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Archive for the ‘08. Medio Ambiente’ Category

El debate minero y los peligros actuales

– Por Norma Giarracca *

El debate acerca de la actividad minera ha llegado a un punto que, a nuestro juicio, conduce a dos situaciones peligrosas en relación con las interacciones necesarias para avanzar en la democratización de la sociedad y en ese contexto discutir la minería como parte del modelo extractivo. El movimiento contra las actividades extractivas necesita de terceros aliados que le permitan conseguir visibilidad, así como espacios de democratización institucional donde sus reclamos sean efectivizados. En la Argentina este movimiento social contiene distintas organizaciones con diferentes sujetos –campesinos, indígenas, poblaciones cordilleranas y patagónicas o aquellas que piden “paren de fumigar”– y mantiene diferentes tipos de relaciones con el Estado. La principal disputa es con las corporaciones económicas transnacionales o inversores nacionales o extranjeros y, en tal sentido, el Estado en sus distintos niveles cumple papeles diferentes y, por tal razón, no hay un solo modo dentro del movimiento de relacionarse con él (pasa lo mismo en el resto de América latina).

Las asambleas de autoconvocados contra la megaminería han tenido desde su formación distintas posiciones en relación con el Estado pero siempre han buscado alianzas con terceros para dar a conocer los enfrentamientos o llegar a quienes demandan. Dentro de estos “terceros” últimamente apareció el Grupo Clarín, primero en Famatina y luego en Catamarca, donde propuso poner la resistencia en la mira nacional por su capacidad de llegar a todo el país. Es importante señalar que su llegada a Famatina (donde estuvimos) desató discusiones dentro de los pobladores en el corte y sus periodistas recibieron tantos aplausos como silbatinas en sus transmisiones. Esta intervención, como era de esperar, tuvo consecuencias no deseadas: a partir de allí, y sobre todo de los sucesos represivos de Tinogasta, nuevamente el espacio sociopolítico comenzó a ser presentado de un modo binario; Clarín-Gobierno. El peligro que esta situación acarrea es que las organizaciones en resistencia y los “terceros comprometidos” queden atrapados en esta falsa disyuntiva por agradecimiento a un medio que los puso en imágenes y por la falta de diálogo con el Estado.

En el espacio progresista de esta sociedad existe la reiterada necesidad de una coherencia entre el pasado y el presente, porque lo que ocurrió de 1976 a 1983 es de tamaña magnitud que no puede borrarse de las biografías sociales o personales. Monsanto, la Barrick Gold, pero también Ledesma o el Grupo Clarín deben ser juzgados por el daño que hacen hoy y por lo que algunos de ellos significaron durante la dictadura. No pueden convertirse en aliados tácticos ni estratégicos de ningún movimiento social que se reivindique como tal, es decir con un mínimo sentido emancipador. En síntesis, el primer peligro que visualizamos reside en que algunas de las organizaciones en resistencias o de los terceros comprometidos, crean que Clarín juega un papel “progresista” en estas resistencias porque otorga cámara u ofrece espacios de debates en sus medios, con toda la legitimidad que supone ocupar esos espacios; debe quedar claro que no es eso lo que está en discusión sino la caracterización del vínculo.

El segundo peligro que avizoramos tiene que ver con lo que está ocurriendo del lado de los actores del campo estatal y sus terceros aliados. Como la causa minera está apoyada por su enemigo central de los últimos años, están tentados a negarse a discriminar entre este hecho y el problema propiamente dicho y muchos “cierran filas” defendiendo la minería y desvalorizando a las poblaciones en resistencia con epítetos tales como “fundamentalistas”, “ignorantes”, “hacerle el juego a la derecha”. En las últimas semanas, comunicadores con largas y coherentes trayectorias progresistas se han enganchado en la ridícula discusión de si una minera usa o no cianuro o, peor aún, “invisibilizando” represiones o “patoterismo” empresarial, “para no hacerle el juego a la corpo”. Ni hablar de las posturas de “intelectuales” que aunque ignoran en profundidad lo que ocurre salen a levantar banderas empresariales más que estatales.

Debemos recordarles a todos ellos que la lucha contra las corporaciones mineras atraviesa el mundo y que no existen sujetos progresistas de ningún tinte en este siglo XXI que no critiquen sostenidamente a estas corporaciones por devastadoras, contaminantes y corruptas. Caer en la trampa del planteo “desarrollo vs. ecología” muestra la falta de actualización en la lectura de los ricos debates de América latina. Discusión que es dura y profunda en los países que sufren esta devastación “extractivista” en sus territorios, como por ejemplo Bolivia y Ecuador. Juan Perón, quien fue un pionero en estos debates, lo previó en 1972 y dejó un magnífico legado ambiental (que era mucho más que eso) “a los pueblos y gobiernos del mundo”.

Clarín, que acepta propaganda comercial de los mineros, que es socio del negocio sojero y que fue cómplice activo de la ominosa dictadura, no es “un tercero” confiable para ningún movimiento social aunque saque a la luz lo que otros medios callan; por otro lado, perder la posibilidad de un debate en tensión (donde hay más de una posición) en el espacio oficial puede derivar en situaciones peligrosas para las poblaciones en resistencia y para una discusión seria acerca de la relación entre economía y política democratizadora en el país. A nuestro juicio, perder la crítica y la discusión interna dentro de los espacios del Gobierno y sus aliados es tan alarmante como negar la historia de Clarín y convertirlo en un “tercero partícipe” de las luchas socioterritoriales.

* Socióloga. Instituto Gino Germani-UBA.

Fuente: Página 12, 12.03.12


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La hecatombe de Fukushima, un año después

– Por Salvador López Arnal

La central nuclear de Fukushima Daiichi -propiedad de la corporación privada TEPCO, es una de sus centrales- resultó fuertemente dañada por el tsunami de 11 de marzo de 2011. La planta está situada a unos 270 kilómetros al noreste de Tokio. Contaba con seis reactores y operaba desde 1971. Tenía permiso para seguir activa hasta 2021; cincuenta años (¡50!) en total era lo proyectado.

Lo sucedido en los primeros momentos del accidente, del segundo o primer accidente más importante de la era nuclear, puede ser descrito del modo siguiente: un terremoto de grado 9 sacude la costa japonesa provocando un fuerte tsunami. Los reactores de la central se paralizan. Un fallo eléctrico la deja sin refrigeración. El sistema de generación diesel de emergencia comienza a operar enfriando la planta pero apenas una hora después estos generadores también quedan inutilizados. Se declara la emergencia nuclear. El gobierno asegura que no existen fugas radiactivas aunque días después -aunque se ha sabido mucho después- se llegó a pensar en la evacuación de Tokio.

Las autoridades niponas comunican a la Agencia Internacional de Energía Atómica que se disponen a liberar parte de los vapores concentrados en la central. Son evacuados inicialmente tres mil ciudadanos en un radio de 3 km. alrededor de las instalaciones. Al día siguiente se amplían los límites, a 10 km. inicialmente [1]. El gobierno ordena que se abran de forma controlada las válvulas de los reactores para liberar vapor y tratar de rebajar la presión en su interior. El primer ministro japonés visita la zona. Da un mensaje de calma a la población y afirma, sin mayor precisión, que la operación había liberado cantidades mínimas de radiación. El guión (conocido) de todas las ocasiones (conocidas). El mismo día de la visita gubernamental la estructura externa del reactor 1 se derrumba tras una explosión. En las siguientes horas explotaron otros reactores del complejo y se vierten al medio ingentes cantidades de radiactividad, no siempre reconocidas ni por TEPCO, una de las grandes compañías eléctricas del mundo, ni por el gobierno conservador y neoliberal nipón.

El desastre no acabó aquí. Conocemos más escenas de esta historia dantesca; damos cuenta más adelante de algunas de ellas. Vale la pena ahora recordar unas reflexiones de Carlo Rubbia, anteriores al referéndum italiano de junio de 2011 [2], sobre la industria y energía nucleares.

Fukushima fue una enorme sorpresa para algunos, para muchos, porque puso de manifiesto lo poco que tenían que ver las previsiones con los hechos, señaló de entrada el científico italiano. “Fue una lección y es peligroso no aprender de las lecciones, especialmente para un país como Italia que tiene muchos problemas en común con Japón”. No sólo la sismicidad sino también los tsunamis producidos por terremotos. El ejemplo recordado por el Premio Nobel de Físicas: la ola gigante que destruyó Messina en 1908. Es razonable hacer una central nuclear en Sicilia, se preguntaba Rubbia. “Hay que examinar los problemas partiendo una cuestión fundamental: cuánto dinero hace falta y quién lo pondría. Se dice que una central nuclear cuesta entre 4.000 y 5.000 millones de euros, pero sin considerar los costes precedentes ni los posteriores, es decir, los gastos necesarios para el enriquecimiento de combustible y para la creación de un depósito geológico de residuos radiactivos como el que los estadounidenses han tratado de hacer sin éxito gastando 7.000 millones de dólares en Yucca Mountain”. El Nobel de Física apuntaba que en los países que habían apostado hasta la fecha por la energía nuclear la decisión había sido financiada, de un modo u otro, por el Estado, “y a menudo porque el Estado estaba construyendo bombas atómicas”. Por ello, añadía, las centrales francesas habían costado tres veces menos que las alemanas. “La mayor parte de las inversiones en infraestructura fueron sufragados por la Force de frappe [fuerza de disuasión nuclear francesa]. Si en Italia -y sería una novedad- hay empresas privadas dispuestas en este sector, que den un paso al frente”. O de otro modo, concluía el científico italiano, “habrá que decir con honradez que el dinero saldría de los impuestos”, es decir, de todos los ciudadanos. Mercado puro para los beneficios y (poco) mercado + (mucha) ayuda pública para la inversión: ésta es la ecuación.

También en Japón ha estado muy presente la relación “política industrial y energética de gobiernos” serviles y los “intereses de grandes corporaciones”. Además, como señalaba en octubre de 2011 Justin McCurry, el corresponsal en Tokyo del Guardian [3], expertos nipones “han advertido que podría tardar más de 30 años para limpiar y desarmar la planta nuclear Fukushima Daiichi”. La remoción de varillas de combustible fundidas y el desmontaje de la planta tardará décadas. La comisión nipona ha solicitado a TEPCO que comience a remover las varillas dentro de diez años. El trabajo para desmontar comenzará cuando la corporación nipona sea capaz de llevar la planta a un estado seguro. Tres años después de asegurar los reactores, la corporación –si sigue existiendo- tendrá que comenzar a trabajar con el combustible gastado de las piscinas de almacenamiento, y todo ello antes de comenzar la tarea más difícil: tratar, remover, el combustible fundido de los tres reactores que sufrieron la fusión.

Aunque las emisiones de radiación disminuyeron significativamente al cabo del tiempo desde el terremoto de 11 marzo, los trabajadores siguieron operando en condiciones extremadamente peligrosas. Para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad los niveles de radiación dentro de dos años, se tendrán que remover también grandes cantidades de tierra. La eliminación de cuatro centímetros de la capa superficial de tierra agrícola en la prefectura de Fukushima originará más de 3 millones de toneladas de desechos (lo suficiente para llenar unos veinte estadios de fútbol). Una vez hayan sido completadas, las instalaciones de almacenamiento provisionales contendrán ese suelo y otros desechos radiactivos durante unos 30 años.

En noviembre de 2011, se detectó radiactividad en plantaciones de arroz ubicadas a unos 80 kilómetros de la central [4]. Las externalidades siguen su curso.

