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CARTA ABIERTA/10

Por una tierra sin condenados

En medio de las grandes esperanzas, sucede nuevamente el penoso acontecer de la sangre derramada. El asesinato de Cristian Ferreyra es un hecho de inconmensurable gravedad. Afecta nuestras vidas no sólo porque nuestras vidas son de por sí afectadas por una memoria bien conocida, sino porque en cada una de estas muertes inocentes surge a bocanadas el signo de una historia irresuelta e injusta.

Son muertes inocentes no porque en estos luchadores no haya alguna vez un hierro candente en la mano o un puño que se cierre sobre una piedra. Son inocentes porque son muertes que nos siguen diciendo que una porción enorme de la historia argentina, ni siquiera en esta época propicia, consigue tener un balance templado y equitativo. Esta época no ha sido esquiva en generar justas reparaciones. Por el contrario, sus políticas tienen el signo de una cabal apuesta por la ampliación de la igualdad. Por ello mismo, debe ser propicia para mencionar estos hechos que le son extraños o anómalos.

Ferreyra es un nombre que surge de un anonimato tranquilizador, pero es el nombre de las cosas referidas al hierro, que de repente nos recuerda que somos mortales, seres precarios, que sólo tenemos nuestra muerte para representar toda una época entera con un fogonazo inesperado. Vivimos en ese sentido, todavía, en una época de hierro o con disyuntivas de hierro. Ferreyra, que era un militante de un movimiento social de autodefensa campesina, representa una larga historia.

Es una historia que remonta por lo menos al siglo XVII, donde las comunidades indígenas cuyos nombres nos son vagamente familiares o desconocidos –cacanes, calchaquíes, ologastas, lules, vilelas, capayanes, famaifiles, fiambalás, colozacanes, andalgalás, quilmes, pacciocas-, podían entrar en guerra entre sí, aliarse de diversas maneras a los españoles o protagonizar sangrientos levantamientos que el ejército de los colonos españoles reprimía con saña, pero no sin esfuerzo. Es así que en 1632  el cacique Chemilyin pone sitio a ciudades importantes de La Rioja desviando el curso vital de los ríos, y pone cerco a la ciudad de Londres, llamada así en homenaje a la esposa de Felipe II, que era inglesa. Son historias lejanas, que se hablan con nombres extraños y pronunciados en otros idiomas.

Pero el secreto de la historia, es que siempre es lejana hasta que un hecho de sangre acerca todo un material que parecía perdido para alimentar una acostumbrada brutalidad, que es milenaria y es también de nuestros días. Cristián Ferreyra habla de las modernas luchas por la tierra y habla también de luchas muy antiguas. No es necesario que imaginemos un pasado pulcro e incontaminado. La guerra y la violencia imperaban entre etnias cercanas, que podían unirse con el español o aliarse contra él. Por eso, sin una noción de lejanía indiscernible y heterogeneidad sorprendente no nos podremos hacer cargo de esa historia. Y debemos hacernos cargo hoy en un sentido reivindicativo respecto a la justa tenencia de las tierras campesinas, el respeto de los bosques y la crítica a una expansión agraria a fuego y escopeta.

Sabemos que esa historia llega hasta nosotros, pero no llega de cualquier manera, sino a través de muchos cortes, disoluciones y desvíos. Llega a través de un hilo frágil e impuro, porque no es una historia de purezas ni de identidades contundentes. Pero llega de una forma dramática cuando ocurre un asesinato, y vuelven nombres que los siglos parecían haber acallado. Son campesinos que tienen su tierra amenazada. Son los campesinos en los que resta aún un filamento étnico muy antiguo. Surge el nombre de la etnia lule, vinculada ahora al moderno problema de las tierras. Son nombres que reaparecen cuando actúan el capanga, la policía rural dominada por las peores lógicas de los empresarios, pequeños o grandes de la tierra, vinculados a una irresponsable clase política; son nombres de pueblos y de lenguas muchas veces extinguidas, o con pobres vestigios que llegaron hasta nosotros, como los sanavirones, los tonicotes, los diaguitas, que en muchos casos conocían rudimentos de metalurgia, como parte de la gran civilización del maíz y del zapallo, del algarrobo y del chañar.

