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BASTA BUITRES

 

Obligados… a una nueva Vuelta de Obligado

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Por Roberto Páez González *

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En el caso argentino, los “fondos buitre” no eran acreedores de Argentina, sino que compraron títulos que quedaron fuera de la restructuración, esperaron –yendo a juicio- la recuperación de Argentina, con la meta de alcanzar ganancias extraordinarias con el fallo.

No nos cabe duda: además de los intereses inmediatos de los círculos llamados “fondos buitres” existe una voluntad política de domesticar gobiernos para someterlos a una lógica extrema de financiarización e imponer relaciones de vasallazgo a las democracias existentes.

No podemos menos que comprobar con diversos antecedentes que esta lógica se asienta,  al menos en parte, en la connivencia de tribunales como los estadunidenses o en la de organismos de arbitraje de instituciones multilaterales, como el CIADI, etc. que favorecen a empresas en sus litigios con Estados, como ha venido ocurriendo cada vez más a menudo en las últimas décadas.

En el caso argentino, se registra una herencia-rémora del neoliberalismo de la dictadura militar y de los años noventa, constituida en amenaza para la política de desendeudamiento encarada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Pero ante la crisis de deudas soberanas, también se trata de disuadir a otros países de emplear métodos similares; los capitales especulativos procuran dar la pauta de cómo les iría a España, Grecia, Portugal u otros si lo intentasen.

Reacción de la Presidenta y del Ministerio de economía

CFK vs buitres

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó inmediatamente por cadena nacional y explicó con mucha claridad cómo esos títulos fueron comprados a precio basura, por unos 48 millones de dólares y cómo la sentencia del juez Griesa les otorga una rentabilidad superior al 1600% que obligaría al Estado argentino a pagar alrededor de 1500 millones de dólares ahora mismo, poniendo a Argentina en el dilema de no poder pagar este fin de mes al 92% de bonistas que aceptaron la reestructuración de deuda (unos 900 millones de dólares de títulos Discount).

También el ministro Kicillof explicó que el veredicto de Griesa “nos empuja al default” porque además de ese monto, Argentina se vería obligada a pagar a otros tenedores de deuda unos 15.000 millones de dólares, suma superior la mitad de las reservas del Banco Central.

Kicillof dijo: “es por eso que estamos iniciando los pasos para hacer un canje de deuda para pagar en Argentina, bajo legislación argentina”, algo que ya había planteado en agosto de 2013 Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York  avaló la decisión de primera instancia tomada por Griesa.

Por medio de un comunicado de prensa, de ayer, 18 de junio de 2014, el Ministerio de Economía lamentó que “la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos” dejara “sin efecto la suspensión (“stay”) de las medidas cautelares pari passu dictadas por el Juez Griesa”.

Después del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el término de 48 horas, esta decisión de la Cámara de Apelaciones cierra el camino a eventuales negociaciones y le impide a Argentina “efectuar el próximo 30 de junio el pago de los cupones de deuda en cumplimiento a sus acreedores reestructurados a menos que, en simultáneo, pague la totalidad de lo reclamado por los fondos buitres (que podría ascender a U$D 15 mil millones).

En efecto, también señala el comunicado que “el levantamiento del “stay” por parte del Segundo Circuito imposibilita así el pago en Nueva York del próximo vencimiento de la deuda reestructurada y muestra la inexistencia de voluntad de negociación en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia dictada por el Juez Griesa.

El comunicado concluye afirmando que “Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados, ya que siempre ha ofrecido pagar bajo las mismas condiciones y en concordancia con la ley del país”.

Hoy. El jefe de Gabinete

Jorge Capitanich puso en tela de juicio que el sistema judicial argentino haya guardado silencio hasta el momento acerca de la exigencia de los fondos buitre que no solo afecta a la reestructuración de la deuda externa, sino también “al desenvolvimiento autónomo del país”. Además, realzó el contraste con el Congreso, donde “con la participación de sus diferentes bloques y aún con diferencias, marcó un sendero de apoyo a la estrategia de negociación argentina, porque esta es una política de Estado”.

Desde luego, la jurisdicción legal de Nueva York en los contratos de deuda, está en la picota. Capitanich respondió que: “Los condicionamientos preexistentes obligaron a reestructurar la deuda en las mejores condiciones posibles”. También se refirió a que, en Estados Unidos, “Argentina ha afrontado 900 causas en todo este tiempo y hemos tenido un asesoramiento jurídico eficaz para evitar la acción decidida de los fondos buitre”.

Trasfondo

Aunque el entramado financiero internacional es muy complejo, parece haber un sector interesado en producir cortocircuitos, sin temor a las consecuencias. Signos, entre otros, podrían ser la brutalidad de dejar a Lehman Brothers caer en quiebra, las recordadas dificultades de Obama para dotarse de un presupuesto, la tozudez extraordinaria en mantener una política neoliberal a ultranza en Europa en torno a las metas de consolidación fiscal, y esta decisión que suma el fallo del juez Griesa, el rechazo de considerar la apelación argentina por parte de La Corte Suprema de Estados Unidos y el levantamiento de la cautelar 48 horas después.

No cabe estimar que se trata solo de los “fondos buitre”, sino que se puede ver en estos hechos el connubio del sector más agresivo de la financierización con los políticos neoconservadores y los neoconservadores enquistados en el sistema judicial norteamericano.

No pueden desconocer que la decisión multiplica el daño porque simultáneamente nuestro país registra las dificultades propias de la restricción externa. Al contrario, la oportunidad forma parte del asedio que se nos intensifica.

Los recientes acuerdos con Repsol y el Club de París, la atenuación del conflicto con el FMI se enmarcan en una globalidad que reconoce la necesidad de nuevas regulaciones, estímulos al crecimiento y al empleo para salir de la crisis.

En lo que nos concierne, estamos obligados a una nueva Vuelta de Obligado.

 

* 19.06.14

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CFK vs buitres

Es un fallo contra el país y los bonistas”

La Corte de Estados Unidos rechazó la demanda argentina y devuelve la causa de los buitres al tribunal de Griesa. La Presidenta, por cadena nacional, respondió que el país mantendrá el compromiso del canje, pero no será “cómplice de un modelo especulativo”.

