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EE UU afirma

que las mafias italianas ayudan al terrorismo

DEA: España es un «socio sobresaliente» en las investigaciones contra el tráfico de drogas

«La Iglesia Católica debe jugar un papel más prominente y ser más locuaz contra la mafia»

Por Miguel Mora – Roma

Según los cables de Wikileaks, el FBI considera que el dinero de la droga de la ‘Ndrangheta y la Camorra financia a grupos armados en Afganistán y Colombia.- El servicio exterior elaboró en 2008 un plan para ayudar a Italia a luchar contra el crimen organizado

Los diplomáticos de Estados Unidos en Italia consideran que las tres mafias italianas, la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta y la Camorra, son «la mayor amenaza para el crecimiento económico del sur de Italia» y constituyen un peligroso y potente «sindicato del crimen» al que es preciso combatir con «más eficacia», ya que, entre otras actividades, «ayudan a grupos terroristas en Colombia y Afganistán a través del tráfico de drogas, impiden el desarrollo del sur de Italia, distorsionan los mercados, violan los derechos de artistas y compañías estadounidenses, sustentan al crimen organizado en Estados Unidos, y suponen riesgos potenciales para la salud de los miles de militares y funcionarios estadounidenses que residen en el sur de Italia». 

Según revelan los papeles secretos del Departamento de Estado filtrados a Wikileaks que ha podido examinar EL PAÍS, los diplomáticos de Washington destinados en Italia elaboraron en junio de 2008 un plan, compuesto por 12 medidas concretas, con el objetivo de que Estados Unidos se implique más a fondo en la lucha contra las mafias. 

La propuesta, firmada por el ex cónsul general en Nápoles, J. Patrick Truhn, y aprobada por las legaciones en Roma y el Vaticano, era la conclusión de un largo y demoledor informe sobre el triángulo criminal formado por la Cosa Nostra siciliana, la Camorra de Campania y la ‘Ndragheta calabresa. 

El diplomático escribía: «Debemos trabajar para convencer al nuevo Gobierno italiano de que el crimen organizado es una seria prioridad del Gobierno de EE UU, y de que los terribles costes económicos del crimen organizado son un argumento convincente para una acción inmediata». El análisis, dividido en tres partes, fue enviado a la Secretaría de Estado, la CIA, el FBI, la DEA y otros 18 organismos oficiales de EE UU en junio de 2008. 

Siete razones 

El documento 157192 daba una lista de siete razones por las que «el Gobierno de Estados Unidos puede y debe implicarse más» en la lucha antimafia. 

-El tráfico de drogas de las mafias italianas envía dinero a narcotraficantes (y por tanto, de forma indirecta a grupos terroristas) en Colombia y Afganistán, lo que afecta a la seguridad nacional estadounidense. 

-Un informe de inteligencia del FBI reveló en 2005 que «la interacción criminal entre el crimen organizado italiano y los grupos extremistas islámicos facilita a potenciales terroristas el acceso a apoyo económico y logístico de organizaciones criminales con rutas de contrabando establecidas y una fuerte presencia en Estados Unidos». En una declaración pública de 2004, el fiscal antimafia italiano, Pierluigi Vigna, señaló la conexión entre grupos de militantes islámicos y la Camorra, afirmando que había pruebas de implicaban a la Camorra en un intercambio de drogas por armas con grupos terroristas islámicos. 

-Las mercancías falsas y la piratería de productos hechos en Estados Unidos (sobre todo películas, música y software) perjudican directamente los intereses estadounidenses. 

-Los lazos entre las mafias italianas y estadounidenses refuerzan mutuamente a estos grupos. Los nexos entre la mafia siciliana Cosa Nostra y la mafia de EE UU se retrotraen a cerca de un siglo, pero la Camorra y la ‘Ndrangheta también tienen afiliados en Estados Unidos, según el FBI. 

-Los ciudadanos estadounidenses residentes (incluyendo a miles de miembros de la Marina de Estados Unidos y sus familias en Campania y Sicilia) y turistas se ven afectados por el crimen callejero, y potencialmente por la crisis de la basura en Campania (que se debe en gran parte al crimen organizado) y las descargas de residuos tóxicos en la región. 

-Empresas de Estados Unidos que querrían invertir en el sur de Italia se niegan a hacerlo porque les preocupa el crimen organizado. 

-El crimen organizado debilita a un aliado importante política, económica y socialmente. 

