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EL NUEVO MANDATO PRESIDENCIAL DE CFK

Y LA GRAVE CRISIS MUNDIAL

La segunda

Cristina comenzó ayer su segundo mandato presidencial, para el que fue electa por el mayor porcentaje de votos y la mayor diferencia con el resto, en todas las elecciones de la democracia instituida en 1983. Asumió en medio de una grave crisis internacional que empeora cada día. La defensa de los avances realizados desde 2003 será el eje de su gobierno, acechado por situaciones estructurales y presiones internacionales.

 
Por Horacio Verbitsky

La Presidente CFK inició ayer su segundo mandato en una situación internacional cuya gravedad es imposible exagerar, con Europa ciñéndose el cinturón alemán de castidad presupuestaria y Estados Unidos a los sacudones por el tironeo entre el Presidente demócrata y el Congreso republicano. El acuerdo firmado en Bruselas bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional redujo de 3 a 0,5 por ciento el déficit presupuestario estructural admisible y reclamó que cada país le asigne rango constitucional, sometió a los países con déficit a la supervisión de la Comisión y del Consejo Europeo y suprimió la regla del consenso por otra de mayoría de 85 por ciento de los votos para adoptar decisiones de urgencia. Es decir, dos, tres, muchas Grecias, con el conocido círculo vicioso de ajuste, recesión y crisis social, de impredecibles consecuencias políticas. Esto tendrá repercusiones atenuadas pero nunca insignificantes sobre los principales socios comerciales de la Argentina, en Asia y Sudamérica, cuyos remezones se sentirán aquí, como ya ocurrió en 2009. El desafío, renovado y acrecido ahora, es la defensa de la producción y el empleo, con medidas contracíclicas que preserven el mercado interno. No será una novedad, porque eso es lo que hicieron los dos gobiernos kirchneristas con consecuencias apreciables y en ese sentido apuntan las designaciones anunciadas por Cristina, que muestran continuidad política y rejuvenecimiento del personal. Juan Manuel Abal Medina, de 43 años, es el jefe de gabinete más joven desde que se creó el cargo, y Hernán Lorenzino, con 39, sólo fue superado entre los ministros de Economía por el malogrado Martín Lousteau. La complementación de Lorenzino con el viceministro Axel Kicillof repite el esquema que antes compusieron Amado Boudou y Roberto Feletti. Estas designaciones sintonizan con el acceso al Congreso Nacional y las legislaturas provinciales de militantes juveniles dispuestos a cruzar el puente entre generaciones tendido por Cristina. A ello hay que sumar la confirmación de Julio De Vido, Mercedes Marcó del Pont, Carlos Tomada, Débora Giorgi, Diego Bossio y Guillermo Moreno, para apreciar que no hay motivos para esperar cambios de fondo. El desendeudamiento, la acumulación de reservas, la intervención en el mercado cambiario y la regulación de los flujos de capitales de corto plazo, redundaron en una recuperación de soberanía y permitieron que la Argentina fuera el único país de América Latina que a partir de 2003 redujo la participación de productos primarios en sus exportaciones y aumentó la de manufacturas industriales. Desde la ruptura de la convertibilidad el complejo agroalimentario se expandió a una tasa anual acumulativa del 5,1% mientras el conjunto de la economía creció el 8,5% anual. Este crecimiento fue liderado por la industria manufacturera que creció a un 9,4% anual y dentro de ella las ramas que no pertenecen al complejo agroalimentario el 10,8%. Esto permitió reducir en forma drástica la desocupación y mejorar en forma significativa la participación de los trabajadores en el ingreso.

¿Freno a la soja?