Se ha sabido posteriormente al accidente que los responsables de Tepco tuvieron sobre su mesa un informe interno de 2008 -que ignoraron por “poco realista”- que alertaba del riesgo de que un tsunami de más de 15,5 metros de altura golpeara la central. El estudio recomendaba que se alzara el muro defensivo de las instalaciones, ya que consideraba insuficiente el dique de diez metros de altura que resguardaba Fukushima. Antes de la realización de este estudio, Tepco consideraba que el mayor tsunami que podía sufrir la zona era de 5,7 meros (Los cálculos se habían hecho en la década de los años setenta).

El trabajo fue realizado por un departamento de la corporación, creado en 2007 para revisar la seguridad de sus instalaciones, que hasta junio de 2010 estuvo dirigido por el jefe de la central de Fukushima, el ingeniero nuclear Masao Yoshida, retirado por enfermedad, a los 56 años de edad, en noviembre de 2011. Yoshida tuvo que ser hospitalizado por “culpa de una importante dolencia que le impide cumplir sus funciones”. Tepco –no dio detalles de la enfermedad del jefe de la central y se negó a informar de los niveles totales de radiación recibidos por él durante el accidente- aseguró que la dolencia no tenía relación alguna con la radiación que pudo hacer recibido Yoshida. Será eso…o no será.

Sea cual sea el final del desastre que nos acecha –“y con todo el respeto que me producen los esfuerzos humanos desplegados para combatirlo”-, comentó Kenzaburo Oé en 2011 en su conversación con Philippe Pons para Le Monde, “su significado no se presta a ambigüedad alguna: la historia de Japón ha entrado en una nueva fase en la que de nuevo nos encontramos bajo la mirada de las víctimas de lo nuclear, de esos hombres y esas mujeres que demostraron un enorme coraje en su sufrimiento. La enseñanza que podamos extraer del desastre actual dependerá de la firme resolución de aquellos que consigan sobrevivir de no repetir los mismos errores” [5]. Pero no todo el mundo ha extraído alguna enseñanza ni está en disposición de no repetir los mismos errores.

¿Errores, enseñanzas? Ni los 40 o más años que serán necesarios para deshacerse de los maltrechos reactores de Fukushima (con los gastos inconmensurables anexos a tales operaciones) ni la contaminación en la “zona cero”, o en el agua o en los alimentos son la cara más sangrante. Lo peor es que, a pesar de algunas notables reacciones (Alemania y su abandono de la era atómica en primer lugar, una decisión en la que el papel del movimiento antinuclear germano ha sido esencial), la alarma generada por el accidente nipón no haya frenado completamente la expansión o renacimiento de la industria atómica [6]. Fukushima no ha supuesto cambios profundos en los planes nucleares de algunos países europeos (España, entre otros, es uno de los ejemplos destacados).

Existen unos 63 reactores en construcción en quince países y unos 150 en proyecto. La “crisis” –no la prudencia- puede causar estragos en esos planes. EEUU, por ejemplo, puso fin el año pasado a una moratoria nuclear de más de 30 años con la aprobación de la construcción de dos nuevos reactores. Rusia posee 9 reactores en funcionamiento y quiere duplicar su producción de energía atómica en los próximos años. Veremos.

Hasta el momento, la República Popular China tampoco planea modificar su política energética: 13 reactores en funcionamiento, una veintena en construcción y su intención de alcanzar los 100 para 2030 (¿habrá entonces uranio suficiente en el mundo para abastecer tantos reactores?). El Gobierno indio tampoco ha variado su proyecto de levantar una central con seis reactores en Jaitapur, una zona de gran actividad sísmica.

En América Latina, tras Fukushima, Venezuela –y el ejemplo es altamente significativo- ha reaccionado anunciando la congelación de los planes preliminares del programa de energía nuclear. Argentina y Brasil sigue con sus planes atómicos.

Hay otros ejemplos de ceguera igualmente significativos. “La situación en Fukushima está absolutamente controlada y no hay personas irradiadas. Eso ha hecho que los planes nucleares no se vean cuestionados”. Así hablaba recientemente María Teresa Domínguez, presidenta del Foro Nuclear español [7], como si el sol siguiera saliendo por Antequera e hiciera marejada en la costa. Publicidad atómica del tipo “segura, barata, limpia y pacífica”, el no va mas. No vale la pena detenerse. Que más de 100.000 personas, principalmente jóvenes, hayan abandonado Fukushima desde 2011 eso no cuenta en las cuentas de la señora MTD. ¡Es el progreso estúpidos antinucleares! (Un ministro nipón se expresó así pocos días después del accidente).

El ingeniero José Emeterio Gutiérrez es director de Westinghouse para el sur de Europa. Aunque el salario le va en ello, hay mayor honradez intelectual en su comentario. “Al principio vi las noticias y estaba tranquilo. Pensé que la central aguantaría perfectamente. Cuando perdieron los generadores diesel [los que están diseñados para refrigerar la central en caso de pérdida de suministro eléctrico] me quedé muy impresionado. ¿Cómo es posible si están preparados para eso?” [8]. Simplemente, añade el ingeniero-director de Westinghouse, en el sector nuclear los accidentes no podían ocurrir, nadie les había preparado para ello. Como en “El síndrome de China”. Pero lo que no podía ocurrir, ocurrió, y en el caso de Fukushima las imágenes no irrumpían en la pantalla.

Noticias recientes muestran un panorama muy diferente del dibujado por la publicista nuclear María Teresa Domínguez.

Kazuya Tarukawa es joven, tiene 36 años. Hace ya algún tiempo dejó un trabajo no precario en Tokio para ocuparse de una granja orgánica de su familia [9]. La granja está ubicada a 100 kilómetros del reactor nuclear de Daiichi. Aunque está fuera de la zona de exclusión establecida por el gobierno (60 kilómetros en torno de la central), la granja no es inmune a las sospechas de contaminación radiactiva. Diez días después de la hecatombe del 11 de marzo, la desesperación llevó a su padre, Hisashi Tarukawa, de 74 años, al suicidio. “Mi padre quedó devastado luego del colapso del reactor nuclear y las informaciones sobre contaminación radiactiva. Perdió toda esperanza en su futuro y en el de la agricultura de Japón”, ha declarado su hijo. Su huerta produce una amplia variedad de verduras en verano y fue cultivada con esmero por ocho generaciones. En la última década, Tarukawa añadió la agricultura orgánica a esa herencia. El accidente nuclear arrasó con todos sus esfuerzos. El propio Kazuya Tarukawa siente una profunda desesperación.

Ryota Koyama, un experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Fukushima, ha explicado las razones de ello. “Los productos de mar y agrícolas reciben rechazo interno e internacional por el temor a la radiación… Llegó el momento de desarrollar nuevas políticas de seguridad basadas en evidencias científicas y en preocupaciones sociales, paso crucial hacia el abordaje de este problema”.

En los últimos meses de 2011 y principios de 2012, el gobierno ha emprendido la limpieza de los suelos contaminados de granjas y huertas. Las autoridades también se han comprometido a realizar nuevos análisis para detectar cesio 137 -su vida media es de 30 años y es cancerígeno como es sabido- en más de 25.000 establecimientos agrícolas y a establecer medidas de seguridad más estrictas a partir de abril de 2012, intensificando las inspecciones en busca de radiación en las tiendas de alimentos. En febrero de 2012, el Ministerio de Salud japonés propuso un límite especial de 50 becquereles por kg de alimento y leche para infantes. Un colectivo de científicos aprobó la propuesta y destacó en un escrito que las nuevas medidas “garantizan consideraciones especiales para los niños”. Empero, activistas antinucleares y madres y padres continúan “presionando para que haya mejores normas de protección a la infancia de Fukushima insisten en que no estarán satisfechos hasta que el gobierno tome medidas para evacuar a toda la población infantil hacia áreas totalmente seguras”.

Se entienden las razones de estos ciudadanos. Según el influyente periódico nipón Asahi Shimbun [10], en septiembre de 2011, un área de más de 8.000 km2 había acumulado concentraciones de cesio-137 de 30.000 becquereles por m2. ¡Más o menos, el escenario descrito por la presidenta del Foro Nuclear español! Igualito. El área que se estima contaminada abarca aproximadamente la mitad de la prefectura de Fukushima, la tercera más grande de Japón. Prefecturas vecinas también están afectadas: 1.370 kilómetros cuadrados en Tochigi, 380 en Miyagi y 260 en Ibaraki.

El agricultor Kitaburo Tanno, quien abandonó su granja de ocho hectáreas en Nihonmatsu, a 45 kilómetros del reactor dañado, cree que lo único que puede salvar la agricultura japonesa es que el gobierno dé información honesta: “Decidí irme de mi granja poco después del accidente porque ya no podía confiar en la información que daba el gobierno. Yo hubiera apreciado una evaluación honesta para los agricultores que hubieran podido salir adelante con el apoyo de fondos públicos. (Pero) esto no ocurrió”.

El recelo de los ciudadanos japoneses hacia las plantas nucleares y hacia la radiactividad en los alimentos ha ido progresivamente en aumento desde el accidente nuclear. El movimiento antinuclear, reducido en Japón si bien cada vez más fuerte, ha alzado su voz tras el 11 de marzo para decir una vez más “no” a las centrales atómicas. Kenzaburo Oé lo expresó así pocos días después del desastre nuclear en la entrevista indicada: “[…] Hace tiempo que abrigo la esperanza de revisar la historia contemporánea de Japón tomando como referencia tres grupos de personas: los muertos en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los irradiados de Bikini… y las víctimas de explosiones en centrales nucleares. Si nos asomamos a la historia de Japón con la mirada de estos muertos, víctimas de lo nuclear, su tragedia es evidente”. Hoy constatamos, concluye Oé, “que el riesgo de las centrales nucleares se ha hecho realidad”.

De la actual situación, pueden apuntarse algunas notas como las siguientes. Tras la confirmación por parte de TEPCO -multinacional en la que es imposible que habite la mínima confianza ciudadana- que los reactores dañados por el tsunami se mantienen por debajo de los 100 grados, nudo sobre el que en las últimas semanas ha habido informaciones confusas, los trabajadores de la central -o de subcontratas sin alma ni piedad- “se centran ahora en evitar filtraciones y preparar la retirada de las varillas de combustible nuclear”. La operación, de una enorme dificultad técnica, necesitará nada menos que unos 25 años para ser completada. Quince años más, como se indicó, serán los necesarios para el desmantelamiento definitivo de los reactores dañados. Todo ello son externalidades, cantidades marginales de un industria energética segura y barata. ¿Suena la música?

Uno de los grandes problemas que han tenido que afrontar los trabajadores durante el año transcurrido ha sido la acumulación de agua contaminada en la central. Una buena parte de ella se almacena en un millar de contenedores con una capacidad total para 165.000 toneladas.

Hasta ahora se han registrado casos de contaminación en carne vacuna, té, arroz y leche en polvo infantil. Las autoridades niponas, por supuesto, han descartado que los niveles detectados supongan un riesgo importante para la salud. Ante las protestas ciudadanas, el Gobierno nipón se ha visto obligado a ser más estricto con los límites exigidos para su venta.

La zona más afectada es la que rodea la central nuclear. Unas 80.000 personas que tuvieron que ser desalojadas precipitadamente no tienen fecha de regreso. En esta área trabajan desde principios de 2012 equipos de las Fuerzas de Autodefensa para descontaminar los edificios públicos. Se prevé que empresas privadas se encarguen de limpiar el resto. Los negocios son los negocios, incluso después de tragedias como la de Fukushima. A pesar del intento de la industria nuclear -y de sus alrededores, voceros, lobistas y colaboradores- de abonar y propagar un resurgimiento de lo nuclear, el camino no va a resultar un sendero de rosas sin resistencia ciudadana y cantos de alegría y confianza.