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Por Raúl Dellatorre

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“Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestra deuda con los bonistas, pero no vamos a aceptar extorsiones: no queremos ser cómplices de aquellos que están dispuestos a hacer negocios sobre la miseria de la gente.” La frase, en lenguaje directo, en tono firme y sereno, la lanzó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en un mensaje por cadena nacional que dio anoche. “Dirigido a los millones de argentinos que estarán escuchando, pero también al 92 por ciento de nuestros acreedores que adhirieron al canje”, expresó. El mensaje fue la respuesta oficial al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos rechazando la apelación argentina contra la decisión del juez de Nueva York, que reconoce el derecho de los fondos buitre de reclamar el pago en efectivo del total del valor nominal de los bonos que compraron después del default. La Presidenta anunció que ya instruyó que se instrumente el pago, en este mes, de los próximos vencimientos de deuda por bonos del canje, correspondientes al Discount y el Par, por un total de 930 millones de dólares. Estos pagos podrían hacerse por una plaza distinta a Nueva York, si existiera riesgo de embargo por parte del juez Thomas Griesa.

La Corte Suprema de Estados Unidos informó ayer, a media mañana, en Washington, su rechazó a la petición argentina para que tome en sus manos, en apelación, la causa en la que el juez de distrito de Nueva York, Thomas Griesa, dispuso la obligación de pagarle a NML Capital Ltd y otros fondos de inversión (Aurelius y Blue Angel, entre ellos) una suma de 1300 millones de dólares al contado, como reconocimiento al valor consolidado del precio nominal de los títulos en tenencia de aquéllos, más los intereses y punitorios por el tiempo transcurrido desde el cese de pagos, diciembre de 2001. Griesa había pedido el embargo de cualquier pago que Argentina pudiera intentar hacer, en la plaza de Nueva York, a favor de los demás acreedores de bonos en default, pero que hubieran aceptado el canje por nuevos títulos en 2005, decisión que quedó “en suspenso” por las apelaciones. Ahora, tras el fallo de la Corte rechazando la solicitud argentina, la causa y su ejecución volverían a manos de Griesa.

“Este fallo es contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también a los del 92 por ciento de los acreedores que creyeron en el país y en la reestructuración de su deuda, y también va en contra del funcionamiento del sistema económico y financiero global”, definió CFK al iniciar su exposición, de 28 minutos. Recordó el apoyo a la posición argentina expresada por Francia, México, Brasil y parlamentarios británicos, que entendieron que se trataba de una causa de carácter global. Sin embargo, más adelante en su discurso aseguró que el fallo en contra de Argentina no la sorprendió. “No es un problema económico, ni siquiera financiero o jurídico” lo que se está definiendo, explicó. El fallo “es la convalidación de un modelo de negocios a escala global, una forma de dominación mundial en base a la especulación, a los negocios con títulos y derivados, para poner de rodillas a los países y a su población: basta que haya gobiernos dispuestos a ceder a las presiones de este poder financiero” para que éste imponga las condiciones en su provecho. Este camino, advirtió, “va a tener consecuencias graves, tragedias inimaginables”.

Por qué buitres

La presidenta argentina recordó que tanto en el país como en muchos otros, inclusive Estados Unidos, existen leyes de quiebra o bancarrrota que facultan a una empresa, en cese de pagos o default, a reestructurar su deuda con el acuerdo de los titulares del 66 por ciento de las acreencias. “Para las deudas soberanas de los países no existe algo así”, recordó, lo cual es aprovechado por algunos fondos especulativos para obtener amplios beneficios comprando “deuda defolteada, de un país que ya dejó de pagar, a precio de bonos basura, porque tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ese país se recupere” y exigirle, en un tribunal, una suma varias veces superior a la invertida en su compra. En el caso del fondo buitre NML Capital Ltd, que lidera la demanda contra Argentina en Nueva York, recordó que compró los bonos argentinos después del default de 2001, pagando 48,7 millones de dólares por ellos, y ahora la Justicia neoyorquina le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por los mismos. “Una ganancia de 1600 por ciento en dólares en pocos años; yo creo que ni el crimen organizado consigue esa tasa de retorno en tan poco tiempo”, subrayó.

La Presidenta dimensionó las consecuencias financieras que tendría el cumplimiento efectivo de la pretensión de los fondos buitre recordando que, a valores de hoy, el pago que el juez de Nueva York le ordena a Argentina hacer a favor de NML Capital y demás fondos buitre que intervinieron en el litigio, asciende a unos 1500 millones de dólares. Pero esos fondos, explicó, representan la décima parte del total de bonos que no entraron al canje. Si ese poco más del 7 por ciento de la deuda no canjeada se presentara en los tribunales reclamando igual derecho que el obtenido por estos fondos buitre, Argentina enfrentaría una demanda de alrededor de 15 mil millones de dólares: “Eso es más de la mitad de las reservas internacionales; es absurdo e imposible pretender que un país destine a un solo pago de deuda más de la mitad de sus reservas”, señaló CFK, indicando de inmediato que, “además, si el 92 por ciento que entró en el canje encuentra otro juez que considere, por una cuestión de equidad e igualdad, que es exigible por esos bonistas el pago al contado del valor total de los bonos al momento del default o de su emisión, entonces tendríamos que tanto el acuerdo de canje, como el país, caerían como un castillo de naipes”.

Los orígenes

La Presidenta dedicó un párrafo central de su exposición a historiar el origen y acumulación de la deuda externa, sobre todo su evolución desde el golpe cívico-militar de 1976. “A partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina”, que quedó expuesto en términos de pobreza y de miseria, desocupación y marginalidad, destrucción del aparato productivo y desintegración nacional. “Creció en dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los ’80 primero y después, en los ’90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible.”