El mismo documento recomendaba a Washington que dedique «más recursos e intercambios de inteligencia para luchar contra la Camorra y la ‘Ndrangheta» y «para que las autoridades italianas cooperen más estrechamente con sus pares en Colombia, Albania, Turquía, Nigeria y otros lugares». 

Y proponía doce «tácticas» concretas a adoptar con efecto inmediato: 

-Admitir públicamente la magnitud del problema del crimen organizado en Italia y el apoyo del Gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos italianos por combatirla. 

-Comprometer más recursos para la cooperación judicial con Italia. 

-Favorecer una cooperación más estrecha entre los funcionarios judiciales italianos y sus contrapartes en países clave. 

-Expresar al Gobierno italiano la idea de que tiene demasiados pocos magistrados antimafia en Calabria, hogar de la organización criminal más potente del país. 

-Presionar al Gobierno italiano para que acabe con la corrupción en sus puertos. 

-Cooperar más estrechamente con el Banco Central Italiano y presionar a otros países (por ejemplo Suiza, Liechtenstein, Mónaco) para que cooperen más en la ruptura del circuito de lavado de dinero. 

-Trabajar con el Gobierno italiano para mejorar un sistema judicial estropeado. Si se quiere acabar con el crimen organizado, las sentencias deben ser más duras, las apelaciones limitadas, y el proceso judicial más eficiente. No puede ser que presos convictos acaben liberados porque los jueces fracasen al hacer el papeleo. 

-Compartir la experiencia de las instituciones penitenciarias del Gobierno de EE UU en construcción, gestión y privatización. Uno de los problemas mayores de Italia es la falta de prisiones, lo que significa que muchos acusados no son encarcelados jamás y muchos condenados son liberados mucho antes de cumplir sus penas. 

-Dar más apoyo visible a los esfuerzos de las asociaciones ciudadanas que luchan contra el crimen organizado (por ejemplo los grupos que en Sicilia lideran la rebelión pública contra la extorsión). 

-Ayudar a ampliar el conocimiento del público sobre los efectos deletéreos de las organizaciones criminales, y sobre cómo hemos tratado el problema en EE UU. 

-Lograr la asistencia de la Iglesia Católica Romana para que sea más expresiva contra el crimen organizado. 

-Animar al Gobierno italiano y a la Unión Europea para que inviertan en infraestructuras, particularmente en mejoras de la seguridad pública, en el sur de Italia, y al mismo tiempo para mejorar el seguimiento de cómo se gasta el dinero. 

«Ineficiencia de las autoridades españolas» 

En ese punto, el documento revela que al menos dos fiscales italianos se habían quejado a los enviados estadounidenses «de la ineficacia de las autoridades españolas en la lucha contra el tráfico de drogas entre los grupos criminales españoles e italianos». Tras comentar que la DEA considera a España un socio sobresaliente en las investigaciones contra el tráfico de drogas, el cónsul concluía: «El problema debe ser la pobre cooperación, más que una falta de dedicación o competencia por alguna de las partes». 

Otra sugerencia del documento es la de «trabajar estrechamente con el Banco Central Italiano y la Policía Fiscal», compartiendo «inteligencia e información para identificar a las empresas del crimen organizado y asegurarse de que sean congeladas o confiscadas». 

El cable pedía además a Washington la incorporación de las tres mafias italianas a la lista principal de la OFAC, la Oficina para el Control de Negocios de Drogas en el Exterior que elabora el Ministerio del Tesoro. La OFAC había incluido ya a la ‘Ndrangheta en su lista Tier One, que abre la puerta a sancionar a las empresas que trabajan con la organización y a sus tapaderas que lavaban dinero, pero el documento expresa la conveniencia de incluir también a la Camorra y Cosa Nostra. 

Fuente:  El País, 20.01.11 

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El Plan Honduras camina por América Latina

por Marcelo De Angelis

El golpe fallido en Ecuador, las corporaciones mediáticas, el Grupo Clarín y la Corte Suprema. ¿Es posible un Plan Honduras en Argentina?

Hablar de imperialismo puede sonar anacrónico o de barricada, pero sigue siendo el mejor significante para las relaciones de poder a nivel internacional.

EEUU es una superpotencia hegemónica, pero simplemente es la base de operaciones del poder corporativo trasnacional, que ha logrado penetrar todos los niveles de la política y de las instituciones de ese país. Controlan las FFAA, cargos de primer nivel en el Estado, la producción de armas y de petróleo, y el sistema de medios y producción cultural.

