>Nuevo mapa del mundo

Un nuevo mapa del mundo

Por Celso Amorim

Hace siete años, cuando se hablaba de la necesidad de cambios en la geografía económica mundial o se decía que Brasil y otros países deberían desempeñar un papel más relevante en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o integrarse de modo permanente el Consejo de Seguridad de la ONU, muchos reaccionaban con escepticismo.

Desde entonces, el mundo y Brasil han cambiado a una velocidad acelerada, y algunas supuestas «verdades» del pasado se van rindiendo ante la evidencia de los hechos. Las diferencias en el ritmo de su crecimiento económico con relación a los países desarrollados han convertido a los países en vías de desarrollo en actores centrales de la economía mundial.

La mayor capacidad de articulación Sur-Sur -en la OMC, en el FMI, en la ONU y en nuevas coaliciones, como el BRIC- eleva la voz de países que antes estaban relegados a una posición secundaria. Cuanto más hablan y cooperan entre sí los países en desarrollo, más son escuchados por los ricos. La reciente crisis financiera puso de manifiesto de manera aún más evidente el hecho de que el mundo ya no puede estar gobernado por un consorcio de pocos.

Brasil ha intentado de forma osada desempeñar su papel en este nuevo escenario. Tras siete años y medio de Gobierno del presidente Lula, la visión que se tiene del país en el exterior es otra. Es innegable el peso cada vez mayor que Brasil, así como un grupo nuevo de países, tiene hoy en la discusión de los principales temas de la agenda internacional, desde el cambio climático al comercio, desde las finanzas a la paz y la seguridad. Esos países aportan una nueva forma de mirar los problemas del mundo y contribuyen a un nuevo equilibrio internacional.

En el caso de Brasil, ese cambio de percepción se debió, en primer lugar, a la transformación de la realidad económica, social y política del país. Avances en los más variados rubros, desde el equilibrio macroeconómico hasta el rescate de la deuda social, hicieron un Brasil más estable y menos injusto. Las cualidades personales y el compromiso directo del presidente Lula en temas internacionales colaboraron para llevar la contribución brasileña a los principales debates internacionales.

Brasil está desarrollando una política exterior abarcadora y proactiva. Buscamos construir coaliciones que vayan más allá de las alianzas y las relaciones tradicionales, a las que tratamos sin embargo de mantener y profundizar, como la formalización de la Relación Estratégica con la Unión Europea y del Diálogo Global con Estados Unidos.

El elocuente crecimiento de nuestras exportaciones hacia los países en desarrollo y la crea-ción de mecanismos de diálogo y concertación, como la Unasur, el G-20 en la OMC, el Foro IBAS (India, Brasil y África del Sur) y el grupo BRIC (Brasil, Rusia, India y China) reflejaron esa política exterior universalista y libre de visiones pequeñas de lo que puede y debe ser la actuación de un país con las características de Brasil.

La base de esa nueva política exterior fue la profundización de la integración sudamericana. Uno de los principales activos de que dispone Brasil en el escenario internacional es la convivencia armoniosa con sus vecinos, comenzando por la intensa relación que mantenemos con Argentina. El Gobierno del presidente Lula se ha empeñado, desde el primer día, en integrar el continente sudamericano por medio del comercio, de la infraestructura y del diálogo político.

El Acuerdo Mercosur-Comunidad Andina creó, en la práctica, una zona de libre comercio que abarca toda la América del Sur. La integración física del continente avanzó de una forma notable, incluida la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Nuestros esfuerzos para la creación de una comunidad sudamericana llevaron a la fundación de una nueva entidad: la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur).

Sobre las bases de una América del Sur más integrada, Brasil contribuyó en la creación de mecanismos de diálogo y cooperación con países de otras regiones, fundados en la percepción de que la realidad internacional ya no permite la marginalización del mundo en desarrollo. La formación del G-20 de la OMC, en la Reunión Ministerial de Cancún de 2003, marcó la madurez de los países del Sur, cambiando de forma definitiva el modelo de toma de decisión en las negociaciones comerciales.