Cristina Fernández se refirió de inmediato, en modo irónico, a “dos formidables operaciones, que algunos definen como el mayor fraude financiero de la historia: el Blindaje y el Megacanje”, las dos renegociaciones de deuda ejecutadas bajo el gobierno de Fernando de la Rúa (años 2000 y 2001). El primero, recordó, “fue una suerte de pasamanos entre el Fondo Monetario y algunos acreedores, por el cual el primero le prestaba al país supuestamente 40 mil millones de dólares de los que no ingresaba nada”. En cuanto al Megacanje, Cristina Fernández refrescó que fue “una idea propuesta por David Mulford, ex secretario de Tesoro de Estados Unidos”, que había sido convocado por el entonces (año 2001) ministro de Economía Domingo Cavallo. Consistió en el canje de 46 bonos entonces vigentes por otros 5 de nueva emisión, ampliando los beneficios en tasas pero extendiendo los plazos de pago, que abarcaba a una gruesa porción del stock de deuda de aquel momento. Por esta operación, recordó ayer la Presidenta, el país pagó 150 millones de dólares en comisiones, de los cuales se beneficiaron siete bancos y el propio Mulford (cobró unos 20 millones, precisó ayer la jefa de Estado). Algunos de esos bancos eran, a la vez, titular de AFJP que poseían títulos de la deuda anterior y los canjearon por los nuevos. “Los bancos cobraron comisión por colocar deuda que ellos mismos ya tenían en sus propias AFJP”, señaló la Presidenta en su repaso.

“Esta operación le provocó al país un perjuicio de 55 mil millones de dólares; pero esta causa prescribió en la Justicia. ¿Qué significa esto? Que por inactividad de los jueces, de algunos fiscales y camaristas, fueron venciendo los plazos y la causa se cayó. Así logró Mulford su sobreseimiento. Es la forma en que actúan algunos jueces, que contrasta con la celeridad con que intervienen cuando las acciones son contra el Estado”, expresó.

Pocos meses después del Megacanje, en diciembre de 2001, sin posibilidad de cumplimiento, en un país que se achicaba al ritmo de las políticas de ajuste, “se disparó el default de deuda soberana más grande de la historia”, apuntó la Presidenta, “con una deuda que llegaba al 160 por ciento del PBI, una desocupación del 25 por ciento y una pobreza del 50 por ciento”. Fue a partir del 25 de mayo de 2003, al asumir Néstor Kirchner la presidencia, recordó, que se inicia el proceso de renegociación que culmina en el primer canje, y luego continuó la actual mandataria con el segundo canje (2010), los arreglos en el Ciadi y el más reciente acuerdo con el Club de París.

“Nuestra voluntad de pago está más que demostrada. Un gobierno está obligado a tener, además, voluntad de negociación, pero también a saber distinguir una negociación de una extorsión. Argentina va a cumplir con su deuda reestructurada, no vamos a defoltear nuestros compromisos con los bonistas del canje. Antes de fin de mes tenemos vencimientos por unos 900 millones de dólares (749 millones del Discount más 183 millones del bono Par, este último con plazo hasta septiembre) y ya di instrucciones para que se instrumente su cancelación. La vocación de Argentina es pagar sus deudas. Vamos a cumplir con nuestros acreedores, pero no vamos a aceptar extorsiones”, dijo al cerrar su mensaje, cerca de las 22, algo más de 11 horas después de que se conociera el fallo de la Corte Suprema en Washington que sorprendió a los mercados.

Fuente: Página 12, 17.06.14

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Con el mandato de “empoderar”

Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a la militancia en los patios de la Casa Rosada. Pidió difundir “casa por casa” los logros del Gobierno, entre los que mencionó “un largo listado de inclusiones”.

El cara a cara con los jóvenes ocurrió después del acto en el que se anunció la reestructuración de las deudas de las provincias. La jefa de Estado se asomó desde las galerías que dan al hall central y el Patio de las Palmeras para tener unas palabras con los que no habían logrado entrar al salón. Gran parte de su mensaje hizo alusión a la campaña que se abrirá de cara a las elecciones de 2015, que pondrá en juego la continuidad del modelo que permite anuncios como el realizado durante el acto de ayer.

En este marco, la Presidenta reconoció el plenario que la militancia kirchnerista hizo el domingo en el Mercado Central. “Hay que organizarse como se organizaron ayer”, dijo, y pidió que “se organicen para difundir claramente, con alegría, estos hechos, estas obras y estas realizaciones, casa por casa, frente por frente, en los barrios, las universidades, los sindicatos, en la calle, frente a cada uno, sin ofensas”.

“No necesitamos criticar a nadie”, aconsejó. “¿Saben por qué los demás nos critican a nosotros? Porque no pueden mostrar nada de lo que ellos hicieron. Ellos solamente pueden criticarnos porque no pueden exhibir las grandes inclusiones. Nosotros tenemos un listado inmenso para exhibir; también cometimos errores, pero si hacemos un balance es infinitamente superior el grado de aciertos, el grado de inclusión que hemos logrado. Tenemos que salir no a criticar, sino a contar lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que falta hacer todavía.”

Otro de los temas fue el del rol político de la juventud. La Presidenta apuntó que hoy ve militar a chicos “de 14 o 15 años, en el frente secundario” y aseguró que confía en los jóvenes “como no confío en nadie, porque son los que tienen el compromiso con el futuro”.

Luego recordó que el próximo 1º de mayo se cumplirán 40 años del día en que Perón echó de la Plaza a los Montoneros. “Fue un desencuentro trágico para el peronismo y el país, porque después durante décadas la juventud ya no se acercó a la política. Lo hizo con el advenimiento de la democracia, pero rápidamente aquello también se perdió”, reseñó. “Nosotros, a diferencia de otros movimientos políticos, hemos logrado que miles de jóvenes se incorporen a la política, no desde un movimiento que recién empieza, sino desde un gobierno que va a cumplir 11 años de gestión.” La Presidenta aconsejó a los jóvenes que, “como cuadros políticos y militantes, comiencen a mirar la política como un proceso histórico, no como una fotografía, no como una película que empieza cuando uno llega al cine y termina cuando deja la butaca”.