Algunas de ellas son palabras legadas por estas culturas, otras provienen del nombre que le sobrepuso el idioma que hablamos a otros idiomas que se han perdido, pero vuelven a tocar nuestras puertas con un mensaje inequívoco, donde pueblos antiguos que se llamaban de modos que hoy ya no son audibles, vuelven por lo suyo bajo una denominación genérica que estamos en condiciones de comprender muy bien. Porque es el pueblo argentino, hecho de la fusión de miles de otros pueblos, y que se elige ahora con ese nombre también para señalar que la expresión pueblo argentino, entre tantas otras significaciones, es un resumen de tareas pendientes, reformas sociales profundas, esperanzas en una nueva sociedad.

Tiene que ser en esta época y no en una próxima estación nebulosa e indeterminada, que se solucione el problema de tierras en la Argentina y que se consideren los planes agroalimentarios no como sinónimo de desbaratamiento de los montes sino de soberanía alimentaria. Es un problema multisecular, que queda en penumbras hasta que un asesinato lo ilumina. Del mismo modo, el asesinato de Mariano Ferreyra iluminó como una chispa al costado de las vías, la realidad oscura de la tercerización. La superposición de nombres es casual, la acumulación histórica de los problemas no lo es.

En ciertos aspectos, muchas comunidades campesinas del país son ahora contemporáneas de los encomenderos, de la mita y del yanaconazgo. Pero también son contemporáneas de las grandes utopías arcaicas, como el regreso al ayllu, a la Nación Calchaquí o el Reino de los Quilmes, que forman parte de un lenguaje posible pero quizás reacio a ver las grandes herencias de injusticia reparadas a la luz de los que les debe ahora la nación moderna. No obstante, hay que decir que la expansión de la frontera sojera no es sólo una forma de la economía sino también puede ser en estos casos la expansión de la propiedad por la sangre.

La avidez de un capitalismo depredador, la irresponsabilidad de inescrupulosos empresarios que siquiera son grandes propietarios, vive su medioevo de conquista con esbirros que eligen el camino del victimario porque saben que ellos son también víctimas potenciales. El gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la Bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escala, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica, nuevo padrenuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otra época, pero tiñendo de una agria tintura este momento histórico que aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarlo.

Cada vez que recibimos noticias infaustas, como la muerte de un miembro de la etnia Quom, de las muertes del Parque Indoamericano o las que corresponden al Ingenio Ledesma, parecen hojas lejanas de periódicos escritos por un alucinado que equivocó la periodicidad histórica. Pero no, son hechos que oscurecen nuestro presente, este mismo presente promisorio, con una lógica única e implacable: son una estructura de procedimientos insociales. Corresponden a una epistemología completa de negocios que mantiene cerrado el acceso democrático y posible a la tierra tanto rural como urbana, que comienza con genéricos intereses que podrán hablar de “sociedad del conocimiento” o “biocombustibles” mientras una disputa por 17 hectáreas de una empresa que posee 160 mil, causa tres muertes. Recordemos aquella ocasión: murieron dos ocupantes de tierras, uno de ellos apellidado Farfán y un policía, también Farfán, sin parentesco con el anterior. Hay una doble certeza aquí. Primero, la insensibilidad de los nuevos y grandes negocios que han tomado a la vieja industria de la caña de azúcar, que es un caso que tiene diferencias con la soja, pero muchas semejanzas, generando un capitalismo que fabrica combustibles con lo que anteriormente se producían materias primas alimenticias, que en el aspecto de las relaciones laborales reitera muchas conductas de la época de Patrón Costas. Y segundo, que las luchas por la tierra, tan viejas como la historia de la humanidad, enfrenta a pobladores con policías patronales, en escaramuzas lamentablemente muy frecuentes, donde mueren los hijos de la tierra, extrañados de ella ya sea porque son expulsados por los sicarios de la nueva renta agraria en complicidad con jueces o mandos policiales y políticos, o porque deben vestir el uniforme de los que son enviados a la primera fila de la represión. De allí que los más viejos apellidos de la historia de estas tierras puedan llegar a matarse entre sí, como parte de una oscura astucia de la razón capitalista.

