticamente las normas que le prohibían tomar contacto” con Corina y sus hijas “y ante la sanción por sus inconductas, se erigió en legislador y juez”, enfatizaron los jueces.

Fuente: Página 12, 03.09.12

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Presentan hoy en el Congreso

un proyecto respaldado por 40 diputados

Se abre el debate por el aborto legal

Es el mismo proyecto que comenzó a tratarse en noviembre y perdió estado parlamentario. Vuelve al ruedo una semana después del fallo de la Corte sobre aborto no punible. Lo apoyan diputados del FpV, la UCR, el GEN, el socialismo y Nuevo Encuentro.

Por Mariana Carbajal

Con la firma de más de cuarenta diputados y diputadas del oficialismo y la oposición, se presentará hoy nuevamente en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La kirchnerista Adela Segarra encabeza la iniciativa. “Este debate está mucho más instalado en la sociedad de lo que suponemos. Hay mucho más consenso del que podíamos pensar”, señaló Segarra ayer a Página/12. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados una semana después del fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible. La propuesta despenaliza y legaliza la práctica en las primeras doce semanas de gestación con el único requisito de la decisión de la mujer. También la suscriben los presidentes de los bloques de la UCR, Ricardo Gil Lavedra; del GEN, Margarita Stolbizer; de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y de Unidad Popular, Claudio Lozano. Entre los firmantes hay, además, legisladores y legisladoras de Proyecto Sur, Libres del Sur, el Partido Socialista, el PRO y la Coalición Cívica.

El proyecto propone despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado y las obras sociales del país, hasta las doce semanas de gestación. Además, no pone límite de tiempo para las actuales causales de no punibilidad que contempla el Código Penal, en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer o si la gestación proviene de una violación.

El texto es el mismo que se empezó a discutir en noviembre en la Comisión de Legislación Penal. Pero a fin de año perdió estado parlamentario. Entre los firmantes del proyecto había hasta anoche 16 integrantes del bloque kirchnerista. Entre ellas, las diputadas Silvia Risko y María Elena Chieno, que presiden las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Salud, respectivamente. Es muy probable que ésas sean dos de las comisiones a las que será girado el proyecto y en las que tendrá que empezar a discutirse, además de la de Legislación Penal, que encabeza otro kirchnerista, Oscar Albrieu. Este legislador no suscribió la iniciativa, pero ha expresado su simpatía con el proyecto a integrantes de la Campaña. Por el PRO, la única firmante es Laura Alonso, que ya lo había suscripto en 2010. Pero por primera vez lo firma el presidente de la bancada radical. “Comparto la idea de la necesidad de establecer pautas para la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación. Creo que hay una tensión de grado entre el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y el del no nacido. En las primeras semanas prevalece el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es una posición mía, individual. No es un tema que se haya discutido en el bloque, pero seguramente habrá libertad de conciencia a la hora de votar. Es un tema espinoso. Pero es muy importante la posibilidad de discutirlo”, explicó Gil Lavedra a Página/12.

Otro de los diputados que firmaron el proyecto es el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado. En diálogo con este diario contó las razones por las cuales está a favor de la despenalización y legalización del aborto: “Tuve que acompañar a parejas a hacerse abortos desde mi adolescencia. Vi lo que se sufre por tener que hacerlo a escondidas, juntando plata, con el temor de que pueda caer la policía y sin saber en qué puede terminar la intervención”, señaló.

El proyecto fue elaborado en el marco de la Campaña por el Derecho al Aborto, que integran más de 250 organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de derechos humanos, a través de un extenso proceso de consultas y búsqueda de consenso. Estela Díaz, responsable de Género de la CTA alineada con Hugo Yasky –entidad que forma parte de la Campaña–, recordó que en 2007 el proyecto se presentó en el Congreso como una iniciativa de la sociedad civil, sin firmas de diputados. Un año después, en 2008, ingresó con 22 firmas, en 2010 con 33, pero varios meses después ya tenía cincuenta. Veinte de los legisladores que lo apoyaron terminaron su mandato en diciembre. “Ahora, en una sola semana, se consiguieron más de 40 firmas”, destacó Díaz. “Lo que ratifica esta nueva presentación es la gran instalación social de este debate. Esta discusión hace años que se viene saldando en la sociedad. Reconocemos que es un tema controvertido, pero en un marco de ampliación de derechos no puede dejarse de lado la injusticia social que implica el impacto de la criminalización del aborto ni la falta de respuestas a los riesgos a la salud a los que son expuestas las mujeres y la falta de respeto de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Nuestra expectativa es que se empiece a debatir en comisiones”, subrayó Díaz.

Para evitar interpretaciones restrictivas y arbitrarias, como ocurrió históricamente con la regulación de los abortos no punibles, el proyecto está escrito en un lenguaje muy claro. Sus puntos principales son:

  • Consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras doce semanas del proceso gestacional.
  • Fuera de ese plazo, contempla la intervención en caso de que el embarazo fuera producto de una violación y si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
  • La práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.
  • Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.
  • Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, “se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales”.
  • Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio, se pedirá el consentimiento informado de su representante legal.
  • No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso.
  • La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con excepción de los casos en que la práctica se realice sin el consentimiento de la mujer.
 Fuente: Página 12, 20.03.12

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