“La política –sostuvo– es sentirte parte de un proceso y un proyecto colectivo, que no empieza ni termina en uno, sino que debe ser empoderado por el pueblo.” También homenajeó a Néstor Kirchner: “La historia fue injusta con él, porque a mí me permitió ser no solamente la primera mujer presidenta electa, sino la que mayor cantidad de votos obtuvo, pero él, que sólo tuvo un 22 por ciento, vino a cambiar la Argentina”. “Por esto –agregó–, es importante mirar la historia como un proceso político y no como un proceso electoral.”

Fuente: Página 12, 21.04.14

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Miedo a los oligopolios

Por Alfredo Zaiat

En la tercera reunión con empresarios y sindicalistas, el 11 de septiembre pasado hubo un comentario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que pasó

inadvertido, pero muestra que el Gobierno ha empezado a tomar nota de un nudo central de la economía: el abuso de la posición dominante de monopolios y oligopolios. La definición presidencial que quedó confundida en la frase “que nadie tenga miedo a decir lo que piensa”, en referencia al silencio ante ella y a las animadas críticas a la política económica en los medios del titular de la UIA, Héctor Méndez, y del banquero Jorge Brito, fue la siguiente: “Existen quejas concretas de pymes que terminan siendo perjudicadas cuando hacen denuncias sobre prácticas dominantes de grandes empresas monopólicas en la producción de insumos básicos y en productos de la canasta familiar, y son castigadas cortándoles el crédito, algo que pasa en toda la cadena de valor, desde la producción hasta terminar en los grandes supermercados”.

Las tensiones en los precios se reconocen en la revitalizada puja distributiva, en la disputa por el reparto de la riqueza entre el capital y el trabajo. Esta es la principal fuente inflacionaria desde 2007, además de otras vinculadas con el sector externo por la devaluación de la moneda y la suba de los precios internacionales de las materias primas. El comportamiento de los oligopolios no explica la variación de precios, pero sí la suba en los niveles de precios, lo que termina exacerbando la puja distributiva además de afectar la competitividad de la economía, en especial la de las pequeñas y medianas empresas.

Las prácticas más conocidas ejercidas por grupos dominantes sobre las pymes no son denunciadas por miedo al castigo del más fuerte sobre el más frágil, y por la debilidad institucional para controlar y sancionar los abusos. Algunas situaciones desplegadas en actividades con preeminencia de una o pocas grandes compañías son habituales generando estrangulamiento patrimonial en pymes. Los casos más conocidos, aunque no difundidos, son:

→ Empresas con posición dominante en la producción de insumos básicos y difundidos (chapa, acero, plásticos, aluminio, químicos, petroquímicos, energía, papel), eslabón sensible de la cadena productiva. Fijan precios discrecionales, formas de pago de contado anticipado y hasta en algunos casos entrega de insumos condicionados a imposición de precios del producto final para algunas industrias (por ejemplo, envases para distintos alimentos y lácteos). También definen acuerdos globales entre multinacionales en detrimento de proveedores nacionales. Estas últimas firmas no tienen alternativa porque el espacio de desarrollo de su actividad está ocupado por monopolios u oligopolios.

→ Grandes compañías de la industria de alimentos y de productos de limpieza y tocador. Son líderes en el mercado de consumo masivo con muchas marcas muy conocidas, además de tener un muy fuerte poder de penetración en la sociedad debido a que integran el lote de los mayores inversores en campañas de publicidad. Aunque parezca extraño, son los que fijan los precios de los productos de la competencia pues los mayoristas y supermercados venden a los valores que les imponen como condición para tener en las góndolas la amplia canasta de productos de las marcas líderes. Esos precios en góndolas son más elevados que los de las grandes firmas multinacionales, lo que permite reforzar su posición dominante.

→ Supermercados: exigen la entrega de productos en consignación, concretan los pagos a plazos de 60 y 90 días, definen posiciones inferiores en las góndolas según el tipo de negociación con los proveedores, cobran por ubicación de los productos en las góndolas. Las grandes marcas pagan lo que se denomina punta de góndola, mayor costo que trasladan en el precio final al consumidor. Esas empresas también pagan a los supermercados para desplazar a las pymes de las mejores góndolas.

El desarrollo de grandes compañías con una influencia cada vez mayor en los mercados forma parte de la evolución del capital en la economía global. La debilidad normativa (Poder Legislativo), institucional y de intervención (Ejecutivo y Judicial) para limitar esos abusos es el factor que diferencia la participación de los monopolios y oligopolios en la economía argentina en comparación con otras.

Dos casos son emblemáticos de esa debilidad estatal para evitar excesos de grandes grupos económicos. Uno es el del cartel del cemento (Loma Negra, Juan Minetti, Cemento Avellaneda, Cemento San Martín y Petroquímica Comodoro Rivadavia), que hace casi diez años fue sancionado con una multa por 310 millones de pesos, que recién la Corte Suprema convalidó en mayo pasado, y aún no han abonado, además de que no hubo medidas administrativas para desarticularlo. El otro caso es más difundido porque forma parte de una intensa disputa político-mediática: la resistencia del principal grupo económico dueño de medios de comunicación (Clarín) a la desconcentración dispuesta por una ley que el jueves de esta semana cumplirá cuatro años de aprobada por amplia mayoría. Diferentes niveles del Poder Judicial han avalado la estrategia dilatoria de la compañía para eludir la ley.

El voluntarismo político animando a las pymes a no tener miedo para denunciar el abuso de la posición dominante requiere de nuevas herramientas de intervención del sector público para que sea efectiva esa convocatoria. Una de ellas es la creación de la figura del fiscal de defensa de la competencia. Una de sus facultades sería la de accionar de oficio resguardando la identidad de la pyme perjudicada, evitando así represalias de los monopolios u oligopolios al denunciante.

Como antecedente, en Chile ese rol lo cumple la Fiscalía Nacional Económica como órgano encargado de combatir conductas que afectan la competencia.

Hubo un proyecto de ley creando el papel del fiscal de defensa de la competencia, aprobado en Diputados en mayo de 2009 por 158 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, pero que no fue tratado posteriormente por el Senado perdiendo estado parlamentario. El hecho notable es que fue un proyecto que reproducía otro que también tuvo media sanción por unanimidad en Diputados en julio de 2006 y luego no fue tratado en el Senado, presentado por las entonces diputadas Patricia Vaca Narvaja (actual embajadora argentina en México) y Mercedes Marcó del Pont (presidenta del Banco Central).