El Plan Estratégico Agroalimentario, que Cristina describe con la consigna de industrializar la ruralidad, se propone acercarse antes de finalizar la década a 160 millones de toneladas de granos anuales con exportaciones por 100 mil millones de dólares que, por vía de una estructura impositiva en la cual las retenciones introdujeron un salto de progresividad, permitirán seguir atendiendo a los sectores más vulnerables. El Plan contempla una disminución relativa del peso de la soja, cuya producción debería crecer apenas un 32 por ciento, y un incremento del girasol, arroz y maíz, entre 120 y 130 por ciento, y del trigo en casi un 200 por ciento. Según distintas estimaciones esto implicaría agregar entre 8 y 18 millones de hectáreas al área sembrada, que hoy es de 34. La pregunta crucial es cómo hacerlo sin avanzar sobre ecosistemas vitales, con consecuencias políticas, sociales y de derechos humanos, como el reciente asesinato de Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. La Argentina no es original en este aspecto: el gobierno de Brasil está en conflicto con las distintas etnias asentadas en torno del río Xingú por la construcción de Belo Monte, la tercera represa hidroeléctrica del mundo, que anegará sus tierras; el chileno, con las comunidades mapuches del sur que quemaron bosques para oponerse al avance sobre sus tierras de la forestación con fines industriales; el de Perú, con sus campesinos e indígenas que rechazan el emprendimiento aurífero de Conga. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar frenando la obra de Belo Monte, Dilma Rousseff la desobedeció, siguió adelante con esa inversión próxima a los cinco mil millones de dólares, retiró su embajador de la OEA y la candidatura para integrar la CIDH del ex ministro de Derechos Humanos de Lula, Paulo Vanucchi. La CIDH modificó su resolución para permitir que siguiera la construcción de ese proyecto que Dilma inició como ministra de Energía y Minas, pero hasta ahora el gobierno no ha modificado su dura posición. Hasta el presente, Chile sigue aplicando a mapuches y pehuenches la legislación antiterrorista de Pinochet, con sus reformas posteriores, y el nuevo presidente peruano Ollanta Humala ha utilizado a la policía antiterrorista para detener a los dirigentes campesinos opuestos al proyecto minero de Yanacocha/Newmont.

Cuestión de derechos

Los sucesivos gobiernos electos en la Argentina a partir de 2003 han hecho un culto del respeto por los derechos humanos. El proyecto de ley antiterrorista que el Poder Ejecutivo incluyó en su convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso por exigencia del G1 y del Grupo de Acción Financiero, GAFI, duplicaría la pena para cualquier delito contenido en el Código Penal si se cometiera con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En su definición de terrorismo el GAFI dice más o menos lo mismo, pero sólo “en una situación de conflicto armado”. Al desaparecer esa condición el proyecto argentino se expande mucho más allá. Sus considerandos mencionan en forma explícita la presión externa cuando señalan que es preciso adecuar la normativa nacional “a las transformaciones registradas a nivel global” y a “los más elevados estándares internacionales”. Al explicar en qué consistiría esa adecuación, el proyecto señala que se requiere “habilitar competencias y términos de cooperación e intercambio entre Estados”. El texto aclara que el agravante que duplicaría la pena sólo se aplicaría a “actos de terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales” y que esto excluye “de cualquier intención criminalizante los hechos de protesta social”, que están dirigidos a “reclamar por derechos individuales o colectivos”. Añaden que aun cuando esos reclamos transgredieran la ley penal, “no dejarían de constituir el ejercicio de un derecho constitucional”. La categórica conclusión es que “en ningún caso la persecución y sanción del terrorismo pueden amparar la violación a los Derechos Humanos”. Lo reitera el artículo 3 del proyecto al afirmar que se duplicará la pena “siempre y cuando no se trate del ejercicio de un derecho constitucional”.

La voz del interior

La salvedad es bienvenida pero no alcanza a disipar los justificados temores que suscita el proyecto. Las convenciones internacionales son imprecisas en su definición de terrorismo y Estados Unidos ha adoptado por lo menos tres distintas y contradictorias: su “Estrategia de Seguridad Interna”, su “Estrategia Nacional para el Combate del Terrorismo” y la sección 802 de la “Ley Patriótica”. A esta confusión, incompatible con los requisitos primordiales del derecho penal, se suman ahora los conceptos abiertos e imprecisos del proyecto, que permitirían utilizar el agravante de terrorismo a la resistencia a desalojos, cortes de vías de circulación o meros actos de protesta en el espacio público. La pena prevista para una usurpación pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, con el riesgo de la prisión efectiva. Casos como el de Ferreyra en Santiago, la ocupación de tierras de Ledesma en Jujuy o las comunidades wichí de Salta y qom de Formosa, prueban que ni todos los gobiernos provinciales, ni mucho menos los actores privados con intereses económicos en la ocupación de tierras campesinas o indígenas comparten la preocupación del kirchnerismo de no reprimir las protestas sociales. El caso del cacique qom Félix Díaz, perseguido ahora por la Justicia en razón de la resistencia que su etnia opuso a un ataque violento en el que murió uno de sus miembros, ejemplifica este riesgo. La amplitud e imprecisión de los términos consagraría una inconstitucional inversión de la carga de la prueba. Serían los líderes sociales quienes deberían demostrar que sus actos no procuran obligar a las autoridades a “realizar un acto o abstenerse de hacerlo” o aterrorizar a la población.