Los científicos honestos no suelen ser adivinos pero pueden y suelen hacer predicciones exitosas o apuntar escenarios probables con mayor o menor detalle. El gran científico franco-barcelonés, republicano e internacionalista, Eduard Rodríguez Farré acertó esta vez de pleno. Y lo dijo, y lo escribió además, muy pocos días después de la hecatombe nipona: Fuskuhima es y será un Chernóbil a cámara lenta [11].

Veamos una de las últimas escenas de este Chernóbil nipón. “Hay algunas fallas activas en el área de la central nuclear, y nuestros resultados muestran la existencia de anomalías estructurales similares tanto bajo la zona de Iwaki como bajo el área de la central de Fukushima Daiichi. Si tenemos en cuenta que se ha producido un gran terremoto en Iwaki no hace mucho tiempo, creemos que es posible que un terremoto con una fuerza similar ocurra en Fukushima”, ha asegurado Dapeng Zhao, profesor de geofísica en la Universidad Tohoku y director del equipo que ha realizado el estudio publicado en la revista de la Sociedad Europea de Geociencias, Solid Earth [12]. Precisamente, e l pasado 14 de febrero se registró un terremoto en esa zona de Japón, magnitud 6,2, que pudo sentirse en toda la región de Fukushima. Según las autoridades niponas, el temblor no ha provocado ningún contratiempo en la central accidentada. Puede ser eso… o puede no serlo. ¿Quién puede confiar a estas alturas de lo sabido en las informaciones de TEPCO o del gobierno japonés?

Según la investigación, realizada “a partir del estudio de 6.000 terremotos en la zona”, provocados “por un movimiento ascendente de fluidos magmáticos empujados por la placa del Pacífico” que pueden generar tensones en las fallas, el seísmo que provocó el catastrófico tsunami de magnitud 9,0 y otro posterior de 7,0 en Iwaki [13] “marcan la senda de una nueva falla que se habría instalado bajo Fukushima”. Ni más ni menos.

Las autoridades japonesas, se señala en ese escrito, deben o deberían asegurar “la estabilidad de la planta atómica maltrecha para evitar un susto mayor en el futuro por su delicada situación sismológica actual”. Otra singular externalidad. ¿Segura decían? El terremoto de marzo de 2011 asestó un golpe devastador a la planta nuclear y puede “haber propiciado que a partir de aquel momento esté mucho más expuesta a sufrir bajo sus suelos un nuevo sismo devastador”. Este es el nudo esencial, con esto hay que operar.

Los investigadores reconocen que no se puede predecir cuándo podría darse un terremoto de gravedad, señalaba JS de Público, tampoco son adivinos, pero “aseguran que sus hallazgos deberían tenerse en cuenta no sólo para la central de Fukushima Daiichi, sino para las pruebas de resistencia de otras plantas cercanas, como Fukushima Daini, Onagawa y Tokai”. ¡También con eso hay que contar!

¿Qué resultado podrá inferirse de esas pruebas? Habrá que verlo. ¿Potenciar lo nuclear, exportarlo incluso, como parece que Japón –es decir, corporaciones y gobierno- está haciendo? No parece que los vientos, si son honestos, deban apuntar verazmente hacia ese escenario. No será ésta, probablemente, la última escena dantesca que nos brinde el Chernóbil nipón. La película de terror continúa. A cámara lenta… Y con muchos colores.

El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, por su parte, afirmó ayer que “nadie en particular es responsable” del accidente de la central nuclear de Fukushima, pero cada uno debe ”compartir este dolor” [14]. En una entrevista, Noda afirmó que las autoridades japonesas habían sido engañadas por “el mito de la seguridad” de la energía nuclear y no estaban preparadas para un desastre de la magnitud que se produjo 11 de marzo 2011. ¿Engañadas? ¿No leen otros documentos que aquellos que corroboran sus ideas y prejuicios?

Noda descartó cualquier responsabilidad individual. Eso sí: “Evidentemente, la responsabilidad primera a la vista de la ley japonesa incumbe al operador de la central nuclear accidentada”. ¡Menos mal! Pero el Gobierno, añadió, “como todos los operadores y los expertos, estaban demasiado impregnados del mito de la seguridad”. ¿No sabían nada de los otros importantes accidentes, el más próximo, en 2007, cuatro años antes? Aun más, las declaraciones de Noda fueron unos días después de que una comisión de investigación revelara que el presidente de la corporación, de Tepco, quisiera abandonar la central a su suerte. Sólo las amenazas del entonces primer ministro, Naoto Kan, lo evitaron. ¡Cómo han leído! Lo llaman “responsabilidad social corporativa”. Noda ha señalado Japón debe diversificar sus fuentes de energía, pero ha evitado cualquier compromiso para abandonar la energía nuclear.

Oé ha vuelto a trazar una perspectiva interesante [15]: “Hace tiempo que abrigo el proyecto de revisar la historia contemporánea de Japón tomando como referencia tres grupos de personas: los muertos de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los irradiados de Bikini [16] –uno de cuyos superviviente era aquel pescador [el que Oé evocaba en un artículo escrito antes del desastre y publicado pocos días después del 11M]- y las víctimas de explosiones en centrales nucleares. Si nos asomamos a la historia de Japón con la mirada de estos muertos, víctimas de lo nuclear, su tragedia es evidente”. Hoy [2011], concluye Kanzeburo Oé, constatamos que el riesgo de las centrales nucleares se ha hecho realidad. En Japón y en el resto del mundo, fáustica e irresponsablemente nuclearizado. También en España donde la apuesta irresponsable continúa.

El reactor de Santa María de Garoña en Burgos, inaugurado por el dictador golpista africanista Francisco Franco en 1971, fue el segundo reactor nuclear español. Su potencia instalada es de 460 megavatios, aproximadamente la mitad del resto de reactores. En 2012, serán 41 sus años en funcionamiento.

El primer reactor español fue el de José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara). La central de Zorita dejó de funcionar tras 38 años de actividad en mayo de 2006, tres años menos de los que ya lleva Garoña. El desmantelamiento de Zorita no concluirá hasta 2015 (nueve años después de su cierre) y se calcula que costará 170 millones de euros. Las “externalidades” poco publicitadas de la poderosa industria nuclear. De Guindos, el actual ministro de Economía, sabe de qué va: fue (¿fue?) ejecutivo o miembro del consejo de administración de Endesa. En 2011, sus ingresos fueron de más de 300 mil euros por esta actividad que no fue única.

El informe del Consejo de Seguridad Nuclear enviado al Ministerio de Industria el viernes 17 de febrero de 2012, concluye que “no existe ningún impedimento” para modificar la orden de cierre en 2013 dictada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009. El organismo regulador español ha recordado, por si hiciera falta, que el dictamen realizado sobre la orden de cierre no prefigura “en ningún caso el sentido o el contenido del informe que deberá realizarse sobre la licencia de la central”. ¿Por qué? Porque tiene que concretar las obras. En principio necesarias pero –el “pero” es muy importante- pueden haber “compromisos realistas”. ¿Para qué? Para que el reactor pueda seguir funcionando. Es el punto.

José Manuel Soria, el ministro de Industria, quiere que el reactor siga produciendo y vendiendo electricidad hasta 2019. Seis años más, cuarenta y ocho años en total.. Luego veremos. Los beneficios durante la prórroga para Nuclenor (Iberdrola + Endesa) serán de vértigo, casi incalculables (Gara [17] ha llamado la atención sobre el hecho de que la noticia, emitida por un ministro de un Gobierno, no se hiciera pública tras un Consejo de Ministros ni fuera anunciada en una comparecencia institucional: Soria hizo esta declaración durante su intervención en el Congreso del PP, ante sus propios correligionarios).

¿Es necesaria Garoña para las necesidades energéticas del país? No. ¿Entonces? Apostar por la prolongación abre la puerta a otras prórrogas (además de al éxito energético-crematístico): las bodas de oro de todos los reactores nucleares españoles. Luego tal vez se piense en bodas diamantinas. ¿Siguiendo las pautas del gobierno alemán? Esta vez, curiosamente, en sentido opuesto.

En 2009, el mismo CSN dio luz verde para que Garoña “siguiera funcionando pero exigiendo mejoras a los propietarios”: instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente y la sustitución de kilómetros de cables del circuito eléctrico. ¿Qué pasó? Que cuando el Gobierno de Zapatero, tras “fuerte” discusión interna entre ministros pronucleares y supuestos antinucleares, decidió prolongar la central en 2013 (sabiendo que el gobierno sería entonces de otro signo, aunque no muy opuesto en este y otros terrenos), las mejoras apuntadas, que requieren inversiones, se perdonaron. ¡Tal cual! Lo llaman “generosidad pronuclear”.

Para Ecologistas en Acción, y no andan errados en absoluto, el organismo de control español “responde a los intereses” de Endesa, Iberdrola y de las otras grandes compañías del sector. No es un prejuicio, no es una descalificación sin fundamento. La actual composición del consejo (¡y puede cambiar para aún peor!) no deja lugar a dudas: dos consejeros elegidos a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de CiU, pronuclear donde los haya. ¿Alguno de ellos, por convicción o intereses, no piensa –o dice pensar- que la energía nuclear es limpia, barata, segura, pacífica, con escasísimas externalidades y moderna a más no poder, incluso tras la hecatombe atómica de Fukushima, ese Chernóbil a cámara lenta del que antes hablábamos? Es muy poco probable.

Soria, ha recordado también Gara, ha hablado del modelo energético español como “seguro, equilibrado y eficiente”. No es evidente ninguna de estas afirmaciones. La “seguridad” caza mal, en el caso de Garoña, con el hecho de que General Electric, la empresa que diseñó el reactor de la planta burgalesa, el mismo tipo que el de los reactores de la central de Fukushima, aceptó la existencia de un error en el diseño: un falló en las barras de fricción que podría causar un accidente si, por ejemplo, la zona norte de Burgos sufriera un movimiento sísmico ordinario (no extraordinario). A estos errores de diseño, se les debe o debería sumar los evidenciados por el propio Consejo durante las pruebas de resistencia: se descubrieron graves deficiencias en el sistema eléctrico de la central.

Ecologistas en Acción apunta a otro vértice: “es una irresponsabilidad [aunque no sólo] mantener abierta una central vieja, construida antes de las enseñanzas de los principales accidentes nucleares”, los de Chernóbil en la URSS y Three Mile Island en EEUU y, claro está, del de Fukushima cuyos reactores, como decíamos, eran del mismo tipo que los de la central burgalesa [18].

Por lo demás, existen opositores –aunque sean locales- incluso en las filas del PP. La organización alavesa, acaso por la cercanía, ha levantado la voz: Javier Maroto, el alcalde de Vitoria, ha calificado la prórroga de “error”. En términos similares se ha manifestado el diputado general de Álava, Javier de Andrés. Y puede asegurarse que, según fuentes de toda confianza, ni Maroto ni de Andrés son antinucleares ni han militando nunca en ninguna organización ecologista. A veces, el sentido común es aliado de la racionalidad y la prudencia.

El portavoz del PNV en las Juntas Generales, Ramiro González, ha afirmado que la posible continuidad de Garoña responde a una decisión equivocada que puede poner en riesgo “la salud y la vida de los alaveses”. Responde “sólo a planteamientos economicistas”, añadió. Como han leído, sin añadir una coma.