Entre las atribuciones del fiscal de defensa de la competencia se definía su autoridad para denunciar e iniciar el procedimiento de investigación de conductas anticompetitivas, y la capacidad de recibir denuncias de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, e iniciar el caso preservando la identidad del denunciante. Para esa tarea estaría en condiciones de realizar estudios de mercado con capacidad de exigir documentación y colaboración de particulares, autoridades nacionales, provinciales y municipales, y asociaciones de defensa de consumidores. Podría realizar pericias sobre libros y documentos de compañías investigadas, además de controlar existencias, orígenes y costos de materias primas u otros bienes sensibles de la cadena productiva. También tendría participación en los procedimientos de aprobación de operaciones de concentración económica accediendo a la documentación del expediente, pudiendo plantear su opinión respecto de los efectos de la transacción en la competencia del mercado. El fiscal podría requerir además el dictado de las medidas preventivas, por ejemplo ordenar la aplicación de multas y el cese de la conducta evaluada como abuso de posición dominante.

Perder el miedo a las represalias de monopolios u oligopolios que abusan de su posición dominante necesita de la protección del Estado a las pymes afectadas a través de la Comisión de Defensa de la Competencia. Para agilizar el trabajo de esa dependencia pública, un fiscal de defensa de la competencia sería un primer escudo en esa pelea desigual.

Fuente: Página 12, 06.10.13

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Argentina entre los buitres y el desastre sirio

La conexión entre los fondos buitre y la crisis del sistema financiero. Por qué los países centrales volvieron a preocuparse por los paraísos fiscales. Las incógnitas que plantea la catástrofe siria. La opinión de Stiglitz y Krugman.

Por Martín Granovsky

En 1712 Pedro el Grande, el primero de los Romanov, estableció su capital en San Petersburgo. Quería abrir una puerta a Europa. En 1917 cayó el último de los zares, Nicolás II Romanov, y en 1918 la capital pasó a Moscú. Vladimir Putin, que gobierna desde tierra moscovita, acaba de ser el anfitrión del Grupo de los 20 en San Petersburgo. Esta vez la ciudad fue una puerta por donde entraron los problemas irresueltos del mundo, entre ellos la crisis financiera y la catástrofe siria.

El documento final que habla de “guaridas fiscales” en referencia a los paraísos y alegró a la presidenta argentina tiene una raíz en los problemas de los países más desarrollados.

“En los últimos doce meses se fueron de Italia a Luxemburgo 140 mil millones de euros para atesorar dinero fuera de Italia en protección para un eventual derrumbe”, explica el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central bajo Néstor y Cristina Kirchner. “Los grandes contribuyentes dejan de serlo en los países donde antes residían, lo cual genera grandes problemas en la recaudación tributaria de los países desarrollados como Alemania y los Estados Unidos”, afirma Bocco.

¿Por qué dentro del G-20 los países desarrollados comenzaron dándole un alto perfil al debate sobre los paraísos fiscales en 2009, bajaron luego el perfil del tema y volvieron a elevarlo en los últimos meses?

“Los paraísos fiscales son el patio trasero del sistema financiero”, dice el diputado nacional por el Frente para la Victoria Eric Calcagno, quien ofrece un dato para entender la magnitud del fenómeno que los expertos llaman “financierización”: “Hace 30 años por un 1 punto de producción había un punto de stock financiero. Hoy por cada punto hay 3,6 de stock”. Los paraísos fiscales quedan articulados con la práctica de los fondos buitre, que según Bocco son estudios de abogados especialistas en comprar títulos de deuda a bajo precio en medio de las crisis para especular con una suba futura.

“Los fondos buitre representan un poder financiero marginal al sistema capitalista”, dice Calcagno. Pero no tan marginal: “Hacen una parte del trabajo más sucio y al mismo tiempo conspiran contra la estabilidad de todo el sistema”.

Para Bocco, paraísos y fondos buitre se relacionan con el lavado de dinero, “porque en el paraíso fiscal se hace residente el grueso de los grandes evasores y el gran dinero de la corrupción”.

El economista sostiene que dentro del G-20 la resistencia al desmonte de los paraísos fiscales está encabezada por Gran Bretaña, que “ejerce una protección sobre los lugares de libre tránsito y sin regulaciones transparentes”. Pero a los países desarrollados cada vez les cuesta más equilibrar las cuentas fiscales, y eso explicaría que cíclicamente la tensión con la existencia de los paraísos aumente.

En parte la baja de recaudación ocurre por la utilización de fideicomisos de existencia discreta alojados en un paraíso. “Con frecuencia un fideicomiso alojado en un paraíso administra los bienes de una familia de fortuna que vive de sus beneficios y no tributa todo lo posible en el país donde reside”, ilustra Bocco.

El ex director del BCRA recomienda seguir con atención un dato que juega en este contexto mundial: quién piloteará la Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos. Una candidatura es la de la actual vicepresidenta, Janet Yellen. Otra es la de Larry Summers, que fue el poderoso consejero de Bill Clinton para las cuestiones financieras.

La desigualdad

En un artículo publicado el viernes en The New York Times el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió que trabajó con ambos y antes que a Summers prefiere a Yellen.

“Como autoridad del Departamento del Tesoro durante la administración Clinton, el señor Summers apoyó la desregulación de los bancos, incluyendo el rechazo a la ley Glass-Steagall, lo cual fue clave en la crisis financiera de los Estados Unidos”, dice el texto de Stiglitz. Al abundar sobre Summers escribió el Nobel que cuando Summers fue secretario del Tesoro entre 1999 y 2001 su gran “logro”, entre comillas, fue garantizar que los derivativos, es decir los productos no controlados del sistema financiero, “no fueran regulados, una decisión que ayudó a la explosión de los mercados financieros”.