Las viejas nuevas amenazas

Hace ya una década que la Junta Interamericana de Defensa, controlada por el Comando Sur, definió entre lo que llama “nuevas amenazas” al terrorismo, cuyas motivaciones irían desde el “fundamentalismo religioso” hasta los “reclamos de determinados grupos sociales”, las drogas ilícitas, la degradación del medio ambiente, la corrupción, el HIV/Sida, la denominada “Violencia Ciudadana” y la criminalidad, que “amenazan el orden público, social y político”. Otros problemas mencionados fueron el aumento de la pobreza extrema, el creciente nacionalismo indígena y el desempleo. Frente a este cuadro, la JID ofreció aportes que recrean en toda la línea la vetusta Doctrina de la Seguridad Nacional. En la Argentina el discurso de las “nuevas amenazas” fue introducido por los ministros de la Alianza y del interinato presidencial del senador Eduardo Duhalde, Ricardo López Murphy y Horacio Jaunarena. Cuando presidió la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Jaunarena incluyó en su agenda los cortes de rutas y lo que llamó “indisciplina social”, la interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas. El sábado 3, al hablar ante la asamblea de Carta Abierta, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, reconoció que estas reformas obedecen a la presión internacional y que de no aceptarlas, la Argentina corría el riesgo de ser excluida del GAFI y del G20. La decisión presidencial fue permanecer, “por la utilidad de estar en el G20”, donde Cristina pudo desactivar “la política que intentaba la baja de los precios de los commodities como la soja”. Pero quedarse en el G20 implica “cumplir con los estándares fijados”. Por eso, hace ya dos años, la presidente tomó la decisión política de modificar la legislación que fuera necesaria, dijo Sbatella. En 2004 pude debatir en el programa de televisión “Oppenheimer presenta”, que se transmite desde Miami para toda América Latina, con quienes eran jefe del Comando Sur y viceministro del Pentágono para América Latina, el general James T. Hill y Roger Pardo Maurer. Ambos agitaron el fantasma del populismo radical en América Latina e intentaron confundirlo con el terrorismo, el narcotráfico, la criminalidad organizada, el lavado de dinero y las pandillas urbanas, que “amenazan la seguridad de los Estados Unidos”. Les pregunté qué estaba haciendo el Ejército de Estados Unidos dentro de Estados Unidos frente a esos problemas. Pardo Maurer enfureció. Dijo que era una pregunta tendenciosa, porque Estados Unidos tenía “un sistema legal muy establecido”, donde las Fuerzas Armadas, la policía y la Justicia tiene roles bien definidos, a diferencia de América Latina. Esta respuesta sería más difícil de sostener hoy, cuando el Capitolio está a punto de aprobar dentro de la ley que autoriza los gastos de Defensa una sección presentada en forma conjunta por los senadores Carl Levin, demócrata, y John McCain, republicano, que permitiría que todos los acusados de terrorismo, aun norteamericanos y dentro de Estados Unidos, fueran encarcelados por tiempo indefinido en prisiones militares, sin juicio alguno. En una votación preliminar obtuvieron 61 de los 100 votos del Senado. Glenn Greenwald, defensor de causas civiles y constitucionales y autor de dos bestsellers sobre el gobierno de George W. Bush, escribió que “para nuestra clase política y para el sector privado que la posee”, la interminable Guerra contra el Terrorismo “ es una adicción: no el medio para un fin sino un fin en sí misma”. Para Greenwald, lo peor es que esta ley no hará más que codificar lo que el gobierno ya está haciendo. Como anunció el Senador Lindsey Graham: “Si un ciudadano norteamericano traiciona a su país, no tendrá un abogado que lo defienda”, lo cual implica violar el artículo III, sección 3 de la Constitución. En este contexto mundial, las implicaciones del proyecto de ley argentino, que tiene estado parlamentario desde octubre, son tan graves que es poco recomendable su tratamiento de apuro en sesiones extraordinarias, sin posibilidad de convocar a juristas y representantes de organizaciones de la sociedad civil que tengan algo para decir.