El IBAS respondió a los anhelos de concertación entre tres grandes democracias multiétnicas y multiculturales, que tienen mucho que decir al mundo en términos de afirmación de la tolerancia y de conciliación entre el desarrollo y la democracia. Además de la concertación política y de la cooperación entre los tres países, el IBAS se convirtió en un modelo para los proyectos en pro de naciones más pobres, demostrando, en la práctica, que la solidaridad no es un atributo exclusivo de los ricos.

También lanzamos las cumbres de los países sudamericanos con los países africanos (ASA) y con los países árabes (ASPA). Construimos puentes y políticas entre regiones hasta ahora distantes unas de las otras, a despecho de sus complementariedades naturales. Esa aproximación política derivó en notables avances en las relaciones económicas. El comercio del Brasil con los países árabes se cuadruplicó en siete años. Con África se multiplicó por cinco y llegó a más de 26.000 millones de dólares, cifra esta superior a la del intercambio con socios tradicionales como Alemania y Japón.

Estas nuevas coaliciones ayudan a cambiar el mundo. En el campo económico, la sustitución del G-7 por el G-20 como principal instancia de deliberación sobre los rumbos de la producción y de las finanzas internacionales es el reconocimiento de que las decisiones sobre la economía mundial carecían de legitimidad y eficacia sin la participación de los países emergentes.

También en el terreno de la seguridad internacional, cuando Brasil y Turquía convencieron a Irán para que asumiera los compromisos previstos en la Declaración de Teherán, quedó demostrado que nuevas visiones y formas de actuar son necesarias para lidiar con temas tratados hasta entonces de forma exclusiva por los actuales miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de las resistencias iniciales a una iniciativa que nació fuera del cerrado club de las potencias nucleares, estamos seguros de que la dirección del diálogo allí señalada servirá de base para las futuras negociaciones y para la eventual solución de la cuestión.

Una buena política externa exige prudencia. Pero también exige osadía. No puede basarse en la timidez o en el complejo de inferioridad. Es común escuchar que los países deben actuar de acuerdo con sus medios, lo que es casi una obviedad. Pero el mayor error es subestimarlos.

A lo largo de estos casi ocho años, Brasil actuó con osadía y, al igual que otros países en desarrollo, cambió su lugar en el mundo. Esos países son vistos hoy, inclusive por los eventuales críticos, como actores a los que les tocan crecientes responsabilidades y un papel cada vez más central en las decisiones que afectan los destinos del planeta.

Celso Amorim es ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

Fuente : El País, 13.09.10

= = =

Read Full Post »

>Bs. As. y política nacional, por Eduardo Jozami

Macri y el dilema de Buenos Aires

Por Eduardo Jozami *

 

Antes de que los estudiantes secundarios redoblaran la ocupación de los colegios y denunciaran la falta de respuestas del gobierno, escuché declaraciones de Mauricio Macri. El jefe de Gobierno de la ciudad habló de los agitadores que encabezaban las tomas, reclamó el restablecimiento de la disciplina y no dijo nada de interés respecto de las soluciones que se le reclamaban. Me pareció una pésima respuesta que desconocía las bases reales del conflicto, mostraba la visión autoritaria que alienta toda la gestión y debía provocar una mayor reacción de los estudiantes. Tanta torpeza parecía difícil de creer, aun en un gobierno que ha dado muchas pruebas de ella. Sin embargo, no tardé en advertir que no eran pocos en Buenos Aires los que compartían esos juicios de Macri. El jefe de Gobierno hablaba para su público. En una ciudad en que cada nuevo siniestro revela la falta de controles, jaqueado no sólo por las escuchas ilegales sino por las denuncias sobre la falta de ejecución presupuestaria en salud, educación y vivienda y por el sospechoso incremento de los gastos corrientes y los ajustes de precios en obras de mantenimiento, el macrismo está lejos ya de la imagen de empresario joven, gestión eficaz y nueva política que le permitió alcanzar el 60 por ciento de los votos. Hoy sólo le queda abroquelarse en el electorado de centroderecha y en el más cerrado antikirchnerismo.