Mientras tanto, en Japón, Fukushima sigue siendo, como apuntara Eduard Rodríguez Farré [19], un Chernóbil a cámara lenta.

PS: UN efecto colateral nada despreciable de la situación: el incremento de la sensibilidad social en torno a temas medioambientales con componentes radiactivos [20]. Un ejemplo. Los malasios están determinados a protestar contra una refinería de tierras raras que generará desechos radiactivos hasta que la firma australiana que está a su frente abandone el proyecto. “Es tiempo de cerrar la planta de Lynas”, ha declarado Wong Tack, presidente de Himpunan Hijau (HHC), la persona que lidera un movimiento masivo contra la polémica planta. Según él, Malasia está viviendo una “revuelta verde”: la población verdaderamente teme que la planta produzca desechos (el torio, por ejemplo) que perjudiquen seriamente el ambiente y pongan en peligro la salud de las personas.

Otros planes no se detienen. Desde el 1º de marzo se preparan para extraer uranio en el yacimiento ubicado en la Cuenca San Jorge, en la provincia de Chubut [21]. La empresa canadiense Calypso Uranium anunció en los círculos mineros argentinos, y en el propio Canadá, el descubrimiento del mayor yacimiento de uranio en Argentina, ubicado en la Cuenca San Jorge, donde la multinacional posee la propiedad de nada menos que 150 mil kms cuadrados para explorar y explotar a su antojo.

Notas:

[1] A finales de noviembre de 2011, se pudo calcular que fueron más de 150 mil las personas evacuadas (entre evacuados forzosos y ciudadanos que decidieron dejar sus hogares por miedo y desconfianza a las autoridades niponas). Por lo demás, los refugiados recibieron mayores dosis de radiactividad de las previstas por la lentitud de la evacuación y todavía a mediados de diciembre de 2011 se seguía afinando el mapa real de la contaminación que en mayor o menor golpeó a un tercio de las prefecturas del país.

[2] Antonio Cianciullo, “Entrevista a Carlo Rubbia, premio Nobel de Física, en vísperas del referéndum sobre energía nuclear en Italia. “Energía nuclear: razones para rechazarla y alternativas”. La Repubblica (traducido por Gorka Larrabeiti) (on line http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130196 ).

[3] http://www.guardian.co.uk/world/2011/oct/31/fukushima-nuclear-plant-30-years-cleanup/print (en traducción de Germán Leyens: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=138569 )

[4] J . S., “Japón intercepta una remesa de arroz radiactivo” http://www.publico.es/ciencias/407419/japon-intercepta-una-remesa-de-arroz-radiactivo

[5] Kenzaburo Oé, Cuadernos de Hiroshima. Anagrama, Barcelona, 2011, p. 216.

[6] Garazi Mugertza, “Un año después de Fukushima, los gobiernos siguen apostando por la energía nuclear”. http://www.gara.net/paperezkoa/20120303/326036/es/Un-ano-despues-horror-fukushima-gobiernos-siguen-apostando-energia-nuclear

[7] Rafael Méndez, “La industria nuclear resiste al desastre”. El País, 6 de marzo de 2012, p. 7.

[8] Ibidem

[9] http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100216

[10] El diario Asahi Shimbun calculó el tamaño del área contaminada en base a un mapa de distribución de los niveles de cesio 137 acumulado, medidos desde aviones, que el 8 de septiembre de 2011 divulgó el Ministerio de Ciencia.

[11] Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, Ciencia en el ágora. El Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2012, capítulo VI.

[12] J. S. “Una falla sísmica se abre bajo la central de Fukushima”. Público, 15 de febrero de 2012, p. 33.

[13] Un terremoto de magnitud 7 en Iwaki, señala J. S, se convirtió en la mayor réplica registrada del terremoto de marzo de 2012 con el epicentro en tierra firme. Tuvo lugar a unos 60 kilómetros al suroeste de Fukushima, “central que se encuentra justo encima de una línea imaginaria que se podría trazar entre el seísmo de Iwaki y el del 11 de marzo”.

[14] http://www.gara.net/paperezkoa/20120304/326302/es/Noda-no-ve-responsabilidad-individual-accidente-Fukushima

[15] Kenzaburó Oe, op cit, pp. 215-216.

[16] El 1 de marzo de 1954, los Estados Unidos llevaron a cabo un ensayo nuclear en el atolón Bikini, en las islas Marshall, situadas en el Pacífico Sur. La radiactividad afectó a los 239 habitantes de tres atolones situados en el área. 49 de ellos murieron en los 12 años siguientes. También fallecieron 28 observadores norteamericanos y 23 tripulantes de un pesquero japonés, el “Dragón de la Suerte V”, que faenaba en la zona. Todo muy seguro y pacífico como puede comprobarse.

[17] http://www.publico.es/ciencias/422746/soria-pisa-el-acelerador-para-prorrogar-garona

[18] http://www.gara.net/paperezkoa/20120219/323083/es/El-PP-decreta-que-Garona-podra-funcionar-durante-cinco-anos-mas

[19] Eduard Rodríguez Farré y Salvador López Arnal, “Fukushima: un Chernóbil a cámara lenta”. http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=4030

[20] Por Baradan Kuppusamy, “Intenso combate a desechos radiactivos”. http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100295

[21] http://matrizur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18955:desde-el-1o-de-marzo-se-preparan-para-extraer-uranio-en-el-yacimiento-ubicado-en-la-cuenca-san-jorge-en-chubut&catid=58:medio-ambiente-global&Itemid=80

Fuente: Rebelión, 11.03.12

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LA COMPAÑÍA CANADIENSE OSISKO MINING

LANZÓ DÍAS ATRÁS UNA FUERTE CAMPAÑA DE PROPAGANDA

Famatina:

la minera frenó su plan

hasta obtener la “licencia social”

– Por Rodolfo González Arzac
Los asambleístas se muestran escépticos y llaman a mantener la resistencia. Dicen que es una artimaña empresarial.

La compañía Osisko Mining Corporation difundió ayer un comunicado en el que anuncia que no avanzará en el proyecto minero en Famatina si no obtiene la licencia social. La licencia social es una exigencia de la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad minera. Y es, al fin, el acuerdo de los pobladores conseguido a través de diversas instancias como consultas populares o audiencias públicas. El parte de prensa surgió en medio de una baja de las acciones de la empresa canadiense ante el corte de ruta que mantienen hace un mes los pobladores de la zona en oposición al proyecto de minería a cielo abierto. Los asambleístas recibieron las noticias con incredulidad. Dos días atrás, la misma firma y el gobierno de Luis Beder Herrera habían lanzado, con gran impulso, una campaña de información para tratar de dar vuelta la opinión de los riojanos.

El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, escribió para este diario una columna en la que retrata el clima con el que se recibió la noticia. “Una noticia alentadora, que sin embargo no fue recibida con mucha alegría en nuestra comunidad, sino con mucha cautela; una cautela propia de alguien que desconfía, de alguien que ha recibido muchas mentiras y engaños, de alguien que vio y escuchó cómo las palabras se las lleva el viento”, contó Bordagaray, del Frente para la Victoria (ver aparte). María Pía López, comunicadora social, vecina de Chilecito y asambleísta, completó el panorama. “El comunicado dice lo mismo que dijo Barrick Gold, en 2007, cuando abandonó el proyecto. El problema fue que no dijo que lo abandonaba y tuvimos que sostener el corte igual. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de Osisko han bajado. Y que la empresa, tal vez, lo haga para recuperar la confianza de sus accionistas”, analizó. Y sembró de dudas la jugada de la compañía, teniendo en cuenta la campaña de información lanzada pocos días atrás por el gobernador (tras una marcha que convocó a 10 mil personas en la capital riojana). “El comunicado de Osisko va de la mano con lo que dijo el gobernador. No responde a lo que pedimos: que es que se rompa el convenio. Y no hace más que dilatar el conflicto”, añadió López.

Los vecinos de Famatina y de los pueblos cercanos dieron a conocer su punto de vista con otro parte informativo. “Nosotros, las comunidades organizadas en defensa de la vida y por el principio básico de la autodeterminación de los pueblos, ratificamos el corte informativo y selectivo por tiempo indefinido ubicado en Alto Carrizal en el departamento Famatina, iniciado el día 2 de enero de 2012. Confirmamos con esta acción que ninguna empresa ni proyectos mega mineros tienen licencia social en nuestros territorios”, dicen en sus primeras líneas los asambleístas. “La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades”, agrega. Y, luego, pasa a detallar las exigencias que le hacen al gobierno de La Rioja y también al nacional.

Una semana atrás, Tiempo Argentino, publicó una columna de la socióloga Norma Giarraca donde se destacaba que la Ley 24.585 obligaba a Beder Herrera a consultar para darle la licencia social a la minera. “Si no se han llevado a cabo las consultas es porque las autoridades conocen muy bien la voluntad absolutamente mayoritaria de las comunidades de no habilitar ninguna inversión minera”, razonaba Giarraca. El lanzamiento de una campaña de información, a todo vapor, parece haberle dado la razón.

 Fuente: Tiempo Argentino, 01.02.12

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La maldición del volcán

La nube volcánica provocó la paralización de los aeropuertos de Ezeiza y el Jorge Newbery, donde los primeros vuelos partieron a las 16. Las cenizas ya llegaron a Brasil. El volcán permanece en actividad, aunque con menos intensidad.

 Por Carlos Rodríguez

La nube de cenizas provocada por la erupción del volcán chileno Puyehue pasó en la madrugada de ayer por el cielo de Buenos Aires –desapercibido para la mayoría– y se fue internando en el Océano Atlántico, afectando también los territorios de Uruguay y Brasil. La actividad en los aeropuertos argentinos de Ezeiza y Jorge Newbery había comenzado a normalizarse anoche, luego de que 62 vuelos fueran cancelados desde la mañana. Ayer fueron 32 los vuelos suspendidos en Ezeiza y 30 en Aeroparque. La medida fue tomada “como prevención, porque la ceniza puede afectar a las máquinas”, explicó José María Vaca, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Aviación. Ahora el problema se trasladó a los servicios aéreos en Chile, Uruguay y Brasil. En Argentina, la situación es grave en San Carlos de Bariloche, donde se vivieron horas difíciles cuando la ciudad turística se quedó sin luz y con déficit de agua potable, tras una intensa lluvia que convirtió la ceniza en barro y provocó la salida de servicio del sistema generador de energía.

“La nube de cenizas se desplaza dentro de las predicciones a una altura que ronda los 12.000 metros de altura en dirección sudoestenoreste”, aseguró la Secretaría de Transporte nacional. En su desplazamiento de 1500 kilómetros, la nube volcánica ingresó ayer al sur de la provincia de Buenos Aires en dirección a la capital argentina, donde pudo observarse en forma “muy leve”, como anticipó el Servicio Meteorológico. La situación crítica se fue trasladando hacia Brasil, donde fueron cancelados diez vuelos que debían partir de San Pablo rumbo a la Argentina y Chile, mientras que en Río de Janeiro se adoptó la misma medida con tres arribos desde Buenos Aires y uno de Córdoba. Chile, por su parte, canceló todos los vuelos hacia Buenos Aires y Montevideo.

En la capital uruguaya se suspendió “el 90 por ciento de los servicios”, informó Nelson Rosano, gerente de Operaciones Aeroportuarias. En el aeropuerto de Carrasco “la inoperabilidad era total, por la posibilidad de que las cenizas pudieran afectar los vuelos”. En la Patagonia fueron cerrados los aeropuertos de Bariloche, Chapelco, Esquel, Trelew, Viedma y Bahía Blanca. Hubo cancelación de vuelos en Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Santa Rosa y San Rafael.