SUBNOTAS
Fuente: Página 12, 11.12.11 – Imagen: Leandro Teysseire
 
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EL IMPACTO DE LA SUBA DE PRECIOS

Luces y sombras de la inflación *

¿Es bueno que la inflación sea baja o nula? ¿Por qué se aceleró el ajuste de precios en los últimos años? ¿Cómo incidió en esa suba el rechazo a las retenciones móviles contempladas en la Resolución 125? Los analistas ensayan una respuesta a los interrogantes.

Oportunidades perdidas

 Por Alan Cibils

Economista de la UNGS.

El problema de la inflación es complejo y multicausal, y genera debates acalorados entre economistas. Estos debates se basan en distintos supuestos sobre el funcionamiento de la economía capitalista. El tema va más allá de lo meramente teórico o académico, ya que los supuestos determinan, en gran medida, las recomendaciones de política económica y sus consecuencias. Resulta de interés, entonces, exponer los supuestos de las distintas teorías para poder evaluar con mayor facilidad la relevancia de las propuestas de política económica que se derivan de estas teorías.

Los economistas ortodoxos suponen que los mercados de bienes y servicios son competitivos (o sea, no monopólicos ni oligopólicos). Adicionalmente, suponen que la economía tiende naturalmente a un “equilibrio” en el que hay pleno empleo de la fuerza de trabajo y de los medios de producción. En una economía con estas características, si hubiese inflación sería debido a un exceso de demanda. O sea, una economía que funciona con pleno uso de la capacidad instalada, responde a un incremento en la demanda aumentando los precios. Ante esta situación, la solución ortodoxa de corto plazo es inducir una recesión para enfriar la demanda y, consecuentemente, la inflación.

Sin embargo, la inflación tiene otro aspecto que preocupa a la ortodoxia y al establishment financiero: la inflación redistribuye ingresos de prestamistas a prestatarios y distorsiona los valores de activos financieros. Por lo tanto, el objetivo excluyente de la política macroeconómica ortodoxa es el mantenimiento de la inflación en los niveles más bajos posibles, aun si fuese necesario inducir una recesión y elevar el desempleo. Las políticas preferidas de los ortodoxos son las que el FMI promueve desde hace décadas: reducción del gasto público, flotación libre para el tipo de cambio y una política monetaria de metas de inflación.

Los economistas heterodoxos basan su análisis en la realidad y no en lo que piensan que la realidad debería ser. De este modo, los mercados no son perfectamente competitivos sino que hay sectores oligopólicos y/o monopólicos. Adicionalmente, y especialmente en países periféricos como la Argentina, las economías generalmente no funcionan con plena utilización de la capacidad instalada ni de la fuerza de trabajo. En este contexto, la inflación puede tener múltiples causas: puja distributiva, movimientos del tipo de cambio, cambios en la estructura de demanda, sectores concentrados con capacidad de fijar precios y tasa de ganancia, etc. Las recomendaciones de política varían, necesariamente, según sea la causa.

Los estudios empíricos tampoco convalidan la hipótesis ortodoxa de que la inflación, cuanto más baja, mejor. En general, estos estudios encuentran que tasas de inflación moderadas (hasta el 20 por ciento), no tienen un impacto negativo sobre la actividad económica. Adicionalmente, el costo de bajar la inflación de un nivel moderado a un nivel bajo es considerablemente más alto que el costo de la inflación moderada. Es más, según George Akerlof, Premio Nobel de Economía, existe una tasa óptima de inflación y ésta es mayor a cero. El economista Palley, panelista en las últimas Jornadas Monetarias del Banco Central, postula que hay una tasa de inflación mayor a cero para la cual el desempleo es mínimo. En resumen, la evidencia empírica y teórica en contra del postulado ortodoxo de baja o nula inflación es abrumadora.

A pesar de esto, cuando en 2007 la tasa de inflación en Argentina comenzó a subir, el Gobierno no utilizó la oportunidad para enterrar al discurso ortodoxo, desaprovechando una oportunidad única de cambiar los términos del debate público sobre la inflación. En vez, optó por la peor de las alternativas: mantener el discurso ortodoxo (“no hay inflación, sólo hay reacomodamiento de precios”) y falsear las estadísticas sobre la inflación y otras vinculadas para que éstas reflejasen esa realidad (documentado en el “Informe técnico de la Universidad de Buenos Aires sobre el Indec”, publicado en el 2010, y por el mismo Fondo Monetario Internacional en 2011), dejándonos sin herramientas oficiales de diagnóstico.