 

Desde los tiempos de Manrique en los ’70 y la UCeDé de los ’80, siempre votó por la derecha alrededor de una cuarta parte del electorado porteño. La cifra fue mayor cuando Menem sumó a los votos de Recoleta los de la zona Sur. Ni aún así pudo Cavallo ganar las elecciones en 2000, fue necesaria la debacle de la Alianza para que el joven ingeniero pudiera invocar –frente al ya anacrónico sistema político tradicional de la ciudad y la frustración del intento del Frepaso– una idea de gestión eficaz que tenía como sustento su nada irrelevante experiencia en Boca Juniors: ésta aparecía como la prueba evidente de su capacidad de gobernar y, lejos de cualquier visión elitista, lo conectaba con el sentimiento popular.

 

Macri construyó su fuerza para la elección de 2003 –superó entonces el 40 por ciento en segunda vuelta– cuando aún eran muy fuertes los ecos de diciembre de 2001. Aprovechó la crisis política para quedarse con buena parte del radicalismo y el justicialismo de la Capital –vital este último para su implantación en la Zona Sur– pero, sobre todo, se hizo intérprete de ese discurso elemental que rechazaba no sólo a los políticos corruptos sino a la política en bloque y más aún a toda idea de lo público. Al Estado que había fracasado en la protección de los ahorros, ya sólo podía pedírsele que reforzara el aparato de seguridad y facilitara la gestión de los negocios. Era la exaltación del individuo ajeno a cualquier preocupación social. Pero ese individualismo en verdad sacrificaba al individuo, ahogaba su creatividad, le negaba sentido crítico, le impedía reconocerse en la comunidad, y paradójicamente lo hacía menos diverso, como un producto homogeneizado por el discurso aplanador de los medios de comunicación. Walter Benjamin definió muy bien –escribiendo a fines de los años ’20, la época sombría en la Alemania de la gran inflación y vísperas del nazismo– a quienes actuando en función del interés personal más mezquino, eran, más que nunca, dóciles a un instinto de masa que podía llevarlos a actuar con “torpeza animal”. Recordemos, para advertir que no es arbitraria la referencia, a quienes pedían “mano dura” o reclamaban airadamente la pena de muerte respondiendo casi como un reflejo pavloviano a los estímulos de ciertos medios de comunicación.

 

Pero 2001 fue también algo distinto. La reacción contra Cavallo y De la Rúa cerró de forma concluyente el ciclo neoliberal, alentó los movimientos sociales y las formas de participación colectiva en la política. Si el discurso autoritario y simplificador tuvo continuidad en la política del macrismo, el que reclamaba nuevos horizontes para la gestión de lo económico y social y se replanteaba el sentido de la política tiene mucho que ver con el rumbo asumido por el kichnerismo desde 2003. Quizá no es en el debate sobre las formas de participación o en la búsqueda de la necesaria construcción política donde el kichnerismo tiene su principal activo, pero este gobierno pudo responder a la pregunta más angustiante formulada en diciembre de 2001: ¿para qué sirve la política si nada puede cambiar? La Argentina de los juicios a los genocidas, la ley de medios, la Asignación por Hijo, la estatización de los fondos jubilatorios o el matrimonio igualitario no se parece mucho a la anterior. El cambio no hubiera sido posible sin el reclamo consecuente de amplios sectores sociales, pero tampoco sin la voluntad política de los dos últimos gobiernos.