Luis Rosso, gerente de Servicio a la Comunidad del Servicio Meteorológico, recordó a Página/12 que la nube de cenizas ingresó al país del domingo al lunes con rumbo sudoeste, después comenzó a subir hacia el norte, llegando el lunes al centro y norte del país. “La nube cruzó el cielo de Buenos Aires a las tres de la madrugada de hoy (por ayer) y ahora se encuentra hacia el este, sobre Uruguay y Brasil.” Ayer, explicó Rosso, “había cesado la emisión de ceniza, que quedó totalmente segregada”.

Luego, con la aparición de un frente frío, el volcán “volvió a emitir y ahora sigue emitiendo, nuevamente hacia el este, este-sudeste”. Para hoy se esperaba que tenga “mucha menor magnitud y altura, dado que ahora no sobrepasa los seis mil metros”. La nube tiene “su propia secuencia de desplazamiento” y, en cuanto al ritmo de la actividad volcánica, sostuvo que no se sabe “cuándo va a emitir o no porque no hay ninguna regla”.

El Servicio Meteorológico, que integra el Comité de Crisis conformado en la noche del lunes por la Secretaría de Transporte, confirmó que “la nube de cenizas se desplaza dentro de las predicciones a una altura que ronda los 12 mil metros en dirección sudoeste-noroeste”. El Comité de Crisis está compuesto por el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y los responsables del Servicio Meteorológico, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), de Aerolíneas Argentinas y de YPF.

La nube llegó ayer al conurbano bonaerense y avanzó luego sobre la Capital Federal, sin generar problemas a la población. El titular del Consejo de Emergencias bonaerense, Jorge Echarrán, informó que fue “una nube que pasó entre 5 y 7 mil metros de altura, y que como no contiene la cantidad de partículas que afectó a la zona de Bariloche, no tuvimos los inconvenientes que hubo allí”. Echarrán puntualizó que “si cambian las condiciones meteorológicas puede producirse la caída de algunas cenizas. Si esto llegara a ocurrir, hay que trabajar en la prevención, con tranquilidad, llevando las actividades diarias con algún cuidado, como utilizar barbijos, tener cuidado con lentes de contacto para no tener irritación en la vista y tener cuidado al conducir”.

El funcionario advirtió que “no es necesario generar alarma porque no va a ocurrir la misma situación que se produjo en Bariloche, según los datos que nosotros estamos manejando”. Comentó que, ante la emergencia, “todos los organismos estamos en contacto y ante cualquier situación que merezca una intervención especial se va a actuar, pero ahora no hay una situación de gravedad que altere la vida normal”.

El Consejo Provincial de Emergencias bonaerense desactivó ayer el alerta que había emitido para localidades del sur provincial. En el marco de la política de generar tranquilidad, el Ministerio de Salud bonaerense aclaró que las cenizas volcánicas “no son tóxicas sino irritantes”. Las imágenes satelitales del Servicio Meteorológico demostraron que la zona sur aparecía “sin rastros evidentes de cenizas volcánicas”. El ministro de Salud, Alejandro Collia, confirmó más tarde que la provincia “no está en una situación de alarma para la salud”. Insistió en que las cenizas “son arena y si bien podrían provocar irritación en los ojos y vías respiratorias en caso de descender, no hay peligro de intoxicaciones”.

El geólogo Eduardo Malagnino, del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, le dijo a Página/12 que “la actividad volcánica puede ser mucho más intensa” que la ocurrida en esta ocasión. “Fue una actividad explosiva más bien baja” porque hay que tener en cuenta que en algunos casos “la erupción puede alcanzar una altura de hasta diez kilómetros hasta eyectar material a la estratosfera”. En esos casos, “los materiales volcánicos pueden permanecer (en suspensión) hasta uno o dos años” hasta que comienzan a caer sobre la superficie terrestre.

Malagnino dijo que los volcanes pueden entrar en erupción en cualquier momento porque “recién cuando han pasado diez mil años sin cobrar vida puede decirse que ya no producirá ninguna explosión”. Sobre si la situación en Chile podría reproducirse en algún volcán de la Argentina, aclaró que “la mayoría está en territorio trasandino”. Al mismo tiempo sostuvo que lo ocurrido con el Puyehue “es algo provocado por la naturaleza”, dado que “ninguna actividad del hombre (incluyendo la minería a cielo abierto, por ejemplo) es capaz de producir la erupción de un volcán”.

En Bariloche, el vulcanólogo del Conicet Gustavo Villarrosa pronosticó que el volcán “continuará con emisiones continuas de cenizas”. Aseguró que “no se puede conocer por cuánto tiempo continuará en actividad ni prever su explosividad, pero seguirá emitiendo cenizas”, aunque “es posible que la emisión tienda a disminuir”. Villarrosa explicó que se trata de un “complejo con varios volcanes emitiendo materiales piroclásticos, dispuestos en línea en una gran fisura”. Destacó que el mayor de los volcanes, el Puyehue, “no está emitiendo material”.

Precisó que en Chile, cerca del complejo volcánico, ya se registra presencia de material incandescente en algunas laderas. Además, las lluvias recientes generaron aluviones con materia volcánica.

Fuente: Página 12, 08.06.11

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Las aguas bajan turbias y sucias

Por Diego Rosemberg

Aquel río que fue lugar de recreación para los porteños y donde se realizaban regatas internacionales es actualmente uno de los 12 cursos de agua más contaminados del planeta. En sus orillas, miles de pibes padecen problemas respiratorios y en la piel. Cómo se llegó a esta situación

Tal vez lo más fácil sea echarle la culpa a Carlos V. El monarca español del siglo XVI estableció que todas las industrias contaminantes que funcionaban en las colonias que dependían de su corona debían instalarse aguas abajo de las jóvenes ciudades para evitar que los desechos ensuciaran los cauces potables que se utilizaban para el consumo.

Desde entonces, lo que después se conoció como Cuenca Matanza Riachuelo se convirtió en asentamiento de establecimientos fabriles de todo tipo, dando lugar a una auténtica cloaca a cielo abierto de Buenos Aires.

Ya en 1871 –como narra Antonio Brailovsky en su Breve Historia del Riachuelo–, los diarios daban cuenta del desastre ambiental y reclamaban soluciones: “El lecho del Riachuelo –se leía en La Nación de principios de ese año– es una inmensa capa de materias en putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de pus que escapa a raudales de la herida abierta en el seno gangrenado de la Tierra. Un foco de tal infección que puede causar de todos los flagelos, el cólera y la fiebre amarilla.

¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra ciudad?”.

Quizás aquel indignado articulista jamás imaginó que su pregunta no hallaría respuesta ni siquiera iniciada la segunda década del siglo XXI. Desde entonces, se han anunciado –y abonado con fondos públicos– más de dos decenas de planes de saneamiento, incluido el grandilocuente anuncio de limpieza en mil días de María Julia Alsogaray.

El ejemplo más claro de la desidia lo señala, tal vez, un informe de la Auditoría General de la Nación, que menciona un crédito del BID por 250 millones de dólares tomado en 1998: la Argentina debió desembolsar más dinero del que recibió en concepto de multas por incumplimiento de las obras. Resulta de Perogrullo señalar que ninguno de los programas anunciados se ha plasmado en los hechos. Y de esta situación no podemos hacer responsable a Carlos V.

Lo mismo entendió la Corte Suprema de Justicia, que el 8 de julio de 2008 dictó un inédito fallo conminando al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para recomponer el daño ambiental causado en la Cuenca Matanza-Riachuelo, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y para prevenir futuras contaminaciones. En ese mismo acto, delegó en el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el seguimiento de la causa para que arbitre las medidas necesarias para que el fallo se cumpla.

Aquella sentencia se había originado en una denuncia colectiva presentada por vecinos de Villa Inflamable contra los tres estados, los 14 municipios que tienen injerencia en la ribera y 45 empresas asentadas en el Polo Petroquímico Dock Sud después de que un informe científico realizado en 2001 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Yaica) demostrara que los habitantes de la zona tenían elevados índices de plomo, cromo y otras sustancias contaminante en su sangre.

La sentencia fue calificada de histórica porque hacía lugar a los derechos difusos –también llamados colectivos–, contemplados en la reforma constitucional del ’94 pero no adoptados como hábito por el sistema jurídico argentino, más acostumbrado a defender la propiedad privada que los derechos sociales y ambientales. También se resaltó aquel dictamen por su fuerte aporte a una democracia más participativa y de mejor calidad: otorgó a las organizaciones sociales la potestad del control, a través de un Consejo Consultivo presidido por la Defensoría del Pueblo de la Nación e integrado por agrupaciones vecinales de base –como la Asociación de Vecinos de la Boca– y ONG, como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). Además, el máximo tribunal convocó a audiencias públicas para que los distintos actores involucrados pudieran presentar sus posiciones, invitó a las universidades públicas para realizar estudios científicos y solicitó a la Auditoría General de la Nación que realice un seguimiento de la ejecución de las partidas presupuestarias. A la vez que movilizó a los diferentes actores para que cada uno desarrolle el papel que le corresponde, la Corte tuvo otro gran logro: instaló, de prepo, el saneamiento del Riachuelo en la agenda gubernamental e institucionalizó la emergencia ambiental.
Una de los primeros obstáculos para sanear el Riachuelo que advirtió el tribunal fue la carencia de una única autoridad política sobre la Cuenca. Sobre Matanza-Riachuelo –la tercera más contaminada del mundo– tienen jurisdicción el Estado Nacional, Capital Federal, la Provincia de Buenos Aires y 14 municipios del conurbano. Semejante dispersión de poder generó una superposición de normativas –muchas veces contradictoria– que se había convertido en la excusa histórica con la que los sucesivos gobiernos justificaron su inacción.
Ante esta evidencia y en paralelo al trámite judicial, en 2006 se creó por ley la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo), órgano tripartito que reúne representantes de la Nación, la Provincia y la Ciudad. Sin embargo, los insuficientes avances que se lograron desde entonces se debieron más a la presión del juez Armella –de bajo perfil pero con insistente tenacidad– que a la gestión que tuvieron los dos primeros presidentes del ente: Romina Picolotti y Homero Bibiloni, quienes corrieron siempre por detrás de las iniciativas del magistrado y llegaron a ser multados por él a causa de sus incumplimientos. Ahora es el turno de Juan José Mussi, un barón del conurbano que hasta ahora no demostró grandes antecedentes en materia ambiental, aunque tal vez maneje mejor que sus antecesores los resortes políticos imprescindibles para llegar a buen puerto.
“Para que pueda sanearse el Riachuelo es necesario que haya recursos, decisión política y capacidad técnica. Hasta ahora hubo recursos que se subejecutaron y fallaron los otros dos componentes. El proceso de la creación de Acumar ha tenido dos grandes momentos. Ha habido una primera etapa en donde no se cumplió prácticamente nada de la sentencia, donde se sucedieron marchas y contramarchas, permanentes cambios institucionales y de funcionarios. Se desperdició mucha energía y se ejecutó aproximadamente apenas un 35 por ciento del presupuesto. Pero desde hace poco menos de un año, empezaron a notarse algunos avances concretos: se creó una estructura, se nombró personal, hay un edificio acorde…”, señala Cristina Maiztegui, jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Firmas bajo la lupa. Uno de los avances más notorios de los últimos meses consistió en el empadronamiento de las industrias que están asentadas a lo largo de la Cuenca. Después de cuatro años de existencia, Acumar logró contabilizar 23.000 establecimientos en la zona, cinco veces más de lo que se presuponía cuando se realizaban diagnósticos para sanear el lecho. De ellos, 362 fueron declarados como agentes contaminantes por la autoridad de cuenca.