Debe darse fin a esta situación con una nueva ley de tierras ecuánime y democrática, que las mida con los teodolitos de la justicia social, esos mismos teodolitos que empleó el ingeniero Raúl Sacalabrini Ortiz y más atrás en el tiempo, el ingeniero Germán Ave Lallemant, ingenieros sociales y medidores de tierras al servicio de los pueblos. Una ley que frene la especulación, reconozca los derechos de los antiguos pobladores y cree una nueva conciencia colectiva respecto a una productividad que se equilibre con la naturaleza y no que la deprede sistemáticamente. No es aceptable que crímenes que ya asumen un carácter serial, no tengan adecuado tratamiento por el hecho de que en su ramificación ostensible, afecten a miembros de las clases políticas que mientras juegan con ademanes clientelistas, con una prestidigitación complementaria, protegen los grandes o medianos negocios con las brigadas policiales que deberían cuidar el usufructo equitativo de la tierra.

Ya muchas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, como el Cels, el Movimiento Evita y La Cámpora se han pronunciado. Las muertes que puntúan este período político, más dolorosas porque son en éste y no en otro, son alusiones de sangre a problemas irresueltos de la misma estructura histórica de este pedazo universal de tierra que llamamos Argentina. Algunos son problemas recientes, como los que provinieron del desguace ferroviario y la conversión en vidas precarias de miles de trabajadores que comenzaron a llamarse precarizados. La Argentina no puede ser un país que fabrique vidas precarias mientras habla de nuevas posibilidades tecnológicas.

Otros problemas tienen una complejidad propia de la escena que sabemos interpretar y festejar como propia de un horizonte nuevo. Los dilemas entre la gestión de Aerolíneas, que apoyamos, y la acción de estamentos laborales cristalizados, es un tipo de conflicto nuevo que debe contar también con nuevas definiciones. El ámbito que afirma y acoge hoy a millones de esperanzas en el cambio debe llevar a una sociedad más justa y despojada de sus viejas ataduras de coerción, que también tiene su correlato en toda clase de trabazones mentales.

No es fácil darle nombre al tipo de sociedad que queremos, y ciertamente, ese nombre nuevo aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la conciencia de miles y miles de personas, y en el interior de un gran autodescubrimiento colectivo. Por el momento, tenemos que pensar que cada uno de estos conflictos dirige nuestra atención a cuestiones urgentes: a darle facultad soberana territorial a los movimientos sociales que expresan viejas reivindicaciones campesinas, alargando la mirada sobre los problemas de subsistencia de poblaciones enteras cuando la lógica del agronegocio no tiene contenciones; y por otro lado, a crear un horizonte político que con más sabiduría pueda intervenir en conflictos como el de Aerolíneas, donde viejas fuerzas reaccionarias siguen al acecho, esperando demostrar que una generación nueva no es apta para gestionar en altos niveles de responsabilidad política y tecnológica. Pero esa capacidad ya ha sido demostrada, ahora hay que demostrar entre todos que cuando decimos que hay cosas que faltan, no sólo se trata de problemas conocidos o deducibles de lo que quedó pendiente de un trayecto anterior. Lo que falta no es un problema de restas y sumas, sino de imaginación política. Son problemas que muchas veces no tienen definición adecuada en nuestro lenguaje y que no se descubren tan magnánimamente ante nuestra supuesta destreza política. Son problemas que aparecen muchas veces, desdichadamente, bajo el rostro del asesinato social, comprimidos en los pliegues históricos mal ensamblados del país, como placas tectónicas que se desacomodan y que apenas nos dejan ver un hecho de sangre, que significa mucho más que la crónica policial con la que muchos intentan encubrirlo.