No es tarde para admitir el error y cambiar el curso. El discurso en torno de la inflación debe reflejar lo que la realidad indica: la inflación en niveles moderados no es el fin del mundo. Y, para su correcto diagnóstico, hacen falta estadísticas confiables y certeras. Con herramientas de diagnóstico verosímiles y un discurso realista podremos discernir las causas de la inflación y qué hacer al respecto.

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El voto “no positivo”

  Por Andrés Asiain

Profesor de la FCE-UBA.

El buen desempeño de la economía argentina en los últimos años constituye un importante capital político del oficialismo. Frente a ese panorama, los principales candidatos de la oposición aseguran que mantendrán lo central del modelo vigente, pero solucionando algunos problemas económicos que la presente administración no ha logrado resolver. El más mencionado, sin lugar a dudas, es la inflación.

Distintas recetas se plantean para ello, pero todas ellas confluyen en moderar el crecimiento de la demanda como elemento central. Desde su perspectiva, los aumentos de precios que se registran en la economía argentina se deben a que la demanda está siendo sobreestimulada por la combinación de un fuerte incremento de la demanda externa, del consumo privado y del gasto público. De los tres elementos mencionados, por razones políticas más que técnicas, concentran su preocupación en el gasto público. Es que de esa manera, es el Gobierno con su política de gasto el responsable de sobre expandir la demanda y, de esa manera, es también el responsable de la inflación.

Sin embargo, el responsable de los aumentos de precios no es el oficialismo. Recientemente, publique los resultados de una extensa investigación sobre las causas de la inflación argentina en el Observatorio de la Economía Latinoamericana, dependiente de la Universidad de Málaga, España. La publicación se titula: “La Responsabilidad de la Inflación en Argentina es de Julio Cobos”, y paso a explicar por qué ello es así. Si se observa la evolución de los precios de los diferentes bienes y servicios es fácil notar que, a lo largo del período en que se acelera la inflación, los items que más aumentan son los alimentos. Y no hay que indagar demasiado para hallar las causas del encarecimiento de la comida. Desde mediados del 2006, el precio internacional de las materias primas y, por su intermedio, el de los alimentos, se ha incrementado violentamente. Y sus repercusiones han sido, también, violentas. En México se desató una revuelta popular que se conoció como la “rebelión de la tortilla”, por haberse desatado al aumentar de precio la tortilla cuya base es el maíz que importaban de Estados Unidos a precios internacionales.

Si bien nuestro país produce alimentos para cerca de 400 millones de personas y los exporta a un gran número de países, el impacto local del alza del precio de las materias primas es similar al que se produce en los países importadores de alimentos. La mayor cotización internacional de la soja, el maíz y el trigo, genera mayores ganancias por su exportación de manera que también incrementa el precio que debe pagar el comprador local que compite con el consumidor extranjero. Además, la mayor rentabilidad de la producción de soja se traslada al valor de la tierra y el coste de arrendarla. El valor de la hectárea pasó de 6000 a 15.000 dólares en la zona núcleo en los últimos cinco años. Y así se reduce o se desplaza a tierras marginales la ganadería y otras producciones menos rentables que la soja, con el consiguiente incremento en el precio de la carne, las frutas o las verduras.

La actual administración intentó contener este proceso mediante la aplicación de las retenciones móviles, que ajustaban el nivel de las retenciones a la exportación absorbiendo el aumento del precio internacional de las materias primas. De esta manera se moderaba el incremento de la rentabilidad de la exportación de granos y el consiguiente incremento en el precio interno de los alimentos. Pero esta medida generó la protesta de empresarios agropecuarios fuertemente publicitada por los medios de comunicación enfrentados al Gobierno. Fue ese escenario mediático el que utilizó el vicepresidente Julio Cobos para promocionarse como político opositor al pronunciar su voto “no positivo”. Las consecuencias de aquella conducta oportunista fue el incremento del precio interno de los alimentos, que exacerbó las pujas sectoriales por la distribución del ingreso e hizo ingresar a la economía argentina en una etapa de inflación de dos dígitos que perdura hasta el presente.

Frente a este panorama, varios candidatos de la oposición proponen reducir las retenciones y devaluar el peso. ¿Qué puede esperarse si se aplica dicho plan? En la mencionada investigación he simulado cuál sería el impacto de la aplicación de tales medidas, y el resultado previsible es: un fuerte salto inflacionario de dramáticas consecuencias económicas y sociales.