La mayoría son frigoríficos y curtiembres, pero también hay grandes empresas de otros rubros, como Coca-Cola, Coto, Acindar o los laboratorios Andrómaco o Temis Lostaló.
“La cantidad de empresas que fueron declaradas agentes contaminantes es muy baja en relación con el total de empadronadas. O no se inspecciona, o se hace de manera muy lenta o se utilizan parámetros demasiado laxos, porque los niveles de plomo, cromo, cadmio y mercurio superan en algunos casos más de cien veces los parámetros guía para la protección de la vida acuática.

En realidad no se sabe cuántas empresas contaminan ni qué volumen de tóxicos arrojan y sin eso no se puede hacer un diagnóstico y un plan serio. Lo que más nos preocupa son las metas pobres del programa, que sólo contemplan recuperar el Riachuelo para un uso pasivo de la población. Se busca eliminar el olor, cambiar la viscosidad del agua, pero no la toxicidad y la peligrosidad”, se queja Consuelo Bilbao, representante de Greenpeace en el Consejo Consultivo.

Según declaró a Miradas al Sur el presidente ejecutivo de Acumar, Gustavo Villa Uría, el ente cuenta con 38 inspectores que visitan tres industrias por día y realizan, en total, unas 8.000 inspecciones mensuales que hasta ahora realizaron –de acuerdo con la información oficial– media centena de clausuras temporarias, la mayoría levantada después de presentar un plan de reconversión.

“Sólo una empresa permanece clausurada, porque descubrimos la utilización de cianuro en tambores alimenticios que después eran utilizados para miel o dulce”, describe Villa Uría.

Acumar cuenta con un presupuesto de 40 millones de dólares para otorgar créditos a pymes y micropymes que permitan financiar la reconversión de los establecimientos para una producción sustentable. Sin embargo, al día de la fecha ninguna empresa se acogió al Programa de Reconversión Industrial. “Averiguaron ochenta y cinco están en trámite avanzado para obtenerlo. Pero es muy difícil. A veces es más largo el tiempo que lleva la gestión del préstamo que lo que puede demorar la obra. El grado de informalidad es muy grande en muchas de estas empresas y los requisitos que se piden son demasiado estrictos”, reconoce Villa Uría.

La responsabilidad de la población. La otra gran fuente contaminante del Riachuelo son las aguas servidas de buena parte de los tres millones de habitantes que viven a lo largo de la Cuenca. Para paliar esta situación se planificaron diversas megaobras públicas, entre las que se destacaba una colectora gigante que recorrería el margen derecha del lecho con una planta de tratamiento en la boca del Riachuelo que por un conducto emisario descargaría todos estos residuos 11 kilómetros adentro del Río de la Plata. El plan original –a cargo de AySa– contaba para su realización con un crédito del BID –monitoreado por el Banco Mundial– de 820 millones de dólares y un aporte del Presupuesto Nacional de otros 620. Se esperaba que estuviera finalizado en el año 2016, para dar lugar a una obra similar en la margen izquierda, que debería concluirse en 2020. Estos plazos ya se parecen bastante a una utopía: hasta ahora no se pudo determinar siquiera qué empresas estarían precalificadas para licitar. “Sufrimos demoras por diversas cuestiones, entre otras por la última crisis financiera internacional. Muchas compañías tenían avales de bancos que terminaron hundiéndose, como la Brothers, y ahora el Banco Mundial exige nuevos requisitos para que las compañías oferentes demuestren solvencia”, explica Villa Uría.

La última resolución del juez Armella corresponde al 23 de diciembre pasado. A través de ella conmina a Acumar a presentar antes del 1º de febrero un plan de relocalización de viviendas para las familias que viven sobre el camino de sirga, que abarca la franja de 35 metros de ancho inmediatamente linderos con el curso de la cuenca.
Para hacer frente al requerimiento, Acumar firmó un convenio que creó dentro del Plan Federal de Viviendas un subprograma específico para el Riachuelo.

Allí se prometen 17.000 soluciones habitacionales, de las cuales –según el presidente ejecutivo del ente– 8.000 están en distintas etapas de ejecución. No obstante, en el Cels objetan –además de que el programa no fue ni informado ni consensuado con las poblaciones destinatarias– la inexistencia de censos y de información específica. Plantean que no se sabe de manera precisa cuántas familias viven en la zona, cuántas viviendas se necesitan, quiénes deben tener prioridad y a quiénes se les van a adjudicar las casas que ya están en marcha. De hecho, mientras Acumar presentó informes en el juzgado de Armella que hablan de 18 asentamientos precarios en la sirga, un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo junto con la Universidad de General Sarmiento señala que se trata en realidad de 38.

Para la misma fecha el Consejo Consultivo cuestionó el informe trimestral del estado del agua superficial, las napas subterráneas y el aire de la cuenca que Acumar debe presentar. Lo tildó de incomprensible para el ciudadano común y remarcó la ausencia de conclusiones.

“Lo visual, lo cosmetológico, ahora se corrige. Los materiales sobrenadantes, los barcos, los terraplenes, se limpian, se planta pasto y árboles. De hecho en mi barrio había 40 barcos hundidos y ahora sólo quedan cuatro, de los cuales dos se están desguazando. El trabajo parece que es de la línea de flotación para arriba, pero en profundidad no se ve nada”, protesta Alfredo Alberti, miembro de la Asociación de Vecinos de La Boca e integrante del Consejo Consultivo.

El ente presidido por el defensor del Pueblo también denunció, cuando se cumplieron dos años de la sentencia de la Corte, que los basurales a cielo abierto crecieron en la cuenca de 149 a 217, cuando en verdad deberían erradicarse. “No es que aumentaron, sino que ahora se contaron bien”, se defiende Villa Uría, que añade que la Acumar lleva retiradas de la zona 75.000 toneladas de basura. El funcionario señala que es un problema muy difícil de abordar debido a los altos costos de la disposición de la basura y a los numerosos circuitos informales de recolección de residuos que existen en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano.

La triste realidad del Riachuelo no sólo se metió en la sangre y los pulmones de los habitantes de la Cuenca. También en su subjetividad. El grupo de teatro comunitario del Circuito Cultural Barracas, por ejemplo, montó Flora y Fauna del Riachuelo, uno de sus espectáculos más exitosos. “Queridos contaminados”, exclama Tereso desde un púlpito montado en el escenario. Con los brazos en alto y la voz cascada, el candidato presidencial promete a los vecinos declarar a su barrio “zona protegida contra el aire puro”. Argumenta –con cierto aire demagógico– que a los que viven en Barracas “les da un colapso mortal cuando toman agua mineral”. Con una estética que remite a la murga uruguaya y una mirada tan ácida como irónica, el elenco expone las “ventajas” de vivir en un barrio contaminado. Para no perderlas, le reza a Santa María Julia de los Mil Días, a quien le ofrenda plomo, zinc, benceno y tolueno. “No vaya a ser –dicen sus devotos– que les dé un ataque de salud.” Trece cantantes, un quinteto de percusionistas y dos decenas de bailarines de todas las edades se ríen con más rabia que alegría a lo largo de casi todo el espectáculo. Pero de pronto, hay un momento donde los eufemismos y las ironías se terminan y los murgueros se ponen serios porque –como gritan a coro– “lo que mata, mata”.

Otras notas

 

• Primeros pasos. En la época previa a la Colonia, los querandíes fueron los principales habitantes del Riachuelo. En sus orillas pescaban y cazaban venados y ñandúes. También abundaban los yaguaretés, las nutrias y 400 clases diferentes de pájaros. En las lagunas que conforman la cuenca hubo hasta cigüeñas.

Siempre se dijo que había que limpiar el Riachuelo. Y hasta parece un mal chiste que alguien se lo proponga. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable volvió a cambiar, una vez más, de director. El que sale, un técnico: Homero Bibiloni; el que entra, un político: Juan José Mussi, que hoy cumple setenta años, es doctor y especialista en Medicina, ex director del Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín de La Plata, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con Eduardo Duhalde y con Carlos Ruckauf, y varias veces intendente de Berazategui.

Más que sorpresa, nos dio miedo. Después de tanto esperar, ahora no sabemos qué va a pasar.” Al resguardo del olor a podredumbre que invade todo lo que rodea al comedor Los Ángeles y al resto de la Villa 26, Serafina resumió en pocas palabras el efecto que causó en todo el barrio el documento que autoridades del Gobierno porteño dejaron a mediados de febrero en el comedor. “Nos invitan a irnos. Parece un chiste”, completó la mujer.

Tal vez el mayor equívoco de los muchos que andan circulando sobre el Riachuelo sea la creencia de que hay que elegir entre contaminación o desocupación. Varias décadas atrás, era cierto el chantaje de los contaminadores, porque no existían tecnologías accesibles de limpieza de efluentes industriales.

Rolo repite la frase con la misma precisión y firmeza de quien recita de memoria la formación de un equipo campeón: “4 de enero de 1993. En mil días va a estar limpio el Riachuelo. Van a poder pescar, nadar, tomar mate, traer reposeras”. La termina y se le forma una mueca, se tienta. Es el mediodía de un miércoles en el asentamiento Luján, a más de 6.570 días del anuncio de María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente durante el mandato de Carlos Menem, la cual fue y es investigada por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos durante su gestión.

La inversión en infraestructura significa el 3,3% del PBI. Los índices de crecimiento señalan una inversión en obra pública que se multiplicó por 40 desde 2002, con $1.000 millones a más de $44.000 millones en 2010. Mediante el plan de descentralización se realizan más de 6000 obras en todo el país.

Fuente: Miradas al Sur, 09.01.11

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LEY DE GLACIARES

¿PUNTO DE INFLEXION PARA EL IMPACTO DEL AMBIENTE EN LA POLITICA?

EL ELECTORADO AMBIENTALISTA, UN TEMA REGIONAL

Por David Iud*

La sanción por el Congreso de la Ley de Glaciares, la semana pasada, las circunstancias que rodearon esta sanción, por un lado con la fractura de los tres principales bloques políticos del país, y por otro lado con la sorprendente galvanización de algunas provincias, en las que alrededor de este tema no hubo clivaje entre oficialismo y oposición, sino que votaron los tres senadores de cada una de esas provincias en conjunto, pone la cuestión ambiental en clave política con una proyección hasta ahora inédita en la Política Argentina.

Pero si ello, de por sí, reclama un análisis puntilloso, la lectura del sorprendente resultado de la primera vuelta de la elección Presidencial Brasileña, pone a esa clave política de la cuestión ambiental en una perspectiva que trasciende claramente el carácter que corresponde a un fenómeno interno, un problema que sería local de la República Argentina. Lo que los resultados de Brasil están diciendo es que la preocupación ambiental en la construcción política merece ser analizada desde una perspectiva general, como expresión de una contradicción que se manifiesta en todas partes y a la que es preciso identificar claramente y ponerle nombre.

Pero vamos de lo particular a lo general…

La Ley que se aprobó, es sabido, pone límites a la actividad económica en zonas del ecosistema glaciario. También, obsérvese, la dura controversia no fue entre poner esos límites o no ponerlos: nadie pone en cuestión que es necesario limitar la actividad en los glaciares, el duro debate fue sobre el alcance de esa limitación, y al final triunfo la posición ambientalista más dura: área glaciaria mas área peri-glaciaria están ahora protegidas.