El capital financiero trasnacional ha desarrollado para sí un arma de destrucción planetaria que le garantiza la hegemonía permanente. El gran problema que no han podido resolver, simplemente porque no tiene solución, es cómo alcanzar un modelo sostenible. Su carácter depredador lo hace imposible y su fracaso va destrozando países, quebrando sus economías y arrojando a sus pueblos a la pobreza.

A su paso fue dejando la crisis asiática, el efecto Tequila y la crisis del 2001. Su onda expansiva alcanzó niveles de quiebra global, varios países del primer mundo se doblegaron, y hoy deben someterse a los dictados de los tecnócratas neoliberales del FMI y el Banco Mundial que reclaman ajuste y más ajuste.

Pero el reinado del capitalismo financiero está llegando a su fin. Está declinando inexorablemente y seguramente terminará mutando hacia otro tipo de capitalismo mundial. Sin embargo, está muy lejos de extinguirse. Para sobrevivir necesita intensificar y reafirmar la supremacía, y las nuevas corrientes de liberación nacional que se van consolidando en la región debilitan su fortaleza estratégica.

Han desarrollado nuevos protocolos para derrocar gobiernos y debilitar a las instituciones, que consisten en la cooptación financiera de sectores internos, el monopolio del poder de propaganda, el manejo hegemónico del sistema de medios, para generar la confusión de la opinión pública y el debilitamiento relativo de los gobiernos populares y transformadores.

El paso siguiente es generar un escenario de riesgo institucional, fogoneado previamente por los medios hegemónicos, los opositores políticos parlamentarios y las ONGs financiadas con fondos de la CIA. En el momento de mayor debilidad relativa se producirá el derrocamiento por la fuerza del Presidente, bajo un estricto silencio mediático.

El poder legislativo y la Corte Suprema confirmarán la legalidad el acto, siendo reemplazado por su sucesor o mediante el voto ciudadano en elecciones fraudulentas. Los partidarios del Presidente derrocado serán duramente reprimidos, incluso asesinados, bajo un estricto silencio mediático.

El intento reciente de dar un golpe de Estado en Ecuador, con el secuestro del Presidente Rafael Correa, dejando como saldo varios muertos y heridos, pero también los intentos fallidos en Venezuela y Bolivia, demuestran que se trata de un dispositivo a nivel regional.

Es el Plan Honduras.

Allí es donde se puso a prueba, y su éxito fue relativo. Es cierto que lograron derrocar al Presidente elegido por los votos populares, Mel Zelaya, instalando en su lugar primero a un dictador civil, Roberto Micheletti, y luego a Profirio Lobo, un Presidente electo de manera fraudulenta con Zelaya proscripto.

Pero se encontraron con una creación de los gobiernos populares de Sudamérica: UNASUR. Los gobiernos surgidos del golpe de Estado en Honduras quedaron deslegitimados y aislados a nivel regional, solo sostenidos por EEUU.

En todos estos casos, los medios hegemónicos tuvieron roles fundamentales. Primero, desgastando la credibilidad pública de los gobiernos y creando el clima destituyente. En los derrocamientos, silenciando la violencia e instalando una versión inventada acerca de la ida del mandatario. Y en los fracasos, el ocultamiento del acto, la tergiversación de las evidencias y la difusión de una falsa explicación.

Aquí, en Brasil y en todas partes:

En el diario Tiempo Argentino, la periodista Ana Clara Pérez Cotten cuenta que “el jueves 23, una delegación de directivos de medios ecuatorianos visitó la sede de ADEPA para –según un comunicado de la Asociación– plantear su disconformidad con un “controvertido proyecto de Ley de Comunicación que impulsa el oficialismo”. Los miembros de la comitiva también expusieron sobre “las continuas descalificaciones y agresiones verbales a medios y periodistas por parte del presidente Rafael Correa”. Sin embargo, ADEPA no emitió ningún comunicado luego de que ayer los golpistas tomaran la sede de la televisión pública en Quito.”

La periodista agrega que, mientras en Ecuador se discute un proyecto de Ley de Medios, de espíritu similar a la que votó el Congreso argentino en octubre del año pasado, “ADEPA, que militó en contra de la sanción de la norma, en las últimas horas designó como su titular a Arturo Guardiola, el director del diario mendocino Los Andes, que fue subsecretario de Educación de su provincia durante la dictadura y suele ser vocero de los intereses de Clarín y La Nación.”