Según Stiglitz, la desregulación es una de las causas de la desigualdad por cuatro motivos:

– De acuerdo con cómo se las maneje, las crisis son creadoras de desigualdad y pobreza. En la última crisis, los ingresos medios cayeron un 40 por ciento, muchísimos trabajadores perdieron su empleo y la sociedad sufrió el recorte de servicios públicos. En cambio el uno por ciento más rico “disfruta los resultados de la recuperación”.

– La desregulación contribuyó a la financierización de la economía.

– La desigualdad se ve reforzada “por las prácticas abusivas del sector financiero, que prospera a costa de los norteamericanos comunes, a través de préstamos predatorios, manipulación de mercados, abuso con las tarjetas de crédito y aprovechamiento del monopolio del sistema de pagos”. Frente a eso la Fed no usó su enorme poder, que sí utilizó “para fortalecer los balances bancarios a expensas de los ciudadanos comunes”.

– Además de lo que hizo mal, el sector financiero continúa sin hacer cosas como facilitar créditos para las pequeñas y medianas empresas.

Otro Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió ayer que cuando a punto de cumplirse cinco años de la crisis de Lehman Brothers, símbolo de la actual gran caída, la administración Obama protagonizó “un gran fracaso”. Krugman lo atribuye al énfasis en la austeridad y no en la creación de empleo y la preservación de los hogares frente al remate masivo.

El dilema sirio

En este tablero fue que sesionó la última cumbre del G-20 en la que la Argentina y Brasil elevaron su protesta contra los paraísos fiscales y la desregulación financiera que aún gobierna el mundo. En el caso argentino no hubo una cumbre bilateral entre Cristina Fernández de Kirchner y Barack Obama. La Presidenta, por otra parte, eligió personalizar críticas en el colega norteamericano. En el caso brasileño, la revelación de que la Agencia Nacional de Seguridad espió en 2012 a la propia Dilma Rousseff y a sus consejeros sí generó una entrevista a solas. Dilma anunció públicamente el viernes que Obama le había prometido una explicación. También condicionó su programada visita de Estado a Washington a la respuesta, que debería llegarle de aquí al viernes.

Es el mismo período en que el presidente de los Estados Unidos anunciará su decisión final sobre Siria, donde ya hay 90 mil muertos y dos millones de desplazados dentro y fuera del territorio.

“Todo el mundo está a la espera del anuncio de Obama y hoy hay una probabilidad de un 85 o 90 por ciento en el sentido de un ataque sobre Siria en los próximos dos o tres meses”, opina Khatchik Derghougassian, experto de la Universidad de San Andrés.

Una duda es si Obama insistirá o no en su nueva estrategia de convencer al Congreso antes de lanzar un ataque, al parecer una medida necesaria frente al rechazo de 6 de cada 10 norteamericanas, cifra muy alta en un país que ya no tiene conscripción.

“Quiere lograr una mínima ‘legitimidad’”, dice Derghougassian. “Tomar esta decisión le será difícil. No tomarla también porque ya dio su palabra.”

Samantha Power, la flamante embajadora en las Naciones Unidas, reforzó en los últimos días su argumentación ante sectores progresistas.

El viernes dijo en el Center for American Progress que ante la denunciada utilización de ataques con gas venenoso y la parálisis del Consejo de Seguridad por la divergencia entre Washington y Moscú, “no hay un Plan B sin riesgos”. Su Plan A, como sucedió ante la crisis libia, es la intervención militar. “El gobierno debe tomar la responsabilidad por los riesgos y las consecuencias potenciales de su acción”, dicho lo cual prefirió dejar sin detalle alguno la exposición de esos efectos eventuales mientras se concentraba en publicitar la necesidad de una intervención militar inmediata.

La Argentina había votado contra las violaciones a los derechos humanos en Siria en el marco de las Naciones Unidas pero se opone a una acción militar como casi toda América latina.

“Solamente México, Colombia y Chile guardaron distancia y silencio”, dice el analista venezolano Modesto Emilio Guerrero. El resto condenó una invasión o una intervención militar. “Nunca tiene razón para invadir, pero en el caso de Siria tampoco puede sostener lo que dice. El gobierno ruso informa que el gas usado que se encontró tiene olor. Si tiene olor no es militar. Si no, es del gobierno sirio. ¿Y ahora? La Liga Arabe no apoya la intervención militar. La oposición al gobierno sirio está fragmentada y los dilemas son muchos ¿Los Estados Unidos quieren construir un régimen con Al Qaida dentro?”

Derghougassian subraya que “ya hubo un intento para una conferencia internacional, pero las partes no están de acuerdo, lo cual es un problema porque no hay una oposición unida sino varios grupos y los más extremistas no quieren saber nada de llegar a un acuerdo”.

Agrega el experto: “La oposición política del Ejército Libre Sirio, en cambio, quiere modificar el régimen baasista. Mientras, a los islamistas los apoyan Turquía, Arabia Saudita y Qatar. Cada país tiene su propio juego. Arabia lo hace para fisurar la alianza entre Siria e Irán. Turquía encontró en las revueltas árabes la oportunidad de presentarse como una potencia regional”.

El cuadro es complejo y hay grandes actores internacionales tratando de influir. Tal como se informa aparte, el papa Francisco fue ayer el principal. Entretanto, en el Senado norteamericano avanza una propuesta de los legisladores Joe Manchi y Heidi Heitkamp según la cual se le podría pedir al presidente Ba-shar al Assad que Siria firme la Convención sobre Armas Químicas y adopte pasos concretos para cumplirlo en 45 días. Pasado ese tiempo, los Estados Unidos quedarían con las manos libres.

Fuente: Página 12, 08.09.13

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Un G-20 que está en otro mundo

LO QUE CAMBIO EN LAS CONCLUSIONES DE LOS ENCUENTROS A LO LARGO DE CINCO AÑOS

Comparando los documentos finales y las prioridades que se fijaban entre las mayores economías del mundo, se pueden ver los cambios: ya no se exige flexibilización laboral y acomodar los capitales especulativos ya no es signo de “madurez”. Las nuevas pautas y los problemas que perduran.