El peronismo lleva en sus genes la impronta del desarrollo económico, eso lo sabemos todos. El reconocimiento del peronismo histórico al movimiento obrero organizado como “Columna Vertebral” del movimiento es correlato de una alianza que incluyó también al empresariado nacional, actor que conjuntamente con el Estado son los que crean el espacio para que esa clase trabajadora exista, los que crean los puestos de trabajo para procesar las materias primas, el trabajo que es el inherente a la actividad industrial.

Materias primas que, sin ninguna duda, provienen de la naturaleza y pueden ser procesadas haciendo uso de energía para mover las máquinas, transportar materias primas y productos, iluminar ciudades, y en general distribuir bienes y servicios entre la población que solo son posibles teniendo energía que también se saca de la naturaleza: petróleo, carbón (fue el justicialismo el que impulsó la actividad carbonífera en Rio Turbio, Santa Cruz), altos hornos para producir acero, con hierro sacado de las entrañas de la tierra y energía producida quemando carbón que también se saca de la tierra. Así, el justicialismo impulsó los Altos Hornos de Zapla y la siderúrgica SOMISA en San Nicolás. Espejo de la gigantesca siderúrgica “Vale do Rio Doce” (Valle del Rio Dulce) fundada por Getulio Vargas, contemporáneo del primer peronismo en Brasil

En nuestros países, el tema central de la agenda política fue, hasta mediados de la década del 90, el desarrollo económico, la creación de fuentes de trabajo y la distribución de la riqueza nacional. El éxito del Justicialismo (y del Partido Travalhista, de Vargas) en esos tópicos le valió constituirse en imbatible primera fuerza electoral que ya no podría ser vencida después de su aparición, solo reprimida mediante golpes militares, o, en la Argentina con Menem, cooptada desde dentro por sectores que desnaturalizaron su esencia política.

El menemismo produjo en la política argentina un clivaje del espacio político que se referencia en el peronismo: el 28 de Junio del 2009 reclamaron identidad opositora candidatos que cosecharon un tercio de los votos llamándose a sí mismos “peronistas disidentes”. Hoy son el Peronismo Federal. En las elecciones legislativas de Junio 2009 alumbraron tres bloques en la política argentina, con fuerzas más o menos iguales, un mapa político “por tercios”: el “kirchnerismo”, el “Peronismo Federal” y el espacio liberal de la UCR y aliados.

En el senado, al votar la Ley de Glaciares, esos tres bloques se dividieron.

En el Frente Para la Victoria, 7 senadores votaron a favor de la Ley, 23 en contra

En el Peronismo Federal, 6 senadores votaron a favor de la Ley, 5 en contra

En la UCR, 14 senadores votaron a favor de la Ley, voto de indudable contenido “opositor” que inexplicablemente coincidió con Miguel Pichetto, Jefe de la Bancada oficialista y Daniel Filmus, senador por la capital de indudable peso nacional que de ninguna manera podría ser considerado “opositor”. Pero dos senadores radicales votaron en contra de la Ley

El análisis del voto por provincia muestra más particularidades: tres provincias mineras, Mendoza, Chubut y Córdoba (actualmente con un duro debate por la minería a cielo abierto de uranio) galvanizaron el voto, y no hubo diferencias entre oficialismo y oposición: votaron, todos, unánimemente por aprobar la Ley que le pone límites a la minería… Particular dentro de lo particular es el caso de Rio Negro, también provincia minera, donde no hubo votos en contra de la Ley: los dos senadores de la Provincia presentes, uno oficialista, la otra, con voto cambiante según la situación, votaron también a favor de la Ley. El tercer senador, el radical Pablo Verani, ex – gobernador que desde lo personal hubiera votado en contra de la Ley, no estuvo presente, seguramente para no crearse un problema por partida doble: con la conducción nacional de su partido que quería votar a favor de la ley interpretando en ello un acto de oposición, y además con la conducción partidaria de su provincia, que también, aunque por motivos distintos a los de la conducción nacional, propiciaba el voto favorable a la ley…

Además, no hubo oposición ni oficialismo en otros tres distritos que no son  mineros, y que votaron unánimemente por la Ley: Capital Federal, Santa Fe y La Pampa.

Y hay también del otro lado: en Catamarca, Neuquén y Salta no hubo tampoco oficialismo y oposición, votaron todos en contra de la Ley. Imagen especular del caso de pablo Verani en Rio Negro, pero al revés, en San Juan no hubo votos a favor de la Ley. El senador del Peronismo Federal Roberto Basualdo hubiera votado a favor de la Ley simplemente para diferenciarse de su adversario político provincial, el Gobernador Gioja, oficialista (FpV) que era el abanderado de la negativa a la Ley (aunque integra el mismo bloque que Pichetto y los otros 6 FpV que votaron a favor…). Basualdo además se hubiera creado un problema una parte de su grupo de pertenencia, el Peronismo Federal que voto en contra. Basualdo no falto, pero se abstuvo.

Tampoco hubo ni oposición ni oficialismo en otras dos provincias que no son mineras, Misiones y San Luis

La Ley de Glaciares expresa un debate político con creciente importancia en la agenda, que es el que protagonizan sectores de la sociedad que cuestionan al gobierno por su política ambiental.

Son sectores muy diversos: los hay netamente opositores de los cuales puede decirse que la cuestión ambiental es más una herramienta al servicio de su vocación gorila, porque son sojeros, y hablo concretamente de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, y por otra parte hay sectores campesinos, de pueblos originarios o de sectores de clase media urbana que no tienen nada que ver con el modelo sojero, más bien se encuentran en las antípodas sociales y políticas del modelo de acumulación del capitalismo agrario, y también critican al gobierno por su política ambiental, sobre todo, minera. Son los mismos sectores que hace un año se movilizaron por otra ley ambiental, la de Bosques Nativos.

La nota en esta emergencia de la cuestión ambiental en la agenda política nacional la da un dirigente y una corriente política que, haciendo de esto uno de los ejes de su acumulación política, se constituyó en 2009 en segunda fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, hablo de Pino Solanas y su Proyecto Sur, que ya ha lanzado su candidatura presidencial para 2011. Segunda fuerza, construyendo su caudal electoral con votos de clase media que le sacó a un candidato que en 2007 “enamoró” al 60% de los electores (hablo de Macri) ocultando una naturaleza política que ahora porciones crecientes de esa misma clase media ven con claridad: el tipo es un fascista. Si bien conserva sorprendentes niveles de adhesión, es razonable pensar que no resistirá la fuerte interpelación que sobreviene en una campaña electoral…

Y es en este punto donde encuentro una analogía que no va más allá de lo formal, si se quiere, hasta casual, pero que no por ello merece ser ignorada: la candidata “Verde” de Brasil, que con su 19,30 % fue la causa de que Dilma Rousseff no se impusiera como Presidenta en la primera vuelta GANO EN BRASILIA, el Distrito Federal brasileño, equivalente a nuestra “C.A.B.A.” que además, con sus 3,2 millones de habitantes es casi igual a los 3 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Marina Silva, que sacó en Brasilia 41,96% mientras Dilma solo llego al 31,74% y el socialdemócrata liberal Serra quedó tercero con 24,3%, fue desde Enero 2003 hasta el 2007 Ministra de Ambiente de Lula. Renunció, por diferencias con la política ambiental general del gobierno del PT, pero en particular, por discrepar fuertemente con el modelo de desarrollo que el PT aplica a la Amazonia.

No es cuestión de ingenuidades: el casi 20% de los votos de Marina Silva viene, en una parte importante, del protestantismo misional, los votos evangélicos, que ciertamente de progresistas, no tienen nada, ni en Brasil, ni acá, ni en ningún lado. Marina misma, que es ella misma protestante (de allí su afinidad)  tiene ciertas posiciones conservadoras (por ejemplo, contra el aborto). Pero, “la única verdad es la realidad” y la realidad es que, a pesar del enorme mérito del gobierno del PT, que generó un impresionante desarrollo económico con redistribución de la riqueza (por eso, y no por otra cosa pudo  casi alcanzar el 50 % A PESAR DE LA REPUGNANTE CAMPAÑA MEDIATICA EN CONTRA!) igualmente NO ALCANZO, y el flanco en el que faltó fue el flanco de la POLITICA AMBIENTAL.

No le alcanzó a Dilma, por muy poco. Con 46,71 % de los votos en 1ª vuelta, y un 20 % en el que una parte NO ES DE LA OPOSICION DE DERECHA, sino de votantes ambientalistas cuyo PEOR ENEMIGO ES LA DERECHA CAPITALISTA QUE TRANSFORMA EL AMBIENTE EN MERCANCIA, me parece que acá hay un mensaje claro: el discurso histórico de la izquierda, que sólo cuestiona la apropiación de la riqueza sin prestar atención al conflicto entre desarrollo y naturaleza, ya no alcanza. Un sector de la sociedad, que por otra parte, es objetivamente parte del espacio político alternativo al neoliberalismo reclama prestar atención a ese conflicto.

Y ese es el aspecto que yo creo parte de una perspectiva general en la construcción política. La contradicción que expresa es una de nuevo tipo, entre el modelo desarrollista tradicional para el cual la apropiación de la naturaleza no entraña ningún conflicto, y sectores sociales que por razones culturales y otras ligadas al tipo especial de relaciones de producción que practican, ven a la naturaleza como un bien común cuya apropiación los agrede y los priva de su medios de subsistencia. Es la contradicción entre actividad económica y naturaleza que emerge ahora a tenor del nuevo estado de la técnica, que supone la disponibilidad de fuerzas productivas capaces de realizar cosas que antes eran imposibles: ya sea talar bosques y selvas a una velocidad antes impensada, haciendo desaparecer la biodiversidad y modificando para siempre la misma faz de la tierra, caso de la Amazonia, o desintegrar montañas enteras para aprovechar los minerales que, de manera dispersa, esas montañas contienen, caso de la minería a cielo abierto en los Andes, y, al mismo tiempo transformar esas giga-toneladas de roca, barro y arena en RESIDUO CON PRODUCTOS QUIMICOS QUE CONTAMINA EL AGUA A MUCHOS KILOMETROS DEL LUGAR DE LA ACTIVIDAD MINERA….

Viene ahora en Brasil la construcción del escenario de la 2ª vuelta, y en Argentina, un año por delante en el que se construirá el escenario electoral del 2011 con temas de agenda tales como la Ley de Medios (y todo lo que ello implica, Papel Prensa, nueva televisión digital, nuevas señales), la incesante actividad de la oposición sistemática en el parlamento, donde resulta muy preocupante la actitud revanchista del bloque de senadores ¿propios? De las Provincias mineras que ya, por boca del Senador Gioja, amenazan “cobrar” lo que ellos consideran “traición” de los siete senadores del FpV que votaron a favor de la Ley

Pero hay más: hay en San Juan una campaña de prensa para construir en la ciudadanía provincial un ánimo de rebeldía y desafío a las instituciones nacionales que tendríamos que analizar con mucha seriedad. Ejemplo de ello, lo publicado hace pocos días en “El Zonda” de San Juan ( http://www.elzonda.info/index.php/Gioja-y-todas-las-fuerzas-productivas-definen-acciones-por-la-ley-Bonasso.html ) una nota llena de mentiras institucionales. Sigue el camino de la Ley 8144 de San Juan supuestamente de “Defensa de los Glaciares” que dice barbaridades tales como esta frase, del Art. 1º “Los glaciares existentes en el territorio de la Provincia constituyen Bienes del Dominio Público del Estado Provincial, como dueño originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio“, una soberana burrada jurídica, que resulta gravísimo que haya sido aprobada como “Ley”. Ningún Estado es “dueño” de los bienes del Dominio Público” PORQUE EL UNICO DUEÑO DE LOS BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ES EL PUEBLO. (de allí la raíz compartida de las dos palabras)

“Dueño” es un concepto propio del derecho privado que tiene entre sus notas destacadas la facultad de exclusión. El “dueño” de algo puede excluir a quienes desee. Yo, Uds. y cualquiera, que es “dueño” de su casa determina que otras personas no entran si nosotros no queremos.