 

En estos días, cuando Cristina Kirchner justificó las razones que llevaban a la protesta estudiantil, los dos discursos, las dos almas de 2001, volvieron a confrontarse. Hoy seguimos peleando por el sentido de aquellos episodios, porque toda gran batalla política es también una lucha por la resignificación del pasado. No es curioso entonces, volviendo a la Ciudad de Buenos Aires, que Macri y el kichnerismo aparezcan como los grandes contendientes. Porque ambas gestiones de gobierno expresan con la mayor claridad los dos caminos, la disyuntiva en que se debate la Argentina de hoy. El macrismo no será fácilmente reemplazado porque representa bien a un electorado de centroderecha y expresa mejor que ningún otro sector la visión empresarial de la política. Y el kichnerismo está llamado a convocar en Buenos Aires al polo opositor porque nadie podría expresar mejor, en el discurso y en los hechos, la propuesta alternativa.

 

Claro está que en nuestra ciudad debe conformarse un frente que armonice situaciones bien complejas. El camino para ello no es una alianza híbrida que se distancie del gobierno nacional para favorecer todos los posibles acuerdos. Ese engendro carecería de discurso coherente y de vigencia real en la política argentina, repitiendo las peores experiencias de la Alianza. Tampoco es posible, simplemente, pensar que el gobierno nacional llame a encolumnarse a toda la oposición porteña. Alentados por el significativo giro de la opinión pública respecto del kichnerismo y el cambio de actitud de amplios sectores medios en los últimos meses, creemos que los partidarios del gobierno nacional podemos jugar un rol muy importante en la convocatoria de un acuerdo que debe basarse en la defensa de lo público. Pero ese derecho a convocar hay que ganarlo, actuando sin sectarismos y evitando los conflictos innecesarios, reproduciendo la política que llevó a reunir amplias mayorías parlamentarias en temas a los que la oposición de centroizquierda mal podía oponerse, y entendiendo también que, aunque el Frente debe incluir a todos, en la Ciudad de Buenos Aires no puede el PJ convertirse en la fuerza principal.

 

Sería prematuro, y tal vez contraproducente, empezar hoy con elucubraciones de ingeniería electoral para ver cómo puede juntarse la mayoría antimacrista. Habrá que retomar un programa para la ciudad cuyas líneas generales están en el texto constitucional de 1996 y revisar críticamente la experiencia frepasista no para excluir a alguno, sino para asegurarnos de que esta vez construiremos sobre bases más sólidas. El desarrollo de los movimientos sociales que se fortalecen con las agresiones del macrismo es un requisito necesario para echar los cimientos del frente. Respetando a quienes serán nuestros aliados y convencidos por la evidencia de que para ganarle a Macri habrá que construir un espacio muy amplio, debemos –sin embargo– redoblar nuestra prédica centrada en los grandes cambios que se han producido en el país, porque eso es en definitiva lo que permite ofrecer una alternativa electoral. Buenos Aires tendrá que optar entre convertirse en el refugio de los intereses afectados por la política kichnerista o sumarse a este proceso de transformación, aportando al proyecto nacional y también enriqueciéndolo.

 

* Director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; miembro de Carta Abierta

 

Fuente: Página 12, 13.09.10

Read Full Post »

>Integración social, por Roberto Feletti

Reformas estructurales

Por Roberto Feletti

Protección del empleo y del salario como factores de integración social. La autonomía económica como replanteo de la relación con los poderes corporativos

Es cierto, como señalan algunos analistas, que la coyuntura político-económica que viene atravesando la Argentina desde el año 2009 comparte algunos rasgos de familia con otros períodos históricos en los que se planteó un punto de inflexión. Pero quiero desarrollar aquí la existencia de una nota distintiva: el rol inédito que han cumplido los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a la hora de transformar los condicionantes económicos en oportunidades estructurales de desarrollo.