Por David Cufré *

Después de ocho cumbres del G-20 a lo largo de cinco años, las conclusiones de la reunión de presidentes que terminó anteayer en esta ciudad muestran que algunos de los conceptos que guiaron la economía internacional por más de dos décadas se encuentran en debate. En el documento ya no figura como objetivo prioritario para los países emergentes alcanzar el investment grade (grado de inversión) que asignan las calificadoras de riesgo para atraer capitales financieros, condición básica para “crecer” señalada años atrás. Lograr esa meta implicaba dar todo tipo de beneficios a las inversiones especulativas. También salió del manual básico del economista serio postular la flexibilización laboral como requisito para la generación de empleos. La intervención del Estado en la economía dejó de ser estigmatizada y, por el contrario, ahora se reconocen los riesgos de la desregulación financiera y del autogobierno de los mercados. El texto que firmaron los mandatarios refleja un proceso en evolución más que dar por hecho que otras ideas han sido establecidas en lugar de aquéllas. De hecho, varios de los países firmantes sostienen aspectos centrales de la lógica ortodoxa en su gestión de la economía. Pero el hecho de que el mundo esté padeciendo “la crisis más profunda y prolongada de la historia moderna”, como dice el punto tres de la declaración, puso bajo revisión unas cuantas verdades.

La evaluación del Gobierno argentino de lo que se discutió en San Petersburgo fue “muy positiva”. “Hemos hecho progresos muy importantes respecto de otros G-20”, destacó Cristina Fernández de Kirchner, quien recordó a modo de ejemplo cuando en 2009 tuvo que amenazar junto a Lula da Silva con negarse a firmar esa declaración en Londres para que se excluyera una recomendación de avanzar con la flexibilización laboral. De aquel momento a estos días se incluyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo de consulta permanente del G-20 y se sumó a los ministros de Trabajo a las sesiones de debate. El punto dos de las conclusiones de la cumbre, sobre un total de 114, dice lo siguiente: “Afianzar el crecimiento y crear empleos está al tope de nuestras prioridades”. El punto seis vuelve sobre el tema: “Estamos unidos en el desafío de mejorar la calidad y la productividad de los empleos. Y en particular en resolver la desocupación y la subocupación de las personas jóvenes”.

Después de las consideraciones generales que aparecen en la primera parte de la declaración, el documento se divide en capítulos. El primero está referido a una evaluación de la economía internacional y los desafíos para garantizar el crecimiento, y el segundo lleva como título “Crecer a través de empleos de calidad”. Es decir, el énfasis está puesto –al menos desde lo discursivo– en aspectos que antes eran secundarios, o si se quiere subsidiarios de otras metas que supuestamente llevarían a la mejora de la calidad de vida de las mayorías. Los resultados a la vista del default sociolaboral que produjo esa lógica explica el cambio de diagnóstico. También el hecho de que la crisis esta vez estalló en los países centrales, mientras que cuando los que caían eran los emergentes, el FMI y sus gobiernos mandantes insistían en darles a los enfermos el mismo tratamiento que los había llevado al hospital.

El G-20 también empezó a reconocer esta vez que los esquemas económicos que dependen del financiamiento externo y de la llegada de capitales a los países para crecer se están convirtiendo en una amenaza. “Hay una disminución del crecimiento en economías de mercado emergentes, reflejo en algunos casos de la volatilidad de los capitales, de condiciones financieras más ajustadas y de la volatilidad en los precios de los commodities, así como por desafíos estructurales domésticos”, reconoce. Es lo que está ocurriendo en varios países de América latina, incluido Brasil, que con una política monetaria de tasas altas para controlar la inflación atrajo grandes flujos de divisas durante años, pero ahora que Estados Unidos avisa que está por terminar su etapa de estímulos monetarios internos, los capitales se trasladan otra vez a la gran plaza financiera. La consecuencia es una devaluación rápida del real y la creación de un clima de incertidumbre que impacta sobre el nivel de actividad. En rigor, hace dos años que el crecimiento del país vecino apenas si levanta del suelo y este año está ocurriendo lo mismo.

La advertencia del G-20 llega en un momento justo para la Argentina, dado que estos días se debate si el país tiene que volver a buscar financiamiento internacional. Instaló la discusión el candidato Sergio Massa el mes pasado, cuando dijo en una conferencia ante empresarios que sería conveniente aprovechar el crédito barato que ofrecen los mercados de capitales. El G-20 dio una señal de alarma sobre esa estrategia. La propia experiencia argentina suma más motivos para dudar sobre su conveniencia.

El cambio de lógica gradual que exhibe el G-20 quedó expresado en otras dos sentencias del documento final. Una de ellas se refiere a lo que hasta ahora se denominaban paraísos fiscales. “Debemos incrementar nuestra cooperación en contra de los delitos fiscales, advirtiendo sobre los riesgos que generan las guaridas fiscales”, enfatiza. Cristina Kirchner fue la que más celebró, dado que hace tiempo viene batallando para condenar la existencia de las “guaridas fiscales”, incluso ajustando la forma de mencionarlas. De todos modos, como advirtió la propia Presidenta, el G-20 se queda ahí, no da pasos concretos para combatir esos lugares de refugio de evasores y lavadores de dinero. Estados Unidos e Inglaterra son los menos interesados en hacerlo, ya que detrás de esas guaridas se encuentra una porción de sus sectores financieros, que hacen grandes diferencias con esas plazas exóticas.

La segunda afirmación del G-20 es que se requiere profundizar la regulación de los mercados financieros. “Nuestro trabajo en este sentido ha avanzado de manera sustancial, pero la tarea no está completa”, reconoce. “Promovemos regulaciones financieras para reducir el riesgo moral y el riesgo sistémico” de un sistema financiero mal estructurado, indica. En ese sentido, reitera que se necesita reformar el funcionamiento de las calificadoras de riesgo. Esas agencias se habían convertido en el pasado en quienes juzgaban la salud económica de los países, utilizando como parámetros todos los postulados ortodoxos que ahora aparecen en revisión. Sin embargo, al igual que con las guaridas fiscales, el G-20 no define plazos ni mecanismos para cambiar esas agencias. En la Argentina, la nueva ley del mercado de capitales les asigna el derecho de operar como calificadoras a las universidades nacionales.