Al principio de la esperanza no lo asegura ninguna ley ni está escrito con marcas de hierro por la historia. Vive apenas en la imaginación colectiva y es frágil, aunque cuando se reconoce en millones tiene la fuerza de un llamado. A partir de allí comienza la política, dándole a la gestión y a las tecnologías las virtudes de un frente social novedoso que las recubra con los contenidos de eticidad de las democracias avanzadas, y si estas definiciones sirven, será para poder pensar e inscribir en nuestra esperanza de cambio, tanto a la defensa de la empresa pública de aeronavegación como a los condenados de la tierra.             

21 de noviembre de 2011

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EN OTRO 12 DE OCTUBRE, UN INFORME REVELA COMO EL MODELO AGROPECUARIO AVANZA SOBRE LA AUTONOMIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Otra Campaña del Desierto, ahora por la soja

 Por Darío Aranda

En seis provincias del Chaco argentino hay ocho millones de hectáreas en conflictos de tierras y ambientales, en gran parte por el avance de frontera agropecuaria. Están afectadas 950 mil personas, la mayoría son indígenas y campesinos.

La Campaña del Desierto fue la avanzada militar sobre los pueblos originarios del sur del país y tuvo como símbolo a Julio Argentino Roca. Menos difundida, aunque igual de cruenta, el Estado también ejecutó una campaña militar contra los pueblos indígenas del norte, llamada de dos maneras: “Conquista del Chaco” y “Campaña del Desierto Verde”. Se ejecutó entre 1884 y 1917 e implicó asesinatos masivos, trabajo esclavo, torturas y la expulsión de los pueblos indígenas de sus territorios, lo que les ocasionó perder su forma ancestral de vida y tener que vender a bajo precio su fuerza de trabajo. Un relevamiento de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) da cuenta de una nueva avanzada sobre los pueblos originarios, esta vez protagonizada por el modelo agropecuario: contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a toda la superficie de Entre Ríos o 390 veces la ciudad de Buenos Aires), y 950 mil personas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo de agropecuario, con la soja transgénica como emblema. La Redaf explica: “La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”.

“Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco argentino”, es el nombre del informe de la Redaf, integrado por un colectivo de organizaciones, académicos y técnicos de distintas disciplinas del norte del país. Identificó 259 conflictos, de los cuales procesó los datos de 164, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, este de Salta y norte de Santa Fe y Córdoba, el grueso de las provincias que conforman la región denominada Chaco argentino. Los datos precisos: 7,8 millones de hectáreas en conflicto y 948 mil personas afectadas, mayormente pueblos originarios y campesinos. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra. “Es sólo una muestra de la magnitud del problema en la región”, advierte el informe.

El grueso de los conflictos (89 por ciento) se inició a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe. En el mercado de agronegocios mundial, Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997 se cosecharon en Argentina once millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivable del país. Los pueblos originarios perjudicados por ese avance, sólo en las provincias relevadas, son el qom, pilagá, mocoví, wichí, chorotes, chulupies, tapietes, guaycurúes, lules, vilelas y tonocoté.

A pesar de leyes que protegen la posesión de tierras de familias ancestrales (Constitución nacional, Convenio 169 OIT, Ley 26.160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil) en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. En el 56 por ciento de los casos las familias han sufrido intentos de desalojo y en el 31 por ciento padecieron alambrados u ocupación de sus lotes.

Sólo en los casos de tierras se contabilizaron 97.995 personas que padecen conflictos. El 60 por ciento son indígenas (59.506), 39 por ciento criollos (37.789) y 700 personas criollas-indígenas (uno por ciento). Hay un piso, sólo en casos de tierras, de 1,7 millón de hectáreas en disputa. Con casos emblemáticos: en Salta sobresale el caso de los lotes 55 y 14, en el noreste provincial, también conocido como el caso Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra” en idioma wichí), por el nombre de la organización indígena conformada por 45 comunidades y 6000 personas.