Finalmente, la nota señala que los empresarios se lamentaron por “los problemas comunes” que enfrentan editores de varios países latinoamericanos “por gobiernos con rasgos autoritarios que están avasallando la libertad de expresión y de prensa” y porque “hay un claro formato de acción de gobiernos populistas y autoritarios en América Latina.”

La reunión, al igual que la expresa solidaridad de la SIP con el Grupo Clarín, pone en evidencia que las corporaciones mediáticas de la región comulgan con los mismos intereses y operan de manera articulada. Durante y después de la crisis en Ecuador, tanto los medios ecuatorianos como los argentinos se dedicaron a minimizar los hechos, a descartar que se tratase de un golpe de estado en curso, incluso a responsabilizar a Correa por la situación.

Si no se ponen en evidencia, pueden seguir operando. La rápida y unánime reacción de Unasur, identificando el problema, aislando a los golpistas y anunciando severas sanciones como el cierre de fronteras y de espacios aéreos, y la interrupción del intercambio comercial, más el total e incondicional apoyo a Rafael Correa, obligó al Departamento de Estado norteamericano a sumarse a la iniciativa sudamericana y condenar el intento de golpe.

En Brasil, el proyecto liderado por Lula está a punto de confirmar el apoyo popular a su continuidad. El domingo hay elecciones presidenciales, y se estima que la candidata del PT, Dilma Roussef, ganaría en primera vuelta.

Hastiado de las campañas sucias de los medios hegemónicos que, ante la derrota inminente, están tratando de influir en la opinión pública envolviendo a Roussef en escándalos de corrupción, Lula salió a confrontarlos denunciando que “se manejan como partidos políticos” y que “son los principales opositores”.

Un grupo de abogados y representantes de diversos sectores lanzaron en un acto público un documento con el nombre rimbombante de “Manifiesto en Defensa de la Democracia”. A pesar de ser paladines de la racionalidad y la moderación, no ahorraron adjetivos y calificaron a Lula de “fascista, caudillo, autoritario, opresor, violador de la Constitución”, y fue comparado con Benito Mussolini.

El Grupo Clarín y la Corte Suprema:

En la Argentina, Magnetto está intentando aislar a la Corte y enfrentarla con el Poder Ejecutivo. Después de su misteriosa visita al Juez Ricardo Lorenzetti, quien jamás aclaró ni los motivos ni los contenidos de la misma, hasta el momento hay una llamativa demora por parte de la Corte Suprema para emitir un dictámen sobre el recurso presentado por el Grupo Clarín para que no se aplique el artículo 161 de la Ley de Servicios Audiovisuales, el cual lo obliga a desprenderse de varias licencias y finalizar con su situación monopólica.

En julio de 2007, el abogado Pablo Llonto denunció que “varios de los integrantes de la Corte Suprema recibieron en los últimos meses atenciones, dádivas y presentes” por parte de la empresa Artear, cuya presidencia ejerce la directora y dueña del mayor porcentaje accionario, Ernestina Herrera de Noble.

La Revista Zoom publicó que “el 17 de julio, David Lanuscou, tío de Matilde Lanuscou, beba secuestrada durante la dictadura luego de un operativo en que mataron a sus padres y hermanitos, presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la que solicita la nulidad por cosa juzgada fraudulenta del fallo del 11 de julio en el que la corte acepto un pedido de los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarin.”

En el escrito, el abogado Pablo Llonto señaló que:

“Varios de los integrantes de la Corte Suprema recibieron en los últimos meses atenciones, dádivas y presentes (no debe importar montos y cuantías por más mínimas que hayan sido) por parte de la empresa ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUYA presidencia ejerce la directora y dueña del mayor porcentaje accionario, ERNESTINA HERRERA DE NOBLE, imputada en la presente causa, y ello se tradujo en la participación de los aquí nombrados en Cócteles, agasajos y fiestas y conferencias organizados por la directora de la empresa mientras duraba la tramitación del juicio y mientras los integrantes de la Corte tenían conocimiento de que el máximo tribunal de la Nación tenía a un estudio un caso en el que la imputada es investigada. Esto sucedió según el detalle que aquí se transcribe y que consta en los originales de las páginas del diario Clarín que se acompaña:

– 1.- LA MINISTRO ELENA HIGHTON DE NOLASCO, el mismo día en que se emitió luego el fallo – 11 de julio de 2007 – se hizo presente en la sede de la FUNDACION NOBLE, vinculada y manejada por ERNESTINA HERRERA DE NOBLE, y sede también de la empresa Clarín, que preside la imputada, PIEDRAS 1743, y a sabiendas de que ello era así, para intervenir en actividades coloquiales y conferencias organizadas por dicha empresa, participando además del consecuente ágape. Todo ello además exhibido sin ningún tipo de reparos por el propio diario Clarín, propiedad de la imputada, conforme publicación de ese día que se acompaña junto con este escrito.