En otro aspecto, el G-20 no cambia el discurso en relación con el pasado. Sigue diciendo que los países deben comprometerse a mantener sus economías abiertas al comercio internacional, cuando en la práctica Estados Unidos y Europa no lo hacen, pero trasladan esa exigencia a los emergentes. Es un tema que todavía se deberá seguir debatiendo, en un contexto de transformación que el propio grupo admite que no terminó.

* Desde San Petersburgo

Fuente: Página 12, 08.09.13

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J Taiana

“La Ciudad merece una mejor administración”

El ex canciller planteó que “hay que reconciliar” a los porteños “con el proyecto nacional que está transformando el país”. Abogó “por una ciudad más inclusiva”.

Por Santiago Rodríguez

La rutina diaria de Jorge Taiana cambió abruptamente en cuestión de horas. De participar como “un militante más” en la campaña kirchnerista, el ex canciller pasó a ser el primer candidato a legislador local y se convirtió así en uno de sus protagonistas. “El Frente para la Victoria expresa los mejores y más legítimos intereses de la mayoría de los porteños”, declaró a Página/12 ayer, en un alto de la sesión de fotos que le hicieron para ilustrar los afiches que estos días empezarán a verse en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Además, criticó la gestión macrista y advirtió sobre la disparidad de visiones de los integrantes de Unen. Mañana hará su primera aparición como candidato junto a la presidenta Cristina Fernández en una visita a la Villa 31.

–¿El adversario a vencer en la Ciudad es el PRO o Unen?

–Nosotros tenemos que ganarles a todos porque creemos que el Frente para la Victoria tiene una visión de cambio a nivel nacional, pero también una propuesta para la Ciudad superior a la de Macri y la de Unen, que tampoco sabemos bien qué proponen porque tienen todos visiones muy distintas.

–¿Por qué el peronismo y el Frente para la Victoria nunca terminan de hacer pie en la Ciudad?

–Históricamente la Ciudad nunca se ha inclinado por el peronismo y tiene, además, una tradición de tener una posición diferenciada del país. Sin embargo, creo que la mayoría de los porteños tiene una vocación solidaria y una perspectiva progresista, por eso hay un trabajo importante que hacer para reconciliar a esa mayoría de porteños con el proyecto nacional y popular que está transformando el país.

–¿Cómo se reconcilia a esa mayoría?

–Dialogando, conversando y aunando voluntades. A nivel nacional tenemos realizaciones para mostrar y la Ciudad merece una mejor administración y una mejor calidad de vida. Buenos Aires tiene un producto bruto y un ingreso per cápita propio de una ciudad desarrollada y, sin embargo, no tiene ni servicios ni una calidad de vida similares a los de una ciudad desarrollada; faltan obras, hay atraso en infraestructura y la Ciudad no es amistosa para sus habitantes.

–¿Qué lectura hace del resultado de las primarias en la Ciudad?

–Las primarias son un anticipo. Hay muchos porteños con disposición de votar al Frente para la Victoria a los que debemos persuadir.

–¿Qué debería hacer el Frente para la Victoria para consolidar el voto del 11 de agosto y mejorar su desempeño?

–Hay que redoblar la voluntad militante de todos los que apoyamos al Frente para la Victoria y llegar a todos los rincones, hablar con todos. En el cierre de listas se vio un ambiente de entusiasmo y ese entusiasmo hay que volcarlo a la calle y acompañarlo con una actitud de diálogo. Tenemos que escuchar lo que dicen los porteños sobre sus problemas y las dificultades de su vida cotidiana.

–¿Qué ejes se plantea para la campaña?

–Hemos estado conversando con Juan Cabandié y con Daniel Filmus. Ellos han venido trabajando y se trata de hacer una campaña que se acerque más a la gente, no de aparatos ni sólo dirigida a la propia fuerza.

–¿Tenía expectativas de ser candidato a legislador porteño?

–En realidad no, pero surgió la posibilidad y me pareció que era mi contribución militante. Es un momento político importante para el Frente para la Victoria. Es un desafío interesante sumar votos para tener más voces del Frente para la Victoria en la Legislatura y para aportar a las listas de diputados y de senadores.

–En el cierre de las listas nacionales se habló de cierto disgusto del Movimiento Evita. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

–Todos los cierres de listas tienen sus cosas. No creo que haya que volver sobre eso. Ahora estamos trabajando en esto y lo que tenemos por delante es un desafío distinto.

–¿Por qué sería necesaria una mayoría kirchnerista en la Legislatura?

–Porque el Frente para la Victoria expresa los mejores y más legítimos intereses de la mayoría de los porteños. Cuanto mejor representados estemos, mejor podremos incidir para tener una ciudad que no se conciba, como ahora con la gestión de Macri, aislada del ámbito metropolitano; una ciudad que sea más inclusiva y no expulsora y excluyente como ahora.

–¿Por qué alguien que quisiera apoyar el proyecto nacional debería votar la lista que usted encabeza en lugar de la de Alternativa Popular, que también lleva a los candidatos del kirchnerismo para el Congreso nacional?

–La lista que encabezo tiene un fuerte anclaje en ese proceso, expresa el núcleo peronista del mismo, que ha venido trabajando desde el principio de este proceso o incluso de antes.

–¿Le resta chances a la lista de legisladores del Frente para la Victoria que haya una colectora encabezada por Pablo Ferreyra?

–No. Lo que estamos tratando de demostrar es que la vocación frentista del peronismo se mantiene intacta. Estamos mostrando una sensibilidad para recoger distintas experiencias y tratar de expresarlas.

–¿Pensó alguna vez en la posibilidad de candidatearse a jefe de Gobierno?

–Siempre he tenido compromiso con los asuntos de la Ciudad; nací y he vivido años en la Ciudad y conozco bastante de sus problemas. En el 2015 va a haber un debate sobre la Jefatura de Gobierno y el objetivo político es que el Frente para la Victoria esté en condiciones de hacer una propuesta que pueda ser ganadora.

Fuente: Página 12, 08.09.13

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