Podríamos citar períodos de nuestra historia en los que la Argentina dejó de ser lo que era para encaminarse hacia otro modelo de país, aun cuando sus efectos se dilataran en el tiempo, en especial desde el punto de vista de la percepción social. Cambios que implicaron avances o retrocesos (según el punto de vista de cada observador), pero que, indudablemente, alumbraron modificaciones de fondo y la emergencia de nuevos actores sociales que determinaron el pulso político de esa transformación. Nos referimos a los períodos 1880, 1930, 1945, 1976, 1989, 2003 y 2009.

Repasemos el primer hecho inédito que vale señalar como antecedente de la coyuntura actual: el gobierno del presidente Néstor Kirchner toma la decisión de recuperar los márgenes de maniobra de la acción estatal, en un contexto hostil para dicha batalla, el de los efectos económicos, políticos y sociales, todavía muy presentes, del estallido de los años 2001 y 2002.

Durante ese período de gobierno, y contra todos los pronósticos fatalistas -recordemos que algunos medios de comunicación le auguraban a Néstor Kirchner sólo un año de gobierno-, la Argentina vuelve a ser un espacio de realización económica (y no de asimilación pasiva a los mercados mundiales de bienes o de capitales), donde el Estado reconstruye su autoridad para decidir autónomamente sobre la política económica, apoyada en los superávit fiscal y externo, en el desendeudamiento del sector público y en la inédita acumulación de reservas internacionales en el Banco Central. El recupero de la autonomía en la gestión económica, en un mundo globalizado, volátil y en crisis, volvió a situar al Estado como articulador y organizador de la multiplicidad de intereses que hacen a la vida en sociedad.

Quiero referirme entonces al segundo hecho inédito, esta vez ligado al rol que asumió el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de cara a la modificación estructural del año 2009.

El año 2009 mostró la convergencia de factores internos y externos, entre los que se destacan la feroz crisis internacional, la epidemia virtual de la Gripe A -con impacto negativo sobre los recursos provenientes del turismo invernal-, la sequía que redujo a un tercio la cosecha, en relación a la del 2010, y, finalmente, un comicio legislativo en el que la campaña de la oposición fue llevada adelante por los principales medios periodísticos de la Argentina.

Una máxima autóctona recitaba que ningún gobierno estaba en condiciones de soportar un contexto signado por una crisis externa, una mala cosecha y un retroceso parlamentario. Esta lógica se rompe a la luz de las decisiones del Poder Ejecutivo para consolidar la modificación estructural de la economía, implementada en el lustro previo.

La decisión política apuntó a impedir que la volatilidad de los mercados internacionales golpeara sobre el empleo y el salario de los argentinos, produciendo un cambio de rumbo en el destino histórico del ciclo de crecimientos efímeros y crisis recurrentes. La consolidación de una situación fiscal robusta, a lo largo de los años previos, permitió desarrollar una política fiscal fuertemente expansiva, por encima de los límites que la propia crisis planteaba.

El Gobierno dobló la apuesta para sostener el consumo interno, colocando dinero en los bolsillos de los ciudadanos. El impulso directo de la demanda interna marcó una diferencia sustancial en el tratamiento de la crisis por parte de los países desarrollados, con relación a los países en desarrollo: en el primer caso, fue el sistema financiero, particularmente los bancos, el que ha sido favorecido por la intervención estatal. En cambio, las economías en ascenso, incluida la nuestra, optaron por sus mercados internos. Estas opciones de política económica se han expresado en la rápida recuperación de estas últimas y en el estancamiento de las primeras.

En el dispositivo macroeconómico de la Argentina, la política fiscal fue la herramienta decisiva para impulsar este cambio de rumbo. Pero, al carácter estructural del cambio, se le otorga la sustentabilidad de dicha política fiscal. Este esquema permitió consolidar, en el marco de la crisis internacional, la mayor presencia del sector público en la economía argentina, ubicándolo en niveles similares a los de los países de-sarrollados. En efecto, la participación del sector público en el PBI, pasó de un 27 por ciento (con tendencia decreciente hace una década atrás), hasta alcanzar el cuarenta por ciento en la actualidad.