 

* Producción: Tomás Lukin

Fuente: Página 12, 08.08.11

 

 

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EN OTRO 12 DE OCTUBRE, UN INFORME REVELA COMO EL MODELO AGROPECUARIO AVANZA SOBRE LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

 Por Darío Aranda

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.

Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.

La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).

El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.

Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.

La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.

Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.

Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Fuente: Página 12, 12.10.10

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Soja, ambiente, intereses

Por Mempo Giardinelli

En las últimas cuatro semanas recibí decenas, quizá centenares de mails a propósito del intercambio con Gustavo Grobocopatel.

Me han escrito altos directivos de la Sociedad Rural Argentina, socios de la Federación Agraria, ingenieros agrónomos de la pampa santafesina y la bonaerense, productores de Rafaela y Reconquista, de General Villegas y Córdoba, de Pergamino y Santiago del Estero, de Formosa y de Salta, productores arroceros de La Leonesa en mi provincia, así como del interior de Corrientes, e incluso de Rio Grande do Sul, en Brasil.

Fue una lluvia impresionante de mensajes a favor o en contra de la producción extensiva de soja. Los que firman son científicos del Conicet; genetistas de por lo menos cuatro universidades nacionales; colectivos de productores; campesinos desplazados; economistas del Plan Fénix y de otras instituciones económicas, culturales y agrarias de medio país; filósofos, escritores, lectores de este diario y etc., etc. Salvo un par de idiotas ofuscados, la inmensa mayoría de los mails fueron de tono respetuoso, tolerante y aportador de información en favor o en contra de lo expresado en mis notas. Fue un ejercicio hermoso pero tan masivo que, por eso mismo, me veo impedido de responder a uno por uno.

Lo que sí me queda es la sensación clarísima de que involuntariamente he destapado una caja de Pandora. Y no me parece mal si la discusión de los males o bienes emergentes le sirve a la nación, pero yo aquí paro. Prefiero no seguir polemizando con quienes, en general, me dicen –y siguen diciendo– que estoy equivocado o mal informado, pero sin rebatir mis argumentos. Que acaso no son gran cosa, pero sí son firmes y los sintetizo por última vez:

a) la soja transgénica es peligrosa hasta tanto no se demuestre lo contrario y no debería permitirse en la Argentina (como lo hacen casi todos los países productores);

b) el glifosato, si bien parece que es menos peligroso que el viejo DDT, no por eso es inocente y menos si está bañando la friolera de 22 millones de hectáreas de territorio nacional.

En mi primera nota hablé de “daños colaterales” y la verdad es que los sigo viendo. Donde había bosques naturales no los hay más. Decenas de miles de campesinos fueron y son forzados a abandonar sus tierras para engrosar villas miseria, no hay emprendimiento privado que los contenga y lo que hace el Estado no alcanza. Cada vez veo más escuelas rurales semivacías, y cómo se reclutan chicos para banderilleros de aviones fumigadores. El año pasado se conoció el caso de San Jorge, Santa Fe, donde además he escuchado testimonios de primera mano. Ahora me llega un mail que informa que a comienzos de septiembre “un equipo de pulverización terrestre se aprestaba a pulverizar los cultivos de soja ubicados en el predio que linda, calle de por medio, con la Escuela del Lote 7, en Colonias Unidas, Chaco. Los vecinos del lugar, que en años anteriores fueron testigos de estas prácticas y que advierten serios problemas de salud en sus niños, impidieron que esta vez se lleve a cabo la aplicación apostándose frente al equipo pulverizador evitando que pueda seguir circulando”, luego de lo cual hicieron la denuncia solicitando que no se “fumigue” más en cercanías de la escuela ni de sus hogares.

Y en la web leo, al cierre, que si hoy en la Argentina se obtienen 30 kilos de miel por colmena, hace 20 años se obtenían hasta 80 kilos en la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. El cambio obedece básicamente a que en lugar de pasturas para alimentar vacas lecheras, ahora se siembra soja. La producción argentina en la cosecha 2008/2009 fue de 57 mil toneladas, de las cuales se exportó el 95 por ciento. Pero se producían 100 mil toneladas hace 10 años.

Estos también son daños colaterales de una producción que aunque deja divisas al país, no se ha demostrado que no es peligrosa, y además está descontrolada.