 

Si el Estado fuese “dueño” de los bienes del dominio público significaría, por ejemplo, que el Estado podría prohibirle a las personas caminar por los parques, circular por las calles y hasta tomar agua de los ríos (porque el agua de los ríos y lagos, en este país, es bien del dominio público del estado, dice el Código Civil, Art. 2342) 

Además, si el Estado fuese “dueño” de los Bienes del Dominio Público, ESTOS FIGURARIAN EN SU INVENTARIO. Y los parques, plazas y calles tendrían Titulo de Propiedad (a nombre del Estado, claro) algo que en ningún  lado ocurre.

 

Hay  la absoluta FALTA DE LEGITIMIDAD para que LA LEGISLATURA DE SAN JUAN (o la de cualquier provincia) PUEDA RECHAZAR UNA LEY FORMADA POR EL CONGRESO NACIONAL. Semejante actitud está en el umbral del secesionismo. 

Va de suyo que lo que está pasando es más que suficiente para TACHAR PUBLICAMENTE TODA POSIBILIDAD DE QUE GIOJA SEA PARTE DE NINGUNA FORMULA PRESIDENCIAL.  Gioja está “retando” a la ciudadanía de toda la República. Mal puede representarla.

Pero además, hay que mirar el posible escenario de las elecciones 2011. Comenzando a delinearse la candidatura Alfonsin-Binner, prestar atención al sector social cuya diferencia con el kirchnerismo es esencialmente el manejo de la cuestión ambiental –en el que la cuestión de la Ley de Glaciares ha sido el tema de debate más importante de los últimos 60 días- parece estratégicamente crucial.

Así como está claro que Dilma será Presidenta de Brasil, la pregunta lógica, el 3,25 % que la separa del 50,1% que necesita para ganar ¿de dónde lo va a sacar? Tiene una respuesta que parece caer de maduro.

Además de los tres candidatos que salieron encabezando la grilla, hay en Brasil otros seis candidatos a la Presidencia. Solo uno de ellos, el “Partido Socialismo e Liberdade”, también escisión del PT, liderada por Heloisa Elena, que agrupa sectores trotskistas y euro-comunistas, llega al 0,88 %. Los otros cinco, en conjunto, solo alcanzan un 0,31 %. El conjunto sumado de los 6 candidatos (que de todos modos, jamás votarían juntos, porque entre ellos están las candidaturas de la extrema derecha) solo llega al 1,19 %. Dilma para ganar, necesita votos que solo puede sacar del Partido Verde de Silva o del Partido Social Demócrata Brasileiro de José Serra.

La política no es matemática, y la voluntad de los votantes no es manejable por los candidatos sino por sus dueños, los propios votantes. Pero, sin perjuicio de ello, es una cuestión de pura lógica que mientras jamás los sojeros o los electores Elisa Carrió votarían al Kirchnerismo, muchos votantes que han abandonado el espacio político de apoyo al gobierno descontentos con la política minera y petrolera sí podrían votar nuevamente al espacio puestos a elegir entre Néstor (o Cristina) Kirchner y Alfonsín – Binner

Mas allá de que ESO SERIA TOTALMENTE IMPOSIBLE SI LA FORMULA FUESE KIRCHNER – GIOJA, lo cierto es que no se puede esperar al resultado de la primera vuelta electoral del año que viene para buscar –en ese momento- un acercamiento de coyuntura con los sectores críticos de la política ambiental del gobierno, que podrían ser estratégicos.

Que haber vetado en 2008 la Ley de Glaciares fue un error, no es simplemente una afirmación mía. Si ahora ha dicho la Presidenta que NO VETARA la Ley que salga del Congreso, y aun cuando en el momento en que hizo esta afirmación ya se veía como bastante posible que saliera la Ley que finalmente salió, que ES LA MISMA QUE ELLA VETO, va de suyo que esta actitud que ahora toma la Presidenta constituye una rectificación de su anterior acto. Esto es algo que no puede ser leído de otra forma que la rectificación de un error, algo que merece un reconocimiento: es muy bueno que el Gobierno tenga capacidad de rectificar sus errores para mejorar su gestión.

 

Ahora bien: este error que ahora se rectificaría ni es exclusivo de la Presidenta ni se agota en el acto formal del veto o promulgación de la Ley de Glaciares. En mi humilde opinión, requiere rectificación la consideración que el espacio político del gobierno hace de la importancia de esta nueva contradicción, entre naturaleza y modelo de desarrollo, que no conocíamos en estadios anteriores del desarrollo de la técnica, pero que ahora, adquiere contornos que, como se ha visto en Brasil, pueden llegar a decidir una elección. 

Algo que no es poca cosa, y que tiene su impacto en toda la región: la historia de América Latina no es la misma si en el período 2011-2015 en Brasil gobierna Dilma Rousseff, que si gobierna José Serra. La nuestra, tampoco. 

El conflicto entre modelo de desarrollo y naturaleza fue tempranamente anunciado dentro del peronismo, por el propio Perón, que el 21 de Febrero de 1972 escribió, en su célebre Carta sobre Medio Ambiente a los Gobiernos del Mundo: necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que, al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionalicen el consumo de recursos naturales y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental…. Y así, mientras llega a la luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira, el agua que bebe, y el suelo que le da de comer y eleva la temperatura permanente del medio ambiente sin medir sus consecuencias biológicas. 

Grave sería olvidar esa enseñanza ahora, que los temas que en 1972 parecían sólo una elucubración de mentes muy esclarecidas para tiempos lejanos por venir, se han transformado en tema de agenda que puede decidir una elección. 

*Integrante de Carta Abierta – Comisión de Medio Ambiente

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Soja, ambiente, intereses

Por Mempo Giardinelli

En las últimas cuatro semanas recibí decenas, quizá centenares de mails a propósito del intercambio con Gustavo Grobocopatel.

Me han escrito altos directivos de la Sociedad Rural Argentina, socios de la Federación Agraria, ingenieros agrónomos de la pampa santafesina y la bonaerense, productores de Rafaela y Reconquista, de General Villegas y Córdoba, de Pergamino y Santiago del Estero, de Formosa y de Salta, productores arroceros de La Leonesa en mi provincia, así como del interior de Corrientes, e incluso de Rio Grande do Sul, en Brasil.

Fue una lluvia impresionante de mensajes a favor o en contra de la producción extensiva de soja. Los que firman son científicos del Conicet; genetistas de por lo menos cuatro universidades nacionales; colectivos de productores; campesinos desplazados; economistas del Plan Fénix y de otras instituciones económicas, culturales y agrarias de medio país; filósofos, escritores, lectores de este diario y etc., etc. Salvo un par de idiotas ofuscados, la inmensa mayoría de los mails fueron de tono respetuoso, tolerante y aportador de información en favor o en contra de lo expresado en mis notas. Fue un ejercicio hermoso pero tan masivo que, por eso mismo, me veo impedido de responder a uno por uno.

Lo que sí me queda es la sensación clarísima de que involuntariamente he destapado una caja de Pandora. Y no me parece mal si la discusión de los males o bienes emergentes le sirve a la nación, pero yo aquí paro. Prefiero no seguir polemizando con quienes, en general, me dicen –y siguen diciendo– que estoy equivocado o mal informado, pero sin rebatir mis argumentos. Que acaso no son gran cosa, pero sí son firmes y los sintetizo por última vez:

a) la soja transgénica es peligrosa hasta tanto no se demuestre lo contrario y no debería permitirse en la Argentina (como lo hacen casi todos los países productores);

b) el glifosato, si bien parece que es menos peligroso que el viejo DDT, no por eso es inocente y menos si está bañando la friolera de 22 millones de hectáreas de territorio nacional.

En mi primera nota hablé de “daños colaterales” y la verdad es que los sigo viendo. Donde había bosques naturales no los hay más. Decenas de miles de campesinos fueron y son forzados a abandonar sus tierras para engrosar villas miseria, no hay emprendimiento privado que los contenga y lo que hace el Estado no alcanza. Cada vez veo más escuelas rurales semivacías, y cómo se reclutan chicos para banderilleros de aviones fumigadores. El año pasado se conoció el caso de San Jorge, Santa Fe, donde además he escuchado testimonios de primera mano. Ahora me llega un mail que informa que a comienzos de septiembre “un equipo de pulverización terrestre se aprestaba a pulverizar los cultivos de soja ubicados en el predio que linda, calle de por medio, con la Escuela del Lote 7, en Colonias Unidas, Chaco. Los vecinos del lugar, que en años anteriores fueron testigos de estas prácticas y que advierten serios problemas de salud en sus niños, impidieron que esta vez se lleve a cabo la aplicación apostándose frente al equipo pulverizador evitando que pueda seguir circulando”, luego de lo cual hicieron la denuncia solicitando que no se “fumigue” más en cercanías de la escuela ni de sus hogares.

Y en la web leo, al cierre, que si hoy en la Argentina se obtienen 30 kilos de miel por colmena, hace 20 años se obtenían hasta 80 kilos en la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. El cambio obedece básicamente a que en lugar de pasturas para alimentar vacas lecheras, ahora se siembra soja. La producción argentina en la cosecha 2008/2009 fue de 57 mil toneladas, de las cuales se exportó el 95 por ciento. Pero se producían 100 mil toneladas hace 10 años.

Estos también son daños colaterales de una producción que aunque deja divisas al país, no se ha demostrado que no es peligrosa, y además está descontrolada.

Quisiera que se entienda este artículo como una respuesta cordial a cada uno/una de quienes me escribieron. Seguramente hay muchos/as argentinos que saben mucho más que yo de este asunto. Lo mío es la literatura, es cierto, pero también me incumbe como ciudadano el cuidado de un país que tenía una tierra que pensábamos bendita y los acuíferos más impolutos del mundo. Hoy sabemos que eso ya no es así, que la soja transgénica y el glifosato son parte del problema (y no de la solución) y que nadie puede probar lo contrario.

Están muy bien el desarrollo, los emprendimientos y los intereses empresarios que benefician al país. Ganamos todos. Pero cuando el rumbo del de-sarrollo es decidido por el interés de unos pocos, que además pueden hacer que las decisiones políticas se subordinen a ellos, los que perdemos también somos todos.

Hacen falta controles estatales firmes y vigorosos, y legislaciones fuertemente preservacionistas, tanto para la soja y el glifosato como para la represa del Ayuí o la gravísima cuestión de los glaciares, hoy en manos de empresas mineras y gobernadores como el señor Gioja de San Juan y otros que parecen no ver más allá de sus narices. O de sus bolsillos, quién sabe.

Es claro que hay que distinguir conductas y grados de sensibilidad, porque no todos son lo mismo, ni en la soja ni en ninguna otra actividad. Pero también es cierto que el medio ambiente es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de quienes suelen tener más intereses que conciencia social.

Fuente: Página 12, 26.09.10

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