Y éste es el segundo aspecto del cambio estructural que se verifica en la Argentina, donde el Estado acrecienta su participación en la economía y actúa en forma sustentable como un contrapeso de los ciclos internacionales.

El impulso fiscal de 2009 marcó la decisión de expandir el gasto a una tasa de crecimiento mayor que la de los ingresos, y en 2010 las tasas de crecimiento se nivelan, producto de la recuperación de la economía, definiendo un nuevo piso para el sector público, sustentable a la vez en una mayor recaudación ligada a la bonanza económica.

La decisión de enfrentar la crisis con políticas inéditas -con relación a los últimos treinta años- también permitió incorporar nuevos elementos al devenir estructural del país. En el fragor de los debates del último verano, el Gobierno pudo introducir dos modificaciones que apuntalan la reforma estructural.

RESERVAS Y PROTECCIÓN SOCIAL

La primera de ellas fue el uso de las reservas del Banco Central para cerrar el programa financiero del 2010 y alejar todo pronóstico de default, al definir que el excedente del sector externo facilita la consolidación de la autonomía interna. Recordemos aquí que la independencia absoluta del Banco Central (BCRA) fue un ícono del neoliberalismo, destinado a garantizar la apropiación de divisas y fuga de capitales, por parte de los sectores más concentrados. De hecho, el gobierno de Fernando de la Rúa duró el tiempo que los sectores dominantes necesitaron del tipo de cambio fijo, para fugar veinte mil millones de dólares de reservas del BCRA, antes del crack devaluatorio.

El uso de las reservas del Banco Central para desendeudar al país se apoya en el convencimiento de que las reservas internacionales sirven a una política económica autónoma. De hecho, la acumulación de reservas se ha incrementado después de haberlas usado para pagos externos.

El segundo cambio decisivo fue el giro en el tipo de protección social, desde las pensiones contributivas -dependientes de ser un asalariado formal- a la masividad de las pensiones no contributivas a cargo de los recursos públicos, con independencia de la situación laboral del beneficiario. Históricamente, los beneficios sociales dependían en nuestro país de la situación de empleo y salario del beneficiario, por lo que las tasas altas y prolongadas de desempleo durante los noventa condenaron a la miseria y a la desprotección a millones de argentinos. La irrupción de la Asignación Universal por Hijo, con más de tres millones y medio de beneficiarios, definió que el Estado debe hacerse cargo de proteger la niñez y la adolescencia, con independencia de los ingresos formales o informales de su familia.

Este paso fue decisivo para la reinserción escolar de los sectores más vulnerables, y para la convicción en vastas capas de la sociedad acerca de que el Estado está presente para revertir desequilibrios sociales.

La protección del empleo y del salario como factores de integración social fue acompañada por la profundización del replanteo de la relación con los poderes concentrados y corporativos en distintas aristas: la Ley de Medios, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Reforma Política y la gratuidad televisiva del entretenimiento más popular, el fútbol, constituyen algunos de los ejemplos en esa dirección.

Este recorrido consolida la autonomía estatal frente al arbitrio de los mercados. Es necesario que la solvencia macroeconómica aunada a tasas de crecimiento -que van conformando una Argentina de desarrollo medio (con un ingreso per cápita de diez mil dólares hacia el 2011)- permitan recuperar nuestra moneda como reserva de valor y, a la vez, acelerar la reinserción laboral de los núcleos duros de la exclusión para que el país se desenvuelva con un tasa de desempleo abierto inferior al cinco por ciento.

En conclusión, las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han exhibido una gran capacidad para sumar originalidad y respeto por las características particulares de nuestros procesos históricos en la toma de decisiones. Decisiones que han perseguido crecientes grados de autonomía en materia económica, necesarios para la efectiva consolidación de la democracia argentina.

* Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación.

 Fuente: Debate, 10.09.10

 

Read Full Post »