Desde 1984, las comunidades aborígenes del Chaco salteño luchan para que el gobierno provincial les otorgue el título de propiedad de las tierras que habitan. Las comunidades quieren que sea un título comunitario, que les permita seguir viviendo como pueblos cazadores y recolectores. “El gobierno de Salta ha prometido mucho, pero ha hecho muy poco. Con aprobación del gobierno nacional, pero sin consultar a las familias, autorizó construcción de un puente internacional sobre el río Pilcomayo. También de rutas para facilitar el comercio entre los distintos países del Mercosur. Estas obras cruzan el territorio que habitan las comunidades, sin embargo ellas nunca fueron informadas sobre las consecuencias de estos proyectos”, detalla del informe.

El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en noviembre de 2006 intimó al Estado argentino para que demarque y entregue las tierras a las comunidades. En 2007, el gobierno de Salta firmó un acuerdo por el cual se comprometió a la redistribución de 643 mil hectáreas, 400 mil para aborígenes y 243 mil para los criollos. La Redaf advierte que la entrega de títulos se encuentra muy retrasada.

La Redaf también destaca el caso del Bañado la Estrella, en Formosa, donde el gobierno provincial decidió la reconstrucción de una ruta y erigió terraplenes que inundaron tierras campesinas. El informe recuerda que las familias debieron abandonar su zona de vida ancestral y perdieron animales (parte esencial de subsistencia).

El relevamiento demuestra que las víctimas del modelo agropecuario son pequeños productores. El 56 por ciento de los casos corresponde a familias con menos de 100 hectáreas. Y el 43 por ciento posee menos de 400 hectáreas. Además de la escasa cantidad de tierras, los ingenieros agrónomos de la Redaf recuerdan que 100 hectáreas en el Chaco argentino nunca tienen la misma productividad que en la Pampa húmeda. “La cantidad de tierras de que disponen las familias es escasa para desarrollar una vida digna y permitir que los jóvenes se puedan quedar a trabajar y vivir en el campo”, afirma.

Como contrapartes del conflicto, el 79 por ciento está constituida por empresas y personas físicas. Y el 16 por ciento identifica al Estado como el enemigo que disputa el territorio. El rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos.

El relevamiento destaca también el rol del Poder Judicial. Afirma que hay un retraso manifiesto de los jueces y fiscales para aplicar las leyes que protegen a campesinos e indígenas, y –cuando actúan– hay un retraso notable.

La Red Agroforestal realiza un informe permanente y dinámico de conflictos. En febrero pasado este diario informó que existían en la misma región cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas. Se trataba del conteo de 52 de casos de 120 relevados. En el transcurso del año se registraron y procesaron nuevos conflictos (164 procesados de 259 registrados), que serán difundidos en detalles y entregados el próximo 20 de octubre en Córdoba, en el marco del “Cuarto Seminario sobre tierra, agua y bosque de la región chaqueña”. La organización remarca que existen “muchos más casos” que los relevados.

Cuando se les preguntó a las familias afectadas qué querían, las respuestas fueron simples: poder trabajar y vivir en la tierra donde siempre vivieron. En la lista de exigencias figuran que se les reconozca el derecho a ser dueños de las tierras y que les devuelvan las tierras que les quitaron de manera fraudulenta.

Entre las conclusiones se destaca que los conflictos no son sólo por la tierra, sino que se trata de una disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Afirma que para los empresarios dedicados al agro y para el Estado “está en juego el aumento de ganancias y retenciones en el corto plazo, para ellos la tierra representa un bien económico necesario para producir ganancias, sin importar los costos ambientales, culturales y sociales que impliquen”.

En contraposición, destaca que para los pueblos indígenas y campesinos implica mucho más que negocios. “Se trata de una lucha por conservar una identidad, por mantener un modo de vida, de producir, de vivir y permanecer. La tierra es un bien social y no un bien económico, parte constitutiva de su cosmovisión y religiosidad”, asegura el informe: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que, aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.

Fuente: Página 12, 12.10.10

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