Quisiera que se entienda este artículo como una respuesta cordial a cada uno/una de quienes me escribieron. Seguramente hay muchos/as argentinos que saben mucho más que yo de este asunto. Lo mío es la literatura, es cierto, pero también me incumbe como ciudadano el cuidado de un país que tenía una tierra que pensábamos bendita y los acuíferos más impolutos del mundo. Hoy sabemos que eso ya no es así, que la soja transgénica y el glifosato son parte del problema (y no de la solución) y que nadie puede probar lo contrario.

Están muy bien el desarrollo, los emprendimientos y los intereses empresarios que benefician al país. Ganamos todos. Pero cuando el rumbo del de-sarrollo es decidido por el interés de unos pocos, que además pueden hacer que las decisiones políticas se subordinen a ellos, los que perdemos también somos todos.

Hacen falta controles estatales firmes y vigorosos, y legislaciones fuertemente preservacionistas, tanto para la soja y el glifosato como para la represa del Ayuí o la gravísima cuestión de los glaciares, hoy en manos de empresas mineras y gobernadores como el señor Gioja de San Juan y otros que parecen no ver más allá de sus narices. O de sus bolsillos, quién sabe.

Es claro que hay que distinguir conductas y grados de sensibilidad, porque no todos son lo mismo, ni en la soja ni en ninguna otra actividad. Pero también es cierto que el medio ambiente es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de quienes suelen tener más intereses que conciencia social.

Fuente: Página 12, 26.09.10

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LA FERTILIDAD DEL SUELO AGRICOLA ES UN PATRIMONIO COLECTIVO

“El campo somos todos”

Por Enrique M. Martínez *

Vuelve a plantearse la discusión sobre las retenciones de la soja y demás granos. Esta vez desde la apetecida situación para algunos, que imaginan conseguir la soñada transferencia de ingresos que llegará por reducción del tributo. Creo que nos estamos equivocando fiero al poner el foco en la forma de distribuir la renta actual del muy buen negocio agrario.

La soja sigue siendo la alternativa más rentable, aún con los niveles de retención vigentes. Esto no solo tiene su origen en los precios del producto, sino también en el bajo costo de labores y de fertilización. Sin embargo, esto último no es a consecuencia de que no necesita buen suelo, sino que no se puede fertilizar con nitrógeno sintético, porque es contraproducente. La soja retira mucho nitrógeno en el grano cosechado, del cual la mitad lo fija del aire y la otra mitad lo retira del que estaba incorporado al suelo. Por lo tanto, el efecto neto del cultivo de soja es que inexorablemente disminuye el contenido de nitrógeno en el suelo. Empobrece el suelo.

Si la ecuación económica señala que siempre la soja es lo más conveniente y se instala el monocultivo en un campo, éste pierde materia orgánica, pierde fertilidad acumulativamente a lo largo de los años. La solución para esto es únicamente rotar con otro cultivo como trigo o maíz a los cuales se fertilice con nitrógeno y dejen un excedente en el suelo para que luego lo use la soja. O rotar con ganadería.

¿Por qué tanto detalle? Porque lo que quiero mostrar es que si se reducen todas las retenciones en la forma que se propone, se producirá una transferencia de recursos hacia los que ya están ganando, y eso es todo. Si se mantiene la ventaja económica de la soja, el problema persistirá. Los 12.000 grandes productores pampeanos que dominan la actividad sojera tendrán mucho más pan hoy; pero a través de la caída sistemática de la fertilidad global, todos tendremos más hambre mañana.

La mirada debe ser totalmente distinta. La fertilidad del suelo agrícola argentino debe ser considerada patrimonio colectivo. De ella depende la producción global, que aunque sea administrada por actores privados, aporta de manera relevante a la comunidad a través de los impuestos. Todo lo que la mantenga o mejore, bienvenido. Lo contrario, evitado. Lo contrario, es esencialmente el monocultivo. Solo una ley de uso racional del suelo agrícola, que establezca un estricto menú de rotaciones posibles y permitidas, puede evitar el deterioro de la fertilidad.

La aplicación de este concepto obligaría a los productores, cualquiera sea su dimensión, a planificar su negocio en función de rentabilidades promedio entre los diversos granos y la ganadería, sin poder correr hacia el negocio ganador de hoy, que –reitero– nos convierte en los perdedores del mañana. A todos. Porque en el país con mayor superficie arable por habitante del mundo, el campo somos todos

* Presidente del INTI

Fuente: Página 12 – Cash, 08.08.10

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