– 2.- EL MINISTRO ENRIQUE PETRACCHI, el pasado jueves 14 de junio, aceptó una invitación de la empresa propiedad de la imputada, y a sabiendas de que ello era así, para una fiesta realizada en el palacio Duhau del barrio de la Recoleta en Capital, y concurrió así a los festejos del lanzamiento de productos comerciales, en un ágape en el que los presentes fueron agasajados y se les entregaron presentes. El agravante es que en esa fiesta estuvo presente MARCELA NOBLE HERRERA, la hoy persona mayor de edad, sobre quien existe la fuerte sospecha de que sea hija de desaparecidos y que en la presente causa se investiga SI SE TRATA DE MATILDE LANUSCOU, la sobrina de mi poderdante.

– 3.- LA MINISTRO ELENA HIGHTON DE NOLASCO, fue invitada por la empresa propiedad de la imputada y aceptó, a una charla brindada dentro de la sede de la misma y sede de las oficinas personales de la imputada ERNESTINA HERRERA DE NOBLE (Piedras 1743) , y a sabiendas de que ello era así, para hablar, nada menos que de LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, el martes 20 de septiembre de 2005, concurriendo además a un ágape exclusivo realizado en el edificio de la calle PIEDRAS 1743, donde tanto la señora de Noble como MARCELA NOBLE, quien ocupa el cargo de “adscripta a la gerencia”, poseen sus oficinas.

– 4.- EL MINISTRO RICARDO LORENZETTI, al igual que la jueza Highton, y a sabiendas de que ello era así, hizo lo mismo que lo denunciado en el punto 3, el miércoles 28 de septiembre de 2005, a las 17.30, pero para hablar en la sede de la empresa de SISTEMAS QUE ACERQUEN LA JUSTICIA A LA GENTE.

Todos estos ministros aparecieron firmando el reciente fallo del 11 de julio por el que se resuelve conceder lo peticionado por los HIJOS ADOPTIVOS EN 1976 de la imputada ERNESTINA HERRERA DE NOBLE, para que la presente causa, que ya llevaba AÑOS A ESTUDIO DE LA CORTE, sea remitida ahora a la CAMARA DE CASACION, a fin de que nuevamente estudie y resuelva si corresponde que MARCELA Y FELIPE NOBLE sean sujetos de extracción de sangre para realizarse el examen de ADN, con cruce con el BANCO DE DATOS GENETICOS, que permitan establecer si son o no alguno de los más de 400 hijos de desaparecidos apropiados salvajemente por la dictadura.”

Votos cantados:

Algunos días atrás, Joaquín Morales Solá escribió una columna de opinión en La Nación afirmando que la Corte Suprema ya cuenta con seis votos negativos hacia la aplicación del artículo 161, y que tan sólo faltaría el voto de Eugenio Zaffaroni –seguramente afirmativo- para que el máximo Tribunal se expida a favor de los intereses del Grupo Clarín. Hasta el momento la Corte no ha desmentido la información de Morales Solá.

El que habló recientemente es Lorenzetti. Lo hizo al clausurar las XX Jornadas Científicas de la Magistratura en El Calafate. En su discurso de 45 minutos ante más de 400 jueces y funcionarios judiciales de todo el país, el Supremo dijo que “respetar la libertad de expresión, aun cuando nos afecte, es importantísimo para la vida democrática” y que, según su criterio, el Poder Judicial cumple el rol de «gran estructurador de consensos».

Hasta ahora, la Corte Suprema goza de un prestigio casi unánime, y algunos fallos recientes han consolidado esa idea. Ahora se encuentra ante una decisión que marcará su verdadero carácter.

Con esta Corte Suprema, ¿sería posible un Plan Honduras en Argentina? Para que no lo sea, hay que impedir que el Grupo Clarín se apodere de ella.

Fuente: El Noticialista, 02.10.10

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