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Los intereses detrás del golpe

– Por Idilio Méndez Grimaldi *

Tres intereses convergieron para el derrocamiento de Fernando Lugo: los intereses de las transnacionales del agronegocio y del sector financiero; los de la oligarquía terrateniente, aliada al capital transnacional, y los de los partidos políticos de derecha. Todos apadrinados por Estados Unidos.

Los objetivos estratégicos son: reinstalación de una democradura exclusivamente regenteada por la derecha, con apoyo de Estados Unidos y algunos países europeos como en los tiempos de la Guerra Fría; arrinconamiento y criminalización de la izquierda y los movimientos sociales; avance de la producción meramente extractivista agroexportadora, con la postergación indefinida de la industrialización del país; consolidación violenta del proceso de descampesinización del campo.

En el campo geoestratégico, Paraguay se convierte aceleradamente en un problema cada vez más grave para Brasil y las posibilidades de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), y tiende a consolidarse como una base importante de operaciones de Estados Unidos en el proceso de disputa por el control de América del Sur.

La Unión de Gremios de Producción (UGP), que integra a los productores mecanizados del país, pero que en la práctica sirve de refugio a los terratenientes, especuladores y rentistas de la tierra, pivoteó toda esta trama contra Lugo. Cuando la trasnacional Monsanto tuvo inconvenientes para imponer su semilla transgénica de algodón y de maíz por incumplimiento de normativas legales, empezó a ascender la presión de la UGP. Monsanto facturó –sin pagar impuestos– en concepto de regalías, 30 millones de dólares, sólo en 2011, por su soja transgénica, sin contar la facturación por la venta de semillas. Parte de ese monto se distribuye anualmente entre los tecnócratas de la UGP.

Este gremio presionó primero por la destitución de Miguel Lovera, un técnico que dirigía la institución de control y uso de semillas y agroquímicos en el país. Luego amenazó con una protesta nacional, denominada tractorazo, consistente en el cierre de rutas con maquinarias agrícolas, y por último presionó por el juicio político de Lugo.

La UGP está dirigida por Héctor Cristaldo, empresario ligado estrechamente al grupo empresarial de los Zuccolillo.

Este grupo es socio de Cargill, otra trasnacional del agronegocio. El grupo Zuccolillo también tiene en su haber el diario ABC Color, dirigido por su propietario Aldo Zuccolillo. La línea editorial de este periódico está plagada de incitaciones y provocaciones a las fuerzas armadas y a los partidos políticos para derrocar a Lugo desde los inicios de su gobierno.

En enero del corriente año, Aldo Zuccolillo se reunió con el político del Partido Colorado, el también agroempresario Horacio Cartes. El senador colorado Juan Carlos Galaverna manifestó que Cartes salió deslumbrado de la entrevista con Zuccolillo. Según los cables de Wikileaks, publicados por el propio Zuccolillo el año pasado, Cartes fue involucrado por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, en narcotráfico y lavado de dinero. El Departamento de Estado lo ha blanqueado.

Llamativamente, en el último tramo del gobierno de Lugo, Cartes fue el principal propulsor dentro de su partido para el juicio político a Lugo, apoyado por el diario ABC de Zuccolillo. Finalmente, Cartes arrastró a su partido –que había sido derrotado por Lugo en 2008, luego de 60 años en el poder– para promover la destitución del presidente.

Esto ocurrió tras los sangrientos sucesos de Curuguaty del 15 de junio pasado, donde murieron seis policías y once campesinos, en un desalojo de un latifundio propiedad del ex presidente del Partido Colorado, Blas Riquelme. Estas muertes sirvieron de principal excusa para acelerar el derrocamiento de Lugo.

En un giro de 180 grados, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) abandonó el cogobierno con Lugo y de la mano de su presidente, Blas Llano, también se acopló al juicio político impulsado por el Partido Colorado, el diario ABC Color y la UGP.

Hoy, al PLRA, en el poder luego de 70 años de llanura, con Federico Franco como presidente del Paraguay, le quedan poco más de 13 meses para gobernar y deberá hacer el trabajo sucio de reprimir a sus ex aliados en el gobierno: a la izquierda y a los movimientos sociales, que iniciarán una sistemática resistencia al gobierno liberal, destruyendo cualquier posibilidad de ganar las elecciones del otro año. Horacio Cartes, precandidato por el Partido Colorado, sonríe y ve mejorar sus chances con apoyo de ABC Color, la embajada estadounidense y la UGP.

Finalmente, en estos días, Lugo y sus asesores deberán reconocer que cometieron un grave error: Pensaron que podían cogobernar con el imperialismo, con la oligarquía feudal y con los partidos de derecha, tributarios de los poderes fácticos y traidores a la patria. Como dice Atilio Boron, es un error creer que un gobierno tímidamente progresista, como fue el de Lugo, pudiera prosperar transigiendo con los intereses oligárquicos e imperiales, sin articular a los movimientos sociales y a los partidos de izquierda.

* Autor del libro Los herederos de Stroessner. Miembro de la Sociedad de Economía Política de Paraguay, Seppy. De La Jornada. Especial para Página/12.

Fuente: Página 12, 27.06.12

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EN OTRO 12 DE OCTUBRE, UN INFORME REVELA COMO EL MODELO AGROPECUARIO AVANZA SOBRE LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

 Por Darío Aranda

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.

Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.

La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).

El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.

Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.

La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.

Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.

Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Fuente: Página 12, 12